Gobiernos locales perciben una imposición por parte del Ministerio de Salud en la ruta a seguir con los residuos sólidos.
La Red Técnica Ambiental Municipal (RTAM), la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Federación Metropolitana de Municipalidades (Femetrom) se pronunciaron en conjunto sobre el nuevo reglamento propuesto para la Gestión Regionalizada de Residuos Sólidos Ordinarios en el país.
El pasado 12 de diciembre el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) compartió la consulta pública del documento elaborado por el Ministerio de Salud. La propuesta de Salud justifica que busca resolver problemas estructurales, operativos, ambientales y sociales relacionados con la gestión de residuos. Actualmente el país enfrenta una saturación de rellenos sanitarios y está cerca de alcanzar su capacidad máxima.
Además, Salud destaca que existen regiones sin infraestructuras adecuadas para la disposición final de residuos, lo que obliga a transportar los desechos a largas distancias. Resaltaron que solo siete rellenos sanitarios están operativos en todo el país, concentrándose en unas pocas provincias. Agregaron que regiones como Brunca y Pacífico Central presentan déficits significativos de infraestructuras de gestión de residuos.
El reglamento busca entonces establecer un sistema de regionalización para la gestión integral de residuos sólidos en Costa Rica, “fomentando la colaboración intermunicipal para optimizar recursos y reducir impactos ambientales”. El reglamento establece la creación de Parques Ambientales y Estaciones de Transferencia en un año para el tratamiento, aprovechamiento y disposición final. El ámbito de aplicación abarca municipalidades y empresas autorizadas, que deberán seguir lineamientos específicos para la planificación, recolección, tratamiento y disposición de residuos en un modelo regional.
La cartera de Salud, en conjunto con otras entidades, identificará zonas estratégicas para el tratamiento de residuos mediante estudios quinquenales que consideren características locales como geografía y densidad poblacional. El reglamento establece límites de traslado: 50 km para Parques Ambientales y 25 km para estaciones de transferencia, permitiendo excepciones temporales con aprobación ministerial y justificación técnica. Cada región deberá minimizar su dependencia de otras y desarrollar infraestructuras propias con tecnologías adaptadas a sus necesidades locales.
La molestia de los gobiernos locales
Ante esta situación las representaciones de los gobiernos locales perciben una imposición por parte del Ministerio de Salud a la forma de planificar y gestionar los residuos sólidos, pese a que esta es materia de competencia municipal.
En el pronunciamiento señalan que las metas de recolección selectiva y regionalización carecen de sustento técnico y no se adaptan a las condiciones locales, además de que el plazo de un año para desarrollar Parques Ambientales es “irreal”, dado que, según sostienen, estos procesos requieren al menos tres años para cumplir con estudios y permisos.
También destacan que el reglamento no aborda la falta de un mercado consolidado para materiales reciclables y residuos orgánicos, y que establece radios de transferencia inadecuados para regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).
Asimismo, criticaron que Salud excede su rol rector, ignorando funciones clave establecidas en la Ley 8839, como fomentar tecnologías y coordinar interinstitucionalmente, mientras promueve normativas que dificultan la innovación y los esfuerzos locales ya en marcha.
Los gobiernos locales solicitaron un diálogo inclusivo para diseñar una normativa realista, que respete la autonomía municipal y aproveche su capacidad técnica para implementar soluciones viables que contribuyan al manejo sostenible de los residuos sólidos en el país.
