Durante la administración Chaves Robles, sectores han señalado un descuido de la Dirección de Camcio Climático.
El diputado oficialista, Manuel Morales Díaz, presentó un proyecto (expediente 24300) que busca darle rango de ley a la Dirección de Cambio Climático (DCC), a través de la creación de la "Ley para la resiliencia climática de Costa Rica: Y creación de la Dirección de Cambio Climático".
La DCC es la dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) encargada de coordinar y gestionar la política pública climático en Costa Rica y fue creada en 2010 mediante Decreto Ejecutivo Nº 35669.
Ahora la propuesta busca establecerla vía ley y de esta manera darle seguridad a su funcionamiento de forma económica y logística.
Durante la administración Chaves Robles, sectores de la sociedad civil han señalado un descuido de la DCC y donde sufrió una "transformación silenciosa" que la llevó de ser un centro de liderazgo climático a una oficina de poco involucramiento que maneja muchos proyectos de cambio climático. Incluso durante 2023 pasó seis meses sin jerarca, hasta que enero del presente año Adriana Bonilla asumió como nueva encargada.
Además, en esta misma gestión, el Gobierno ha bajado su perfil en las conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) en las que antes se tenía un rol protagonista.
En declaraciones a Delfino.cr Morales Díaz dijo que es urgente desmentir los argumentos que fortalecen la dicotomía entre la conservación del ambiente y el progreso económico.
La Dirección de Cambio Climático del Minae juega un papel crucial en la formulación e implementación de políticas y estrategias destinadas a abordar el cambio climático en el país, reconociendo el contexto mundial y que la resiliencia climáticas se ha establecido como un pilar fundamental para la supervivencia de nuestra sociedad".
Las funciones de la DCC serán las mismas que existen actualmente. Entre ellas están:
- Coordinar y gestionar la política pública de cambio climático, promoviendo la integración de una agenda intra-ministerial de cambio climático en sus distintas dimensiones
- Apoyar al Ministro o Ministra Rectora en la ejecución de la agenda prioritaria a nivel nacional e internacional de cambio climático.
- Ejercer la focalía de la Convención Marco de Cambio Climático en sus distintos ámbitos y apoyar al ente rector en el proceso de negociación bajo la Convención y sus instrumentos.
- Fungir como Secretaría Técnica del Mercado Doméstico de Carbono y sus estructuras.
- Diseñar y administrar el Registro de Créditos de Carbono y/o Unidades de Compensación que se generen o transen en el territorio costarricense con el fin de evitar la doble contabilidad y establecer los vínculos con el Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático (SINAMECC).
- Coordinar e impulsar la implementación del Programa País Carbono Neutralidad con los diversos actores y sectores del quehacer nacional y de otros programas que se generen para consolidar la implementación de la acción climática.
- Promover espacios de participación multisectorial que fomenten el involucramiento del sector privado, sector público, academia y sociedad civil en la acción climática.
- Implementar un programa integrado de manejo costero destinado a preservar los ecosistemas y proteger los centros poblados ubicados en las áreas más vulnerables, mediante implementación de medidas de adaptación, cuando sea posible y relocalización de personas afectadas por desplazamiento interno por cambio climático, en coordinación con la CNE y las instituciones del sector social, cuando sea necesario.
- Promover formas novedosas de financiamiento climático a partir de carbono azul, carbono en suelo, entre otras.
Adicionalmente, el proyecto tiene como objetivo establecer las bases para la acción climática en Costa Rica, abordando la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la adaptación a los impactos del cambio climático, y la promoción de prácticas sostenibles en todos los sectores permitiendo reducir la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Costa Rica en la materia.
El texto de ley señala que cuando exista peligro o amenazada de daños inminentes, la ausencia de datos científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas para prevenir o reducir los efectos adversos del cambio climático y mitigar la emisión de GEI.
