Cinco personas están detenidas a la espera de que se programe la audiencia de solicitud de medidas cautelares.
La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ordenó la detención de dos personas más por presuntas irregularidades en la emisión de permisos forestales.
Una de las personas es de apellidos Salas Rodríguez y otra apellidada Camacho Calvo.
En mayo anterior, Salas Rodríguez, quien es ingeniero forestal y funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, aseguró a CrHoy que la tala de árboles en la zona de Manzanillo estaba en regla, recordó el medio de comunicación.
Tras las capturas, el Ministerio Público tomó la declaración indagatoria a los imputados y los puso a las órdenes del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
Por este caso la Fiscalía detuvo el día de ayer a tres personas más de apellidos Pacheco, Campbell y Cruz. Ellos son investigados por prevaricato, influencia contra la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso, según el expediente 24-00003-0611-PE.
Los cinco continúan detenidos a la espera de que se programe la audiencia de solicitud de medidas cautelares.
Las capturas se realizaron tras allanamientos en oficinas del Sistema Nacional de Conservación en Heredia y el Área de Conservación La Amistad-Caribe en Limón, así como en residencias en Cahuita, Limón, Sarapiquí y Curridabat.
La investigación se centra en una finca propiedad de Playa Manzanillo, S.A., en el cantón de Talamanca. Se sospecha que hubo irregularidades en la emisión de permisos de aprovechamiento forestal, con el presunto objetivo de cambiar el uso de suelo en áreas de bosque y humedales para desarrollar infraestructura urbanística.
Desde hace varios meses organizaciones han denunciado una cuestionada tala irregular de árboles en una propiedad ubicada en Manzanillo de 3,5 hectáreas de superficie. La propiedad que es talada forma parte de 188 hectáreas que debieron ser reintegradas antes de julio de 2020 al refugio según ordenó una sentencia de la Sala Constitucional en 2019.
Esta situación se encuentra bajo investigación por la Fiscalía Adjunta Ambiental del Ministerio Público desde mayo del presente año.
