Presupuesto en 2025 para programas relacionados con temas de derechos humanos sería menor a lo presupuestado en 2019, según estimación de la Defensoría.

La Defensoría de los Habitantes informó este martes que, tras analizar el límite presupuestario máximo del año 2025 emitido por el Ministerio de Hacienda, en comparación con el presupuesto asignado para el año 2019, al menos cinco ministerios que tienen a cargo políticas prioritarias en materia de derechos humanos estarían viendo reducida su asignación presupuestaria.

Según detallaron desde la Defensoría, los ministerios afectados, con los recortes aproximados, serían:

  • Ministerio de Educación Pública (-5%).
  • Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humano (-18%).
  • Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (-55%).
  • Ministerio de Obras Públicas y Transportes (-61%)
  • Ministerio de Salud Pública (-73%).

La Defensoría de los Habitantes señaló que estos son los primeros resultados de un trabajo que permite llegar a determinar cuáles son las principales afectaciones a los derechos humanos fundamentales, durante el proceso presupuestario que aborda la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto, investigación que dio inició con un análisis el presupuesto asignado al Ministerio de Educación Pública para el año 2025.

Adicionalmente, la Defensoría recordó que durante el trámite de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), la Sala Constitucional analizó varias consultas facultativas, abordando, entre otros temas, la preocupación de otorgar al Ejecutivo la posibilidad de disminuir los recursos efectivamente asignados para financiar las instituciones y los efectos al contravenir así los compromisos constitucionales y convencionales ya adquiridos, por ejemplo, en temas de educación y niñez y adolescencia.

Al resolver esas consultas la Sala Constitucional señaló que la propia Ley N°9635, contempla en su artículo 23 inciso i), que durante el proceso de asignación presupuestaria se debe garantizar “el efectivo cumplimiento de los derechos que se pretenden financiar y el principio de progresividad de los derechos humanos”, estableciendo específicamente el artículo 24 una obligación a la Dirección General de Presupuesto Nacional que señala que “dicha asignación no podrá ser inferior al presupuesto vigente, en el momento de aprobación de esta ley, es decir del presupuesto 2019, situación que se estaría incumpliendo para el 2025 según los datos analizados por la Defensoría.

Finalmente, la Defensoría recordó que ya la Sala Constitucional ha intervenido en casos concretos en los que se violentan los límites establecidos, como lo ha sido en el caso del presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia y que es igualmente factible evaluar la constitucionalidad de un presupuesto, cuando se evidencia el vaciamiento de algún derecho fundamental o la imposibilidad de cumplir la misión constitucional, posibilidad que se analiza en el tema educación.

Recientemente, la Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Hacienda girar la totalidad de fondos que le corresponden al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), tras constatar un incumplimiento del monto mínimo que se le debe asignar a ese fondo, que constituye el principal instrumento financiero de la política social selectiva del país.

El Poder Ejecutivo deberá presentar la propuesta de Presupuesto Nacional 2025 a la Asamblea Legislativa más tardar el próximo 1 de setiembre, para que este inicie su trámite de aprobación, que debe finalizar antes del 29 de noviembre.