Además de que la gestión del cambio climático priorizará aquellas medidas que, siendo eficaces para la mitigación y adaptación, sean las que representen menores costos económicos, ambientales y sociales.
La iniciativa señala que es deber del Estado procurar una justa asignación de cargas, costos y beneficios, resguardando la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, con enfoque de género y especial énfasis en sectores, territorios, comunidades y ecosistemas vulnerables al cambio climático.
Asimismo resalta que la gestión del cambio climático no podrá ser modificada cuando se comprometan los objetivos de mitigación o adaptación establecidos o cuando ello implicare retroceder en los niveles de protección ambiental alcanzados o establecidos previamente.
La propuesta también crea el Comité Técnico Interministerial de Cambio Climático, como un órgano asesor y de apoyo al Minae Este sería conformado por el Minae, la DCC, y los ministerio de Obras Públicas y Trasnportes; Agricultura y Ganadería; Ciencia y Tecnología; Hacienda; y de Planificación Nacional y Política Económica.
Entre las funciones de la comité están apoyar la generación de insumos técnicos que posibiliten la aplicación de las propuestas de política pública de cambio climático.
También apoyar a la DCC en el seguimiento técnico para la implementación y ejecución de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, Programas, Procesos y otras iniciativas a nivel nacional o internacional.
Además de brindar el apoyo técnico en la preparación de las posiciones del país en los temas relativos al cambio climático.
Así como asegurar la inclusión de la variable de cambio climático en las políticas, planes y proyectos de sus respectivos ministerios, así como en los créditos, empréstitos, donaciones e inversiones que realicen o reciban.
Morales Díaz recordó que Costa Rica no está exenta de los impactos devastadores del calentamiento global y el cambio climático.
Es fundamental fortalecer esta capacidad en Costa Rica para garantizar la protección de nuestros recursos naturales, de la seguridad nutricional y económica de nuestras comunidades y el bienestar en general. En la lucha contra el calentamiento global se ha vuelto imperativo a reconocer y aprovechar el papel fundamental de la naturaleza en el desarrollo económico sostenible".
Su financiamiento
Sobre la parte financiera el proyecto indica que el Sistema Bancario Nacional podrá abrir una cartera crediticia de cambio climático destinada a financiar algunos costos asociados a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, desarrollo de tecnologías, prácticas y procesos ambientalmente limpias, medidas de adaptación y otro tipo de acciones mediante créditos a una tasa de interés preferencial.
Además, el Estado promoverá los incentivos financieros para aquellas acciones que reduzcan la vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático y que promuevan el uso de las tecnologías limpias. Añaden que se evitará el uso de tecnologías y fuentes contaminantes para lo cual se formularán los programas fiscales y financieros respectivos.
El oficialista agregó que el Estado promoverá incentivos no fiscales como reconocimiento por la contribución al mejoramiento del desempeño ambiental asociado al cambio climático y la reducción de la vulnerabilidad a los efectos adversos de este.
Morales Díaz plantea que el Estado costarricense en cada presupuesto ordinario y extraordinario deberá incluir una cuantificación separada específica en cada institución y período, a la materia de adaptación y mitigación del cambio climático.
También se autoriza a que el sector público y privado podrán cooperar con la DCC, quién podrá recibir donaciones. La ley autorizaría al sector público a que destinen recursos de sus presupuestos para el mantenimiento de la dirección.
El expediente propone que las entidades públicas que realizan investigación científica, deberán diseñar planes la gestión de riesgo, vulnerabilidad, mejorar la adaptación y contribuir a la reducción de GEI. Por ejemplo, señala que "las universidades estatales y los centros científicos del país, promoverán la
investigación en materia de cambio climático en colaboración con otras instituciones estatales".
Para finalizar, el proyecto establece que todas las instituciones públicas deberán contar con planes de reducción de vulnerabilidad, adaptación y mitigación al cambio climático, los cuales deberán ser revisados y actualizados cada dos años.