Sala IV advirtió a la Municipalidad que podrían enfrentar procedimientos penales por desobedecer las resoluciones emitidas.
La Sala Constitucional (también conocida como Sala IV) anuló por segunda vez la audiencia pública relacionada con el Plan Regulador Costero (PRC) del cantón de Talamanca, debido al incumplimiento de los requisitos legales y la violación del derecho fundamental a la consulta indígena.
La audiencia, ahora nula, se realizó el 8 de marzo del 2024 y fue dejada sin efecto por el Tribunal Constitucional en la resolución No 2024-35187 del pasado mes de noviembre.
En su fallo la Sala enfatizó en la necesidad de garantizar el derecho fundamental a la consulta indígena, conforme al Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica. Estas disposiciones destacan la obligatoriedad de involucrar de forma plena a los pueblos indígenas en decisiones que les afectan directamente, respetando su cosmovisión y estructuras tradicionales.
La medida se une a la anulación que hizo la Sala de una primera consulta realizada por la Municipalidad el 4 de agosto del 2023 e invalidada en diciembre de ese año. Esa decisión también se dio por carecer de una consulta indígena apropiada.
Posteriormente, el 10 de enero de 2024, la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Kéköldi (ADITIK) sostuvo una reunión con representantes de la Municipalidad de Talamanca, donde habrían notado una falta de compromiso del Gobierno Local en cumplir con las normas que garantizan la participación activa y efectiva de las comunidades.
Durante este encuentro, ADITIK presentó condiciones específicas para la realización de una consulta culturalmente adecuada, incluyendo la involucración de todos los habitantes del territorio y la implementación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas (Decreto Ejecutivo N° 40932-MP-MJP). Sin embargo, la Municipalidad ignoró estas solicitudes en sus posteriores propuestas y comunicaciones.
En su orden la Sala señaló que la audiencia pública realizada el 8 de marzo de 2024 no cumplió con los requisitos legales y los principios de la Consulta Indígena. Además, la Sala advirtió a Rugeli Morales Rodríguez y a Julio Molina Masís, por su orden alcalde y presidente del Concejo Municipal de Talamanca, que podrían enfrentar procedimientos administrativos y penales por desobedecer las resoluciones emitidas.
La presidenta de ADITIK, Signia Villanueva Morales, declaró que como población indígena del Territorio Keköldi, no aprueban el Plan Regulador Costero mientras no se realice una consulta adecuada que tome en cuenta las características culturales de su territorio.
Estamos dispuestos a defender nuestros derechos ante cualquier instancia, ya que el respeto a la consulta previa es fundamental para garantizar nuestro desarrollo integral y la protección de nuestra cultura, territorio, y el ambiente".
Adicionalmente declaró que están dispuestos a colaborar con las autoridades para establecer un proceso transparente y respetuoso, "que se ajuste a los principios de legalidad, buena fe y respeto a los derechos de los pueblos indígenas”.
El Plan Regulador Costero ha sido ampliamente cuestionado por sus intenciones de desplazamiento forzoso para dar pie a desarrollos turísticos de gran tamaño, mientras el cantón atraviesa problemas de acceso al agua potable, manejo de residuos sólidos, aguas servidas y de infraestructura vial.
Lea: Vecinos de Talamanca se organizan y alistan acciones contra propuesta de plan regulador
Esta situación afectaría directamente a los ecosistemas del Caribe Sur, que incluyen manglares, humedales y áreas protegidas. Al respecto las organizaciones ecologistas destacaron que respaldan totalmente las acciones de la ADITIK.
Las comunidades indígenas son las principales guardianas de los recursos naturales en la región y que cualquier decisión que las afecte debe considerar su experiencia y conocimiento ancestral para garantizar la sostenibilidad ambiental".
Las organizaciones instaron a la Municipalidad de Talamanca a cumplir con lo dispuesto por la Sala IV y a implementar un proceso de consulta acorde con los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional. Asimismo, hicieron un llamado al resto de las instituciones y a la sociedad civil a mantenerse vigilantes frente a cualquier intento de imponer decisiones que vulneren los derechos de las comunidades y del medio ambiente.
