El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el informe de mayoría de la Comisión Especial Investigadora sobre las contrataciones del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), que contiene recomendaciones de investigaciones penales, éticas y administrativas contra varios funcionarios públicos involucrados, incluido el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, los ministros Jorge Rodríguez Vives, Natalia Díaz Quintana, y la diputada Pilar Cisneros Gallo.

El informe, de 343 páginas de extensión, fue suscrito por las bancadas de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Frente Amplio y Liberal Progresista. La oficialista Ada Acuña Castro presentó un informe de minoría, mientras que el neo republicano José Pablo Sibaja planteó un informe de minoría separado; ninguno de esos dos llegó a votarse, al haberse aprobado con 30 votos a favor y 13 en contra el informe de mayoría.

En el informe final se señalan como hechos relevantes de la investigación la identificación de actas del consejo directivo del Sinart desactualizadas y sin registros adecuados, así como contrataciones irregulares sin respaldo técnico por parte de diversas instituciones estatales, incluyendo la Junta de Protección Social y el Instituto Costarricense de Electricidad.

Además, el informe acusa que se evidenció un mal manejo del erario público, problemas financieros en la recolección de ingresos y administración de la agencia de la empresa estatal, y la contratación directa de empresas sin los criterios técnicos necesarios, incluidos contratos que fueron adjudicados sin concurso, así como presiones y órdenes directas de altos funcionarios para favorecer ciertas pautas publicitarias.

El informe también señala un uso inadecuado de la figura de la excepción para contratar, alegando que los contratos bajo ese mecanismo requieren cumplir con requisitos generales y particulares regulados en la Ley de Contratación Pública y su reglamento, incluida la necesidad de una indicación expresa de la necesidad a satisfacer y la realización de estudios de mercado cuando correspondan. Asimismo se cuestionó que la modalidad de contratación por demanda utilizada por Sinart no es adecuada para este tipo de contratación debido a la falta de claridad de los productos requeridos, indeterminación de la estructura de costos, dificultad para verificar la recepción satisfactoria del servicio brindado, entre otros.

En la sección de conclusiones los diputados destacaron que Sinart intentó distribuir 2 mil millones de colones en pauta bajo la figura de contrato bajo demanda, sin criterio técnico, lo que no se logró concretar por problemas de procedimiento, y que "al priorizar la agencia como instrumento al servicio del Poder Ejecutivo se puso en riesgo la estabilidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión llevando a cabo acciones con criterio evidentemente político y no técnico".

El informe también señala que los funcionarios del Sinart no lograron demostrar el criterio técnico utilizado por la institución en la asignación de pauta publicitaria a los medios de comunicación nacional; reseñaron que Jacqueline González Jiménez, exdirectora de comercialización de Kolbi-ICE, fue destituida de su cargo por no acatar una orden de contratar a la agencia de publicidad del Sinart, en contra de los criterios técnicos establecidos por el departamento de comercialización de la institución; y que la diputada Pilar Cisneros Gallo "divulgó secretos perjudiciales" para el Instituto Costarricense de Electricidad, al difundir datos comerciales del mismo en la sesión del 27 de noviembre de 2023.

Según el informe, la agencia de publicidad del Sinart fue utilizada para concentrar toda la pauta del estado y asignarla a medios afines al Gobierno de la República; asimismo, se acusa que Federico Cruz Saravanja ejerció funciones asignadas por el Presidente de la República y el Comité Editorial, gestionando contratos y decisiones sobre fondos públicos, sin ser un funcionario oficial, todas acciones que "sometieron a una crisis sin precedentes al Sinart", al haber sido usada con fines estrictamente políticos por Casa Presidencial.

Por otro lado se determinó que no se cumplió con la normativa para realizar contrataciones en el caso de RMC La Productora, violando principios de contratación pública, que la contratación por demanda fue utilizada como un mecanismo de control para dominar la línea editorial de los medios de comunicación y asignar recursos a medios que no criticaran al Ejecutivo, y que no existieron criterios técnicos para definir los presupuestos de pauta publicitaria del Sinart.

