El partido Nueva República cree poder erradicar la narcocultura con un plumazo de ley. Su nuevo proyecto de ley busca prohibir el acceso a ciertos contenidos que “enaltezcan” esa cultura como series, películas y conciertos, y que así ¿menos personas se involucren con el narco?
Al ver comentarios en redes sociales parece que el proyecto tiene una buena acogida entre los ticos que comentan. Al fin y al cabo, este proyecto parece plagado de buenas intenciones.
Es cierto que Costa Rica tiene un problema serio con el narcotráfico y otras ramas del crimen organizado. La percepción pública lo refleja de esa manera y los datos lo respaldan. De hecho, parece que muchos inician desde muy jóvenes en ese mundo.
Dado eso, tratemos de ser lo más caritativos posible al evaluar la lógica del proyecto propuesto desgranando sus premisas y conclusión.
- Premisa 1: Costa Rica consume contenido que enaltece la narcocultura.
- Premisa 2: Consumir ese contenido causa o influye en el narcotráfico.
- Conclusión: Prohibir ese contenido reduciría el narcotráfico en Costa Rica.
Vamos por partes.
Premisa 1: Costa Rica consume contenido que enaltece la narcocultura
Como premisa, esto es cierto. Existe contenido de ese tipo y tiene demanda nacional. Por ejemplo: El Señor de los Cielos, La Reina del Sur, Narcos, Sin Senos No Hay Paraíso, El Cartel de los Sapos, Rosario Tijeras y otras más.
Premisa 2: Consumir ese contenido causa o influye en el narcotráfico
Aquí empiezan los saltos de fe del proyecto de ley. Asume un vínculo causal pero no lo respalda de manera alguna. Pasa de hablar del problema del narcotráfico a hablar de prohibir el contenido que lo enaltece. La coherencia del proyecto depende de probar o respaldar ese vínculo. ¿Debemos irnos de buenas a primeras con lo que el diputado cree que sucede o en su lugar utilizar estudios serios que reflejen la realidad?
Sin pensar demasiado, uno podría imaginar otras causas que podrían verdaderamente influir en que las personas caigan en el narcotráfico. Por ejemplo, la pobreza y la falta de oportunidades económicas, la penetración del crimen organizado en las comunidades, la facilidad de cometer crímenes y no recibir un castigo como en este, este y este caso, por referenciar unos pocos.
Este mal uso de la lógica es el que llevó años atrás a muchos a asumir que los videojuegos causan mayor violencia. Hoy en día se sabe que el efecto es inexistente o a lo mucho, mínimo.
Hasta este punto, se podría argumentar que a pesar de la falta de respaldo técnico del supuesto vínculo causal, este proyecto no podría causar mucho daño. ¿O no? Asumiendo como verdadera la premisa 2, veamos la supuesta conclusión.
Conclusión: Prohibir ese contenido reduciría el narcotráfico en Costa Rica
Aún si fuera posible llevar a cabo esta prohibición (que no es muy práctica como veremos más adelante) descubriríamos que el prohibir cosas sólo incrementa el interés de las personas por el contenido prohibido. Esto se conoce como el efecto Streisand. Prohibir los métodos “legales” de obtención de contenido llamaría más la atención del público e incrementaría la demanda de manera ilegal. Nos saldría el tiro por la culata y si fuese cierto que a más consumo de ese contenido más narcotráfico, esto causaría un incremento en el narcotráfico.
Además del daño que podría causar, su implementación es ilusoria. Aquí unas razones.
- El proyecto no define criterios sobre cómo el Estado podría clasificar el contenido. ¿Cómo evitamos ambigüedad, subjetividad y potencial mal uso de ese poder de censurar contenido?
- Según IMDb existen al menos 600,000 películas y series de TV (ignorando los conciertos y otros contenidos que pretenden evaluar y prohibir) entonces ¿le tocaría al Estado ver todo el contenido existente para determinar cuales nos permite o no ver? ¿Cuántas personas tendríamos que contratar para hacer cumplir esta ley?
- Pero aún si así lo quisiera y pudiera hacer el Estado, ¿cómo va a bloquear el contenido de Netflix, Disney+, Amazon Prime y otras plataformas tecnológicas? ¿Obligándolos a excluir el contenido que ellos revisaron bajo amenaza de multas o bloquearlos en el país? Dejando de lado los problemas legales de intervenir el internet, la complejidad técnica lo hace inviable.
Nuevamente, no se trata de dudar de las buenas intenciones de quien propone el proyecto o quienes lo apoyan, pero aceptar ocurrencias nos pone en riesgo de aprobar leyes problemáticas que no se pueden ejecutar o que provocarían exactamente lo contrario de lo que buscan (reducir la demanda de ese contenido).
Si le damos el poder al Estado de prohibir ese tipo de contenido audiovisual, ¿qué sigue? ¿Prohibir contenido “violento” como peleas tipo MMA, anime y otros? ¿Prohibir los conciertos de música “violenta”? ¿Prohibir las series de crímenes? ¿Bloquear a ciertos artistas en Spotify?
Sumado a las claras violaciones a las libertades individuales que persigue, la efectividad de un proyecto como este está claramente en duda y su ejecución es simplemente inviable. Debemos dejarnos de ocurrencias y enfocarnos en soluciones reales para los problemas del crimen organizado.
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