Diputados acusaron que el Ejecutivo presupuestó 62.130 millones de colones menos del monto legal.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como Sala IV, ordenó al Ministerio de Hacienda girar la totalidad de fondos que le corresponden al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), tras constatar un incumplimiento del monto mínimo que se le debe asignar a ese fondo, que constituye el principal instrumento financiero de la política social selectiva del país.
Mediante la sentencia 2024-21400, la unanimidad del tribunal constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por un grupo de congresistas en contra del Ministerio de Hacienda, al señalar que el gobierno solo presupuestó 192.452 millones de colones para el Fodesaf en el presupuesto del año 2024, a pesar de que la ley establece un monto nominal fijo no menor a 255.583 millones de colones, es decir, 62.130 millones de colones por encima de lo previsto por el Poder Ejecutivo.
De acuerdo con un comunicado de prensa del tribunal constitucional, los magistrados constataron el incumplimiento en la asignación de recursos a Fodesaf, y señalaron que ello lesiona las posibilidades de hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas beneficiarias de los recursos, muchas de ellas niñas y niños, adolescentes y personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo.
La Sala recordó que la ley dispone que al Fodesaf le corresponde el 20% de lo que se recaude por concepto del Impuesto General sobre las Ventas, de modo que existe una obligación derivada del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impone una protección especial de los programas sociales en razón de su naturaleza y de los fines para los que fueron creados, pero en este caso no se está cumpliendo.
Para la Sala, es evidente que la dotación de recursos en la medida que lo prevén las leyes sobre la materia, permitiría a esa institución desarrollar una serie de programas y actividades que brinden soluciones efectivas para las clases más desposeídas. Además, es claro que la defensa de los recursos estatales que financian esos programas, garantiza la plena efectividad del Estado Social de Derecho y su desprotección se traduce en un claro y evidente incumplimiento al mandato constitucional".
De acuerdo con los magistrados, la debilitación sensible de esos programas, que están dirigidos a satisfacer las necesidades y garantizar un efectivo acceso al bienestar de las poblaciones más vulnerables, amenaza el disfrute de los derechos fundamentales reclamados.
Al concluir lo anterior, la Sala ordenó al Ministerio de Hacienda disponer lo necesario para que en el plazo de un mes (contado a partir de la comunicación de la resolución), se dé cabal cumplimiento a la obligación de girar al Fodesaf, la totalidad de los recursos correspondientes a la transferencia del Gobierno Central, según el monto asignado por dicho concepto en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019, conforme se estableció en el Título IV, artículo 24, de la Ley 9635.
Los magistrados condenaron al Estado al pago de costas, daños y perjuicios causados, los que podrán ser reclamados en un proceso de ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa.
La Sala que deliberó este caso estuvo integrada por los magistrados Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera (instructora) y las magistradas suplentes Alexandra Alvarado Paniagua y Aracelly Pacheco Salazar.
Reacciones
La diputada Monserrat Ruiz Guevara del Partido Liberación Nacional recordó que los recursos del Fodesaf financian la Red de Cuido, becas Avancemos, los CEN-CINAI, comedores escolares, entre muchos otros programas vitales para la inversión social del país.
Hoy, con gran satisfacción, recibimos la decisión de la Sala Constitucional que ordena al Ministerio de Hacienda girar la totalidad de los fondos a Fodesaf en el plazo de un mes. Este fallo asegura un apoyo esencial para nuestras comunidades, las más vulnerables, y es un triunfo para la justicia social de nuestro país, por la que hemos luchado incansablemente desde distintos espacios. La inversión social hoy debe ser primero y se respeta".
Por su parte, Jonathan Acuña Soto del Frente Amplio recibió con alegría el pronunciamiento de la Sala y señaló que los recortes a la inversión social vienen siendo muy graves desde hace muchos años y se han reflejado, por ejemplo, en el recorte de más de 100.000 becas Avancemos, de 7500 cupos menos en la Red de Cuido y de otras restricciones que afectan a los hogares más vulnerables de Costa Rica.
Esta sentencia está obligando al ministro de Hacienda a proceder en el plazo máximo de un mes e incorporar esos más de 60 mil millones de colones de manera inmediata. 60 mil millones de colones que están destinados, por ejemplo, a la inversión en becas, en protección a personas adultas mayores en vulnerabilidad, de niños y niñas que se encuentren también en condición de vulnerabilidad, de familias en condición de pobreza".
