La Contraloría General de la República advirtió este miércoles ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que el proyecto de ley de presupuesto para 2025 presentado por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles no contempla la totalidad de los recursos necesarios para cubrir las obligaciones financieras del Estado.
El presupuesto, que asciende a ₡12,39 billones, presenta una reducción de 244.017 millones de colones respecto a al presupuesto 2024, pero deja fuera importantes montos destinados a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y al Ministerio de Educación Pública (MEP), lo que genera riesgos en áreas clave como la salud y la educación.
Marta Acosta Zúñiga, contralora general, explicó que el proyecto presupuestario no incluye ₡459.000 millones en transferencias obligatorias a la CCSS, que cubren asegurados por cuenta del Estado, leyes especiales y la atención a personas en condición de pobreza. Asimismo, señaló que faltan ₡118.000 millones en el presupuesto del MEP, destinados a pagar salarios, comedores escolares y transporte estudiantil. Según Acosta, este déficit en la asignación de recursos representa un "riesgo presupuestario", es decir, la posibilidad de que la asignación de fondos sea insuficiente para cumplir con las responsabilidades estatales.
El proyecto de presupuesto 2025 también presenta una disminución general de los egresos del 1,9% con respecto al 2024. Como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el gasto total para el próximo año representará un 23,6%, lo que implica una reducción de 2,1 puntos porcentuales en relación con el 2024. Esta disminución es, en gran medida, resultado de una menor previsión para la amortización de la deuda, dado que habrá menos vencimientos de deuda interna en el 2025. Sin embargo, Acosta advirtió que la deuda pública seguirá creciendo.
El gobierno prevé un aumento de ₡3,7 billones en la deuda pública, lo que llevaría el total de los pasivos a ₡32,5 billones al cierre del 2025, equivalente al 60% del PIB. Esto contrasta con las proyecciones anteriores del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, que estimaban una reducción de la deuda por debajo de ese umbral. La contralora señaló que este incremento de la deuda complicará el retorno a los niveles de sostenibilidad fiscal esperados, y calificó el panorama fiscal del 2025 como "menos alentador" que en años anteriores.
El presupuesto del 2025, además de reflejar una reducción en los egresos totales, presenta un crecimiento limitado en el gasto primario (el que excluye los intereses de la deuda), con un aumento del 0,9% en comparación con el 2024. Acosta destacó que las áreas más afectadas por esta contención presupuestaria incluyen las transferencias a instituciones clave, como la CCSS, las juntas de educación y las universidades públicas, así como partidas relacionadas con la adquisición de bienes y servicios.
Entre los sectores que enfrentan mayores recortes está el gasto de capital, que incluye la inversión en infraestructura y proyectos de desarrollo. Para el 2025, este rubro se reducirá en un 4,7%, lo que, según la contralora, refleja un desafío significativo para mejorar la calidad y efectividad del gasto de capital, especialmente en un contexto de alta necesidad de inversión pública. Desde el 2019, el gasto de capital ha representado en promedio apenas un 1,3% del PIB, y la expectativa para el 2025 es que se mantenga por debajo de ese nivel.
La exclusión de ₡459.000 millones en transferencias a la CCSS es una de las principales preocupaciones que señaló la Contraloría. Estos fondos son necesarios para cubrir programas de aseguramiento por cuenta del Estado, así como obligaciones vinculadas con leyes especiales, el Código de Niñez y Adolescencia, y la atención a personas en condición de calle.
En el caso del MEP, el presupuesto para el 2025 tampoco incluye ₡118.000 millones que se requieren para el pago de salarios, según explicó la contralora. La falta de recursos podría afectar el pago de aguinaldos, comedores escolares y transporte estudiantil, lo que tendría un impacto directo en la prestación de servicios educativos a nivel nacional. El MEP ya había advertido de un faltante inicial de ₡21.000 millones, pero la cifra se ajustó al alza tras un análisis más detallado de sus necesidades.
Estos datos se suman a otros que los distintos jerarcas de los ministerios, en audiencia ante la misma comisión legislativa, han señalado como faltantes de recursos para el 2025.
El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, señaló días atrás que el plan de gastos de su ministerio tiene un faltante de 10 mil millones para cubrir aspectos básicos como agua, electricidad y alimentación, mientras que el canciller Arnoldo André dijo que el faltante en el Ministerio de Relaciones Exteriores es de 2777 millones de colones para operar las oficinas en el exterior.
La contralora advirtió que de incluirse el monto completo que solicitó la CCSS para 2025, se observaría un incremento de 1% del PIB en el déficit financiero y el superávit primario estimado sería de apenas 0,5% del PIB.
Asimismo, Acosta advirtió que existe incertidumbre sobre la magnitud del déficit fiscal pues el proyecto de presupuesto estimó los costos de atender el Servicio de la Deuda con un tipo de cambio promedio de 550 colones para el año 2025, a diferencia del establecido por el Ministerio de Hacienda de 517,93 colones.
