El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en segundo debate dos proyectos más de la agenda en materia de seguridad, los cuales pasan ahora al Poder Ejecutivo para su sanción como Ley de la República.

Con 42 votos a favor y 0 en contra se aprobó el expediente 24.430 del diputado Gilberth Jiménez Siles, denominado "Ley para dotar de recursos al ICD". 

Ese proyecto dispone que los intereses generados por las inversiones que el Ministerio de Hacienda haga de recursos decomisados con motivo de la aplicación de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, se destinarán al Instituto Costarricense sobre las Drogas.

El 60% de esos recursos se usará para los programas preventivos y al menos la mitad para el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia; el 30% se destinará a programas represivos y un 10% al mantenimiento de los bienes decomisados.

Esa disposición es prácticamente la misma que existía antes de que la actual Asamblea Legislativa aprobara en junio la Ley de Manejo Eficiente de la Liquidez del Estado (Ley 10.495) que despojó al ICD de los beneficios de invertir los recursos decomisados.

Por otro lado, con 43 votos a favor y 0 en contra se aprobó el expediente 23.340 de la diputada socialcristiana María Marta Carballo Arce y denominado "Penalización de armas y objetos en la comisión de delitos. Reforma a los Artículos 212 y 213 del Código Penal".

Con esta iniciativa el uso de armas falsas, de juguetes o la simulación de tener armas para cometer delitos tendrá la misma sanción que establece el Código Penal para los delitos que se cometan con armas reales.

La medida aplicará para el delito de robo simple tipificado en el artículo 212 del Código Penal, que en su versión más agravada acarrea cárcel de tres a nueve años, así como con el delito de robo agravado tipificado en el artículo 213, de modo que se penará con cárcel de 5 a 15 años el cometer robo con arma blanca, arma de fuego, o arma de juguete que simule o imite, con el fin de intimidación para el desapoderamiento de bienes o cosa mueble en posesión de la víctima; así como si se da una conducta de simular portar un arma blanca o de fuego, sin exhibirla para intimidación de la víctima.

Breves

— Por un doble empate de 20 a favor y 20 en contra se rechazó dispensar de trámites el expediente 24.353 "Ley para descongelar las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto otorgadas al amparo de las leyes 2248 y 7268. Adición de un párrafo nuevo al inciso a) del Artículo 13 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N°9635, del 3 de diciembre del 2018".

— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 22.750 "Ley para mejorar las capacidades de la Contraloría General de la República para constatar la veracidad de las declaraciones juradas sobre la situación patrimonial de funcionarios públicos".

Con este proyecto la Contraloría General de la República deberá informar al Banco Central de Costa Rica, al menos una vez al año, los nombres y cédulas de todas las personas funcionarias obligadas a realizar la declaración patrimonial, para que el Banco Central en un plazo máximo de 15 días hábiles remita a la Contraloría un informe que detalle las personas o estructuras jurídicas en las que las personas funcionarias obligadas aparezcan como accionistas o beneficiarias finales, haciendo constar la fecha a partir de la cual esas personas fungen como accionistas o beneficiarias finales y las fechas de finalización de esa calidad.

— Con 41 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.762 "Fortalecimiento de la Gestión de la Deuda Publica". 

— Con 43 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.111 "Ley para la Dinamización del Sistema de Banca para el Desarrollo". Esta iniciativa permitirá ampliar el rango de beneficiarios, especialmente medianas empresas y establece un programa especial para el mejoramiento de acceso a crédito para emprendedores y microempresas. Asimismo, con esta nueva ley se establece un programa de clústers como forma efectiva de orientar recursos para el encadenamiento productivo y la realización de empresas tractoras como cooperantes de las pequeñas, los beneficios de estos recursos solo irán la las pequeñas con un énfasis en clústers en territorios.

— La Comisión de Seguridad y Narcotráfico rechazó el expediente 23.612 "Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública". Por el contrario, se dictaminó afirmativamente el expediente 24.114 "Ley contra la Violencia Vicaria".