Iplex indicó que con esta decisión Kölbi está asociando su marca a prácticas de dictaduras y gobiernos autoritarios.

El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) calificó como un acto de censura el retiro de pauta de Kölbi, la marca comercial del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), al programa "El Chinamo".

La institución pública también anunció que valorará su permanencia de pauta en dicho canal. La decisión responde a que consideran que el contenido del segmento de "Chinaokes" no concuerdan con sus valores. La empresa aseguró que se distancia de cualquier promoción de violencia, discriminación, apología del delito o burla del sufrimiento, "priorizando en cambio la paz, la unión familiar, el respeto, la innovación y la solidaridad".

En el espacio de humor musical se ha hecho alusión a la crisis de inseguridad, al costo de vida en el país y a la crisis en la Seguridad Social y los presuntos sobreprecios de cooperativas en ofertas para operar Ebáis (Caso Barrenador).

Además de Kölbi, este 20 de diciembre el Banco Popular también retiró su pauta del espacio. La entidad bancaria aseguró que continuará apoyando únicamente la sección El Aguinaldazo, que premia diariamente con un millón de colones a un televidente.

Para el IPLEX, los argumentos de Kölbi, no son de recibo en especial el de que El Chinaoke "no concuerdan con los valores de la marca” y el que no quieren asociar la marca con “situaciones en las que promueva o exponga violencia de forma implícita o explícita, discriminación, apología de la delincuencia o parodia del sufrimiento de víctimas”.

Agregó que es más lamentable e injustificable la amenaza al resto de producciones de Teletica Canal 7, "para que no se atrevan a informar sobre lo que acontece en el país o le retiraran la publicidad".

Kölbi/ICE con esta decisión y coacción a Canal 7 está asociando su marca a prácticas de dictaduras y gobiernos autoritarios que utilizan la pauta estatal para premiar a quienes den a conocer solo contenidos favorables y castigar a cualquier medio que se atreva a dar conocer a los habitantes, en diversos formatos, hechos verdaderos que no le agraden al gobierno".

El IPLEX recordó que la Sala Constitucional de Costa Rica ha sido clara en que la censura en una democracia es inaceptable. Ejemplificó que en el año 2016, ese tribunal señaló que resultaba constitucionalmente reprochable el retiro de pauta, sin un fundamento objetivo y técnico válido, sino debido a disconformidad con la forma en que se informa, ya que eso constituía una censura indirecta para intentar influir en los contenidos, intimidar y enviar un mensaje a los otros medios.

Además añadió que la decisión viola la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establece en su principio 5 que “la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.

Además, en su principio 13 indica que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar, o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.

Desde el IPLEX concuerdan que el Estado tiene derecho a establecer y modificar su pauta publicitaria, pero afirman que debe hacerlo por medio de criterios objetivos y transparentes, establecidos en forma planificada que aseguren que no se utiliza el poder del Estado o sus fondos, para discriminar, manipular o censurar directa o indirectamente la libertad de expresión y prensa.