Este proyecto se dirige a garantizar la fluidez del tránsito y la efectiva protección de los bienes de dominio público, para luego disponer de ellos de una manera adecuada, amigable con el ambiente y sin violentar derechos fundamentales del particular, como una opción lícita, oportuna y necesaria, autorizando a las municipalidades a retirar de las vías públicas vehículos declarados en estado de abandono.