Asimismo el documento indica que Esmeralda Britton, presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social, trasladó la transmisión del programa "La Rueda de la Fortuna" de canal 7 a canal 13 de Sinart por órdenes directas del presidente de la República, en contra de los criterios técnicos elaborados por los departamentos correspondientes.

 

Recomendaciones

Al haberse aprobado el informe de mayoría, el plenario requirió ahora a la Procuraduría de la Ética Pública que investigue si Federico Cruz cumplió con las condiciones y requisitos para ser considerado un funcionario de hecho en el sector público, y si cometió actos irregulares que contravienen la ética pública, probidad y transparencia que deben caracterizar a todo funcionario público. Asimismo, determinar si se configuró el delito de tráfico de influencias, según el artículo 52 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en las contrataciones investigadas.

Por otro lado, se pidió al Ministerio Público que investigue los hechos descritos en el informe para determinar la posible comisión de delitos y la apertura de nuevos expedientes, particularmente la injerencia del Presidente de la República en las contrataciones y sus diversos aspectos, así como la contratación de la empresa RMC La Productora de Christian Bulgarelli, quien participó en la redacción de los términos y condiciones del cartel de licitación del cual resultó adjudicatario, y a los ministros Natalia Díaz Quintana y Jorge Rodriguez Vives por presuntamente facilitar irregularmente dicha contratación.

Además, se solicitó a la fiscalía investigar las contrataciones realizadas por el Sinart durante el periodo 2022-2023 bajo la modalidad de contrataciones por demanda, y las contrataciones hechas por el ICE, la JPS y el AyA con la agencia de publicidad del Sinart en el mismo periodo.

En cuanto a las contradicciones que la comisión afirma incurrió la presidenta de la JPS, Esmeralda Britton González, respecto de  la contratación de la Junta de Protección Social con la agencia de publicidad del Sinart, se solicitó abrir expedientes por los delitos de perjurio y falso testimonio, además de otro expediente por el delito de tráfico de influencias por "manipular criterios técnicos y priorizar la contratación del Sinart en la JPS".

El informe también requiere a la fiscalía que investigue al Comité Editorial de Casa Presidencial, formado por Jorge Rodríguez Vives, Natalia Díaz Quintana, Rodrigo Chaves Robles, Federico Cruz y la diputada Pilar Cisneros, por el delito de tráfico de influencias en relación al manejo de los recursos del BCIE y la concentración de fondos del Sinart. Además, de investigar a Federico Amador, Fernando Sandi y David Tencio, funcionarios del Sinart, y al exfuncionario Allan Trigueros, por los delitos de tráfico de influencias y falsedad ideológica "al manipular los procesos de contratación de la Agencia del Sinart".

También se solicita investigar a los funcionarios del ICE, Marco Acuña Mora (presidente ejecutivo), José Rafael Solano Núñez (director de la división comercial) y Luis Diego Abarca Fernández (exgerente de telecomunicaciones), por el delito de tráfico de influencias en favor de empresas privadas, con el objetivo de politizar los fondos de ICE-Kölbi, así como investigar a las empresas RMC La Productora, Inversiones del AIRE HM S.A y Tecnologías Asertivas S. A (TEA) por "el beneficio irregular de contrataciones con fondos públicos asignados desde el Sinart".

Finalmente, se pide abrir un expediente a la diputada Pilar Cisneros por la posible comisión del delito de divulgación de secretos en perjuicio del Instituto Costarricense de Electricidad por difundir datos comerciales del mismo, y que el Tribunal Supremo de Elecciones investigue la participación de la diputada Cisneros en el órgano consultor del Poder Ejecutivo que sesionaba en Casa Presidencial, argumentando que dicha participación vulnera lo establecido en el artículo 111 de la Constitución Política, que indica: “ningún Diputado podrá aceptar, después de juramentado, bajo pena de perder su credencial, cargo o empleo de los otros Poderes del Estado o de las instituciones autónomas”.

Breves

— Trece congresistas de las bancadas de Liberación Nacional, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista e independientes presentaron una moción de censura contra la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro.

— La Comisión Especial que se integró para estudiar la propuesta de reforma constitucional para habilitar la extradición de nacionales votó afirmativamente la iniciativa este lunes.