El presidente de la Comisión de Gobierno y Administración, Fabricio Alvarado Muñoz, le arrebató al oficialismo más de 51 horas de posible obstrucción al proyecto de ley criticado por el Poder Ejecutivo que pretende actualizar el impuesto que pagan quienes poseen frecuencias de radio y televisión, y cuyos montos han estado invariables desde el año 1954.
Luego que el presidente Rodrigo Chaves Robles y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes Zamora dijeran la semana pasada que estaban en contra de los montos que pagarían los concesionarios de las frecuencias por concepto de impuesto, la bancada oficialista presentó 85 mociones de fondo en contra de la iniciativa con miras a bloquear su avance en la comisión presidida por el diputado de Nueva República.
Por cada moción los oficialistas firmantes podían hacer uso de la palabra por 15 minutos; luego, dos de ellos podían hablar 15 minutos a favor cada uno, y otros dos podían hablar en contra de la moción por 15 minutos cada uno; para un total de 75 minutos (1 hora 15 minutos) por moción, lo que se traducía en que para poder agotar esas mociones harían falta 6375 minutos, equivalentes a 106 horas y 15 minutos, un aproximado de 106 sesiones de comisión dedicas exclusivamente a ver ese proyecto.
Sin embargo, Alvarado emitió el martes una resolución ordenando agrupar mociones idénticas o razonablemente equivalentes en 30 grupos, lo que generó malestar en el oficialismo. Según la resolución del neorepublicano, 41 de las 85 mociones no podrán discutirse de forma individual, cercenándole al oficialismo 3075 minutos (51 horas 15 minutos) de bloqueo al proyecto de ley.
Paola Nájera Abarca, Daniel Vargas Quirós (miembros de la comisión) y Pilar Cisneros Gallo (visitante de la comisión) protestaron ante la resolución y anunciaron que apelarían, criticando que Alvarado fundamentara la medida en decisiones similares adoptadas a proyectos como el de crimen organizado o el de jornadas 4x3, donde se presentó una cantidad aún mayor de mociones, y bajo un procedimiento especial abreviado, que no es el caso de esta iniciativa.
Daniela Rojas Salas de la Unidad y Carolina Delgado Ramírez de Liberación defendieron la resolución de Fabricio Alvarado, señalando que muchas de las mociones eran exactamente iguales a otras, y que lo único que cambiaba era quiénes la habían firmado.
Delgado inclusive recordó que a ella le aplicaron el mismo procedimiento de agrupar mociones en el trámite de la ley contra el crimen organizado que objetaba, con algunos casos como que para un grupo de 30 mociones solo pudo hablar por una de ellas.
A mí me agruparon en grupos de hasta 33 mociones, para lo cual solamente tuve 15 minutos como proponente y 15 minutos para hablar a favor por 33 mociones. (...) Lo que tenemos que garantizar es el derecho a enmienda que tienen los diputados, y eso es algo que se ha hecho en “n” cantidad de oportunidades.
Cristina Ramírez Chavarría, funcionaria del Departamento de Servicios Técnicos respaldó la resolución y dijo que no era una posición arbitraria: "está fundamentada en procedimientos que han sido revisados ante la Sala Constitucional, y que la Sala Constitucional ha avalado para el trámite en esta Comisión, y en cualquiera de los otros órganos del Plenario legislativo, que —como ustedes mismos, algunos diputados, han indicado— se han agrupado mociones en diversas comisiones de esta Asamblea Legislativa".
El oficialismo apeló la resolución de Alvarado este miércoles, sin embargo, la perdió, de modo que solo podrá hablar por 44 mociones (14 no agrupadas, más una por cada grupo hecho), para un total de 3300 minutos o el equivalente a 55 horas. El plazo podría ser incluso menor si se descuentan los 1320 minutos destinados a hablar en contra de las mociones, pues quien propone la moción o habla a favor de ella no puede luego emplear el tiempo para hablar en contra de la propuesta.
De este modo, el tiempo para el oficialismo se reduciría a 1980 minutos, o el equivalente a 33 horas de bloqueo al proyecto.
La iniciativa no continuó su trámite este miércoles en la comisión pues se aprobó posponerlo para pasar a otros asuntos sobre los cuales había ciudadanos presentes en la barra del público.
Breves
— Con un procedimiento cuestionable, el plenario ratificó con 34 votos a favor y 13 en contra a Carlos Watson Carazo y Federico Chacón Loaiza como miembros titulares, y a Ana Eugenia Rodríguez Zamora como miembro suplente, todos del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). El oficialismo, el Liberal Progresista, el Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana apelaron la decisión de Rodrigo Arias de hacer una única votación para los tres nombres, cuando la costumbre parlamentaria era votar cada nombre de forma independiente. Sin embargo, la apelación fracasó con 26 votos en contra versus 24 a favor. Liberación Nacional, Nueva República, Jorge Dengo del PLP y Alejandro Pacheco del PUSC votaron en contra de la apelación.
— La Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor dictaminó afirmativamente el expediente 23.718 "Ley marco para prevenir y atender los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA)" y el expediente 23.745 "Reforma a la Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, Ley N.° 9379 de 18 de agosto de 2016".
— La Comisión de Honores dictaminó afirmativamente el expediente 23.889 "Benemeritazgo de las Letras Patrias al profesor Uladislao "Lalo" Gámez Solano", el expediente 24.223 "Declaración de ciudadano distinguido al señor Dionisio Cabal Antillón" y el expediente 24.228 "Declaratoria de Ciudadano Distinguido al sacerdote católico padre Sergio Valverde Espinoza".
— La Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo dictaminó afirmativamente el expediente 23.374 "Autorización al Estado para que mediante donación traspase a favor de la Municipalidad de Alajuela un terreno de su propiedad" y el expediente 23.432 "Ampliación de las competencias municipales en la regulación de centros de recopilación de materiales y en la recolección de vehículos en abandono, dentro de los cantones".
— La Comisión de Asuntos Hacendarios rechazó el expediente 23.361 "Ley de ajuste a la regla fiscal, reforma a la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018, y sus reformas" y el expediente 23.133 "Ley para Eliminar los Abusos en el Impuesto Único de los Combustibles". Por el contrario, dictaminó afirmativamente el expediente 24.257 "Tercer Presupuesto Extraordinario de la República y Segunda Modificación Legislativa a la Ley No. 10.427, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico de 2024".
— La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó afirmativamente el expediente 23.447 "Adición de un inciso c) al artículo 1 y de un nuevo inciso e) al artículo 4) ambos de la Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ley 6054 del 14 de Junio de 1977 para la consolidación del sector de ferias y la creación de la Política Nacional de Ferias".
— La Comisión de Asuntos Sociales dictaminó afirmativamente el expediente 23.426 "Ley para favorecer el análisis científico de sustancias psicoactivas para la formulación de políticas sanitarias de prevención y alerta temprana".