Propuesta pasa al plenario para su discusión y votación por el fondo.
La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que se integró para estudiar la propuesta de reforma constitucional para habilitar la extradición de nacionales votó afirmativamente la iniciativa este lunes.
La iniciativa, tramitada en el expediente 23.701 y que fue planteada por los entonces 10 miembros de la bancada oficialista como requisito de admisibilidad, pasará al plenario con una moción que recomienda algunos cambios respecto a la propuesta inicial.
Ese cambio, sin embargo, no puede hacerlo el foro legislativo, sino que deberá votarse en el plenario antes de darle primer debate, y luego pasaría a revisión de la Sala Constitucional. La moción, según un borrador visto por Delfino.cr, dice:
Artículo 32.- Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo haya sido concedida la extradición por los Tribunales de Justicia, con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes”.
A favor de la reforma votaron Oscar Izquierdo Sandí y Paulina Ramírez Portuguez, del Partido Liberación Nacional; Priscilla Vindas Salazar, del Frente Amplio; Horacio Alvarado Bogantes, de la Unidad Social Cristiana; Eliécer Feinzaig Mintz, del Partido Liberal Progresista; Daniel Vargas Quirós, del oficialismo; y David Segura Gamboa, de Nueva República.
Aunque la comisión legislativa valoró ampliar la lista de delitos extraditables, el diputado Feinzaig Mintz explicó que, además de las dudas sobre la posible conexidad, había consideraciones de oportunidad política de modo que, entre más amplia, más obstáculos de constitucionalidad enfrentaría, aunque debía intentarse incluir delitos como blanqueos de capitales y asociación ilícita, pues son delitos que también están relacionados con el narcotráfico.
Por su parte la diputada Ramírez Portuguez fundamentó su voto positivo señalando que permitir la extradición de personas costarricenses, bajo supuestos muy calificados y en observancia a los derechos fundamentales y garantías procesales, era crucial en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, el tráfico de drogas y otros delitos que cruzan fronteras; evita la impunidad y fortalece la responsabilidad penal; permite la aplicación de la justicia, refuerza el Estado de Derecho; y es una herramienta de cooperación judicial, además de que fortalece las relaciones diplomáticas y la confianza mutua entre los países.
