Desde el 2019 el Tribunal Contencioso sugirió que el Estado expropie los terrenos, que son privados
Personeros del Ministerio de Educación Pública (MEP) fueron cuestionados este lunes en la Comisión de Heredia de la Asamblea Legislativa por no expropiar los terrenos propiedad de la Fundación Conservatorio Castella, sobre los cuales se encuentra edificado el Conservatorio Castella y el Teatro Arnoldo Herrera.
Anna Katharina Müller Castro, ministra de Educación compareció junto con el viceministro José Leonardo Sánchez Hernández, y la directora de Infraestructura Educativa del MEP, Lourdes Sáurez Barboza para referirse a la situación en que se encuentra el centro educativo tras la venta por parte de la Fundación Conservatorio Castella del terreno sobre el cual se edificó el Teatro Arnoldo Herrera y las acciones que el MEP ha tomado producto de esa venta.
El diputado frenteamplista, Ariel Robles Barrantes manifestó su preocupación por la aparente falta de acciones concretas para salvaguardar el terreno del Conservatorio, el cual, según sus argumentos, alberga a estudiantes menores de edad y debería considerarse de interés público. En su intervención inicial, Robles hizo hincapié en la necesidad de conocer qué medidas se habían tomado desde que se conoció la venta del terreno y qué acciones legales se estaban considerando para proteger los intereses de la comunidad educativa.
En respuesta, la ministra Müller recordó que el terreno siempre ha estado registrado a nombre de una fundación (privada) y señaló que el Ministerio no estaba buscando simplemente un lugar donde reubicar el colegio, sino una solución que garantizara la seguridad y el bienestar de los estudiantes y del personal docente del Conservatorio.
Asimismo Müller señaló que el terreno presentaba ciertos problemas, como el riesgo de aludes, lo cual justificaba la búsqueda de una alternativa más segura y adecuada para la comunidad educativa. Sin embargo, mientras ella hacía esas afirmaciones respecto a