Entidades señalan que acatamiento de orden implicaría eventualmente el traslado de $70 millones de fondos públicos a un patrimonio privado.

Las Juntas Directivas del Banco de Costa Rica (BCR) y de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) presentaron dos recursos de revocatoria ante la Superintendencia General de Valores (Sugeval) contra la resolución SGV-R-179-2024, en la cual se solicitaba a ambos órganos ejecutar una serie de acciones relacionadas con el Parque Empresarial del Pacífico, inmueble incluido en el Fondo Inmobiliario No Diversificado (FIIND).

Según indicaron desde el BCR el acatamiento de la resolución de Sugeval implicaría eventualmente el traslado definitivo de más de 70 millones de dólares de fondos públicos a un patrimonio privado, por lo que ambos órganos señalaron que “tienen un deber de cuidado de los fondos públicos y consideran que, al día de hoy, no existen los elementos que respalden la legalidad de tal medida”. Adicionalmente, la resolución ordena sacar el Parque Empresarial del Pacífico del FIIND.

Con la presentación de los recursos de revocatoria se solicita a la Sugeval suspender la ejecución de la resolución SGV-R-179-2024 hasta que se resuelva el recurso de revocatoria con apelación en subsidio e incidente de nulidad absoluta interpuestos.

Adicionalmente, desde el banco estatal aseguraron que “tanto la junta directiva del Banco de Costa Rica y la de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, estarán atentas a la respuesta de la Sugeval, a fin de continuar con los debidos procesos que se requieran, dentro del marco de la legalidad”.

En julio de este año la Sugeval ya había ordenado a ambas instituciones una serie de medidas por este mismo tema, incluyendo suspender la distribución de dividendos entre los accionistas que colocan su dinero en esta firma subsidiaria de la entidad bancaria. Además, le ordenó al BCR el aporte adicional de capital por 22.000 millones a más tardar el 31 de diciembre de 2024 para evitar la caída. En ese momento desde el BCR indicaron que acatarían las medidas solicitadas.

El caso BCR SAFI

BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) es una sociedad anónima fundada en 1999, subsidiaria del BCR, que es dueño del 100% del capital social, y que administra activos en el mercado de inversiones nacional y centroamericano.

El BCR SAFI es administrador del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND) del BCR, el cual en febrero del 2020 compró, a una sociedad que era propiedad del exdiputado socialcristiano, Humberto Vargas Corrales, el Parque Empresarial del Pacífico —un conjunto de unas bodegas industriales en un terreno de 540.400 metros cuadrados, ubicadas en Caldera, en el cantón de Esparza— a un precio de 70 millones de dólares.

En setiembre del 2022 varios inversores del BCR SAFI denunciaron ante la Superintendencia General de Valores (Sugeval) la compra de ese bien inmueble alegando, según informó La Nación en enero anterior, preocupación por “el alto valor de adquisición de la propiedad, supuestas anomalías en el arrendamiento del edificio y que el endeudamiento contraído para comprar el inmueble drena las ganancias de los inversionistas”.

El 19 de junio de 2023 Teletica informó que la junta directiva del BCR recibió un informe de avalúo que confirmaba que la compra del Parque Empresarial del Pacífico se habían pagado 43,4 millones de dólares por encima del valor de la propiedad. Ese mismo día, renunciaron a la entidad financiera el gerente de Banca Corporativa del Banco de Costa Rica (BCR), Juan Carlos Bolaños Azofeifa, y el subgerente de Banca Corporativa de esa misma entidad bancaria, Álvaro Camacho de la O —quien fue gerente general de BCR SAFI—.

En agosto de este año la Junta Directiva de BCR SAFI anunció que había interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) propiedad de BCR Fondo de Inversión Inmobiliario dólares.

La denuncia se presentó a raíz del Informe de Relación de Hechos elaborado por la Auditoría Interna de la Sociedad, la cual había sido solicitada por la Junta Directiva tras recibir tres denuncias anónimas en marzo de 2021.

Este caso es investigado desde enero del 2023 por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.