Otro aspecto señalado por la Contraloría es la persistente falta de transparencia en la formulación del presupuesto. La ausencia de reportes detallados sobre fideicomisos y fondos, así como la falta de identificación clara de los recursos destinados a proyectos regionales, limita la capacidad de control y fiscalización del gasto público, según dijo Acosta. Además, la contralora hizo énfasis en la necesidad de mejorar la trazabilidad y verificación de la regla fiscal, ya que la complejidad de las excepciones incluidas en la legislación dificulta su aplicación y seguimiento.
A pesar de que el Ministerio de Hacienda asegura que el proyecto de presupuesto no excede el límite máximo de crecimiento del gasto permitido por la regla fiscal (establecido en un 3,75%), Acosta destacó que la falta de claridad en la definición de ciertos montos, como los asociados a la ley de empleo público, limita la capacidad de Hacienda para determinar con precisión los recursos requeridos por cada institución.
La contralora concluyó su intervención subrayando que el 2025 será un año de importantes retos fiscales para el país. Con una deuda pública creciente, una carga tributaria en descenso y un gasto primario que apenas aumenta, el gobierno enfrenta la difícil tarea de equilibrar el presupuesto sin comprometer la prestación de servicios esenciales. Asimismo, destacó la urgencia de adoptar medidas para reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Breves
La Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera aprobó en primer debate los siguientes proyectos:
- Expediente 23.230: "Ley para promover la participación, prevención de la violencia y el cumplimiento de derechos de las personas jóvenes en los espacios públicos".
- Expediente 23.468: "Reforma parcial a los Artículos 11, 12, 13, 14, 21 y 24 de la Ley 3455 y sus reformas, Ley de Colegio de Médicos Veterinarios".
- Expediente 23.910: "Reforma al Artículo 5 de la Ley N.º 833 Ley de Construcción".
La Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda aprobó en primer debate los siguientes proyectos:
- Expediente 23.768 "Ley para garantizar la participación de las juventudes en los espacios vitales para su desarrollo humano".
- Expediente 23.087 "Declaratoria de la Banda Municipal de Turrialba como Institución Benemérita de la Patria".
- Expediente 23.432 "Ampliación de las competencias municipales en la regulación de centros de recopilación de materiales y en la recolección de vehículos en abandono, dentro de los cantones".
La Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera aprobó en primer debate el siguiente proyectos:
- Expediente 23.888 "Ley de reforma al artículo 40 del Código Procesal Penal, Ley No. 7594 de 28 de marzo de 1996, "Resolución de la Acción Civil Resarcitoria en Sede Penal"".
Proyectos dictaminados
— La Comisión de Puntarenas rechazó el expediente 23.882 “Reforma al artículo 8 del Código de Minería, Ley N.° 6797 del 4 de octubre de 1982”.
— La Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el expediente 24.373 “Aprobación de la adhesión de Costa Rica al Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional”.
— La Comisión de Honores aprobó los expedientes expediente 23.679 “Declaratoria del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) como Institución Benemérita de la Patria”, expediente 23.708 “Declaratoria de la institución Asilo de la Vejez Monseñor Claudio María Volio Jiménez de Cartago como Institución Benemérita de la Salud Costarricense”, expediente 23.995 “Declaración como Benemérita de la Patria a la señora Evangelina Solís Salvatierra”, expediente 24.071 “Declaratoria de Benemérito de las Artes Patrias a Fidel Gamboa Goldenberg”, expediente 24.190 “Declaración de Beneméritas de la Patria a las señoras Amelia Alfaro Rojas y Bernarda Vázquez Méndez”, expediente 24.203 “Declaración como Benemérito de la Patria a José Cecilio Umaña Fallas: Primer Presidente de la Asamblea Legislativa del Estado de Costa Rica”, expediente 24.209 “Declaratoria de Benemeritazgo de la Patria para Emilia Rivas Bustos V. de Santos, primera enfermera costarricense y de América Latina”, expediente 24.265 “Declaratoria de Ciudadana Distinguida para Elizabeth Odio Benito”, expediente 24.270 “Declaratoria de Ciudadanía Distinguida para Nancy Hernández López”, expediente 24.276 “Declaración de Ciudadana Distinguida a Sandra Molina Rojas conocida como Sandra Cauffman” y expediente 24.414 “Declaratoria de Ciudadanía de Honor para Charles Herbert Lankester West”.
Asimismo, rechazó el expediente 24.271 “Declaratoria de Ciudadanía Distinguida para Elizabeth Odio Benito”.
— La Comisión de Asuntos Económicos rechazó el expediente 23.907 "Ley de Venta Directa Multinivel", el expediente 23.830 "Ley de Promoción del Crédito para las Micro y Pequeñas Empresas" y el expediente 23.267 "Ley para proteger al arrendatario contra la fijación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el alquiler de vivienda".
— La Comisión de Turismo dictaminó afirmativamente el expediente 24.045 "Ley para fortalecer el sector turismo ante el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo".
— La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia dictaminó afirmativamente el expediente 24.075 "Declaratoria de Interés Público y Cultural del Festival Luces del Valle".
Leyes publicadas
Este 2 de octubre no se publicó ninguna ley nueva en el Diario Oficial La Gaceta.
