Actualmente es competencia de las municipalidades definir si un terreno puede ser utilizado como relleno sanitario.

El Poder Ejecutivo presentó el día de ayer un proyecto de ley (expediente 24.251) para que el Ministerio de Salud sea el ente el encargado de emitir los certificados de uso de la tierra para la instalación de estructuras dedicadas a la disposición final de residuos, en lugar de las municipalidades del país.

Según señala la exposición de motivos del proyecto la iniciativa se presentó debido a que "la resistencia de las comunidades y de los gobiernos locales hacia la creación de nuevos rellenos sanitarios y/o la adopción de otras tecnologías de gestión de residuos ha dado lugar a un estancamiento en la ejecución de proyectos clave en este ámbito”.

La iniciativa de ley reconoce que, actualmente, la Ley de Planificación Urbana (Ley 4240) le delega la competencia del otorgamiento de licencias de uso de suelo a las municipalidades; sin embargo, señala que esta facultad municipal "ya cuenta con una serie de limitaciones reguladas en normativa que le otorga facultades específicas a entidades del Poder Ejecutivo", destacando que los planes reguladores del territorio municipal deben ser sometidos a la revisión y aprobación previa del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y que requieren el cumplimiento de trámites ante la Secretaría Técnica Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

El texto presentado añade como justificación a la reforma propuesta que la Sala Constitucional, en su sentencia 13577-2007, señaló que cuando un problema “desborda la circunscripción territorial a la que están supeditados los gobiernos locales, las competencias pueden ser ejercidas por instituciones nacionales del Estado.”

Adicionalmente, el proyecto señala que no estaría violando la independencia municipal con el cambio, porque considera que “la autonomía municipal abarca únicamente aquellas atribuciones que pueden enmarcarse en el concepto de lo “local”, pues fuera de él, coexisten otras competencias que pueden ser ejercidas por los demás órganos del Estado dentro de la circunscripción territorial de las municipalidades”.

El proyecto cita un informe técnico acerca de la actual situación nacional de residuos sólidos urbanos en Costa Rica, realizado por la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, el cuál identificó que en el país “las tasas de generación de residuos (kg/habitante/día) han crecido entre 7,5% y 10%”, y añade que:

  • Durante un período de aproximadamente 20 años, Costa Rica ha experimentado una notable transición en la gestión de sus residuos sólidos, pasando del uso indiscriminado de vertederos a la disposición de la mayoría de sus residuos ordinarios en rellenos sanitarios. Este cambio se ha reflejado en el cierre de un total de 41 vertederos de un conjunto de 44.
  • En la actualidad, se reporta la operación de 8 rellenos sanitarios distribuidos de la siguiente manera: tres ubicados dentro del Gran Área Metropolitana, dos en la Provincia de Limón, uno en el Cantón de Montes de Oro en la Provincia de Puntarenas, otro en el Cantón de San Carlos, y finalmente uno en la Provincia de Guanacaste.
  • El cierre de rellenos sanitarios sin contar con alternativas adecuadas está teniendo consecuencias significativas en la gestión de residuos, especialmente en áreas densamente pobladas como el GAM.
  • La falta de opciones viables está llevando a una saturación de los sitios restantes, lo que representa un desafío considerable para las autoridades locales y las comunidades afectadas.
  • La situación se agrava aún más en regiones como el sur del país, donde la escasez de instalaciones adecuadas obliga a recorrer largas distancias para la disposición final de los residuos.

El proyecto de ley forma parte de la "Ruta de Salud Ambiental", presentada el pasado 5 de abril por la ministra de Salud, Mary Munive Angermüller, sobre la cual la jerarca y vicepresidenta señaló:

Estamos presentando este viernes reglamentos y protocolos los cuales nos ayudan a la identificar y analizar proyectos relacionados con la gestión de residuos en el país, pero lo más importante es que tenemos lista la Política para la ​Gestión Integral ​de Residuos cuyo objetivo es transformar la gestión de los residuos fortaleciendo aspectos socioculturales, ambientales, institucionales, normativos, financieros, logísticos y tecnológicos”.

El proyecto presentado ahora debe ser asignado a una comisión legislativa para que inicie su trámite.