Esta iniciativa de ley busca garantizar y promover la participación de personas jóvenes entre 18 a los 35 años en el Consejo Superior de Educación Pública, Consejo Superior de Trabajo y Consejo Nacional de Salud Mental, órganos colégialos que definen políticas públicas vitales para las juventudes en su desarrollo humano. Esta iniciativa de ley surge a raíz de la urgencia de cambiar paradigmas sociales, educativos y laborales obsoletos que no responden a los retos que presenta la juventud costarricense, así como reconocer el rol vital que desempeñan las juventudes en la modernización del estado, a pesar de los obstáculos sociales que enfrentan para participar activamente en puestos de toma de decisiones.