Después de años de extracción ilegal de oro en la zona de Crucitas, en Cutris de San Carlos, aún no sabemos qué tan grave ha sido el daño ambiental ocasionado por el uso del mercurio. En los últimos meses, la prioridad del gobierno y los legisladores ha sido presentar cuatro propuestas de ley para extraer el oro de la zona y, de paso, según esas propuestas, resolver el problema ambiental en Crucitas.

¿Cómo pretenden estas propuestas abordar la problemática ambiental cuando ni siquiera se tiene clara la dimensión del daño? Hoy, Crucitas es un sitio sucio, contaminado. Cualquier inversionista, ya sea artesanal o industrial, que tome decisiones serias e informadas antes de actuar, querrá conocer la magnitud del daño para determinar si es viable o deseable invertir en esa zona.

Estudios preliminares han mostrado niveles muy elevados del metal en los sedimentos de algunas quebradas y ríos de Crucitas. El mercurio podría haber migrado a las aguas subterráneas o podría estar presente en plantas, peces, habitantes y trabajadores informales. Sin embargo, estas son solo suposiciones: no se ha realizado todavía un estudio de suelos contaminados con una sólida base científica que permita determinar la extensión de la contaminación y la magnitud del daño.

El estudio y los costos

Un estudio de suelos contaminados para metales pesados implica la toma de muestras de suelo, de sedimentos de ríos y quebradas, de aguas subterráneas y superficiales, de fauna de ríos, y de orina y sangre de personas de la zona. Es decir, se trata de un proceso integral y completo que permitiría dimensionar el daño producido. El costo aproximado de un primer estudio de este tipo en Crucitas, en función del área potencialmente afectada, rondaría entre 5 y 10 millones de dólares.

El Decreto 37757-S, que desde 2013 regula temas asociados a suelos contaminados, indica que el responsable de la investigación y remediación potencial de sitios contaminados es el ente generador de las sustancias en el suelo. Es decir, los mineros informales. Sin embargo, como se trata de una actividad ilegal, es el Ministerio de Salud la instancia que debe encargarse de elaborar el estudio y de remediar el sitio, si fuera necesario.

La remediación

La remediación es el proceso natural o industrial que reduce la concentración de mercurio del sedimento, el suelo o el agua subterránea, a un nivel que no implique un riesgo significativo para los receptores sensibles mencionados anteriormente: agua, plantas, peces y personas.

La mayoría de las propuestas de ley asumen que el problema del mercurio se resolvería como un efecto colateral al extraer el oro que se encuentra en los residuos que han dejado ahí los mineros informales.

Sin embargo, para el caso de la extracción industrial, la concesión minera solo se podría ampliar en un 50% del área inicial de la mina Crucitas, aunque algunas imágenes satelitales muestran que el área impactada es mucho mayor. Por lo tanto, la extracción de estos sedimentos sería sólo parcial. Además, este abordaje asume que no ha habido daño en las aguas subterráneas, lo que aún no ha sido confirmado mediante un estudio de suelos contaminados.

El mercurio es un metal tóxico, que puede generar daños en los riñones y pulmones. Una vez transformado por plantas o animales a sus formas orgánicas, como el metilmercurio, actúa como una neurotoxina que afecta la función cerebral. Al igual que otros metales pesados, el mercurio no se degrada en los ecosistemas. Por esa razón, es necesario remediarlo cuando supone un riesgo para la salud de los ecosistemas y las personas.

Antes de hacer nuevas propuestas de ley para extraer el oro de Crucitas, es fundamental que el Ministerio de Salud se encargue de la elaboración de un estudio de suelos contaminados. Ese estudio debería ser coordinado por expertos en el tema y aprovechar cualquier posible apoyo de universidades u otros organismos nacionales o internacionales para reducir costos. Un estudio de este tipo le brindaría información clave a un inversionista, permitiría establecer condiciones claras en las propuestas de ley de cara a la remediación y definiría si es necesario tomar acciones adicionales, en áreas que podrían quedar fuera del área de la concesión.

Es indispensable entender el problema de Crucitas, sus dimensiones, las diferentes áreas y personas afectadas y sus posibilidades de remediación, antes de actuar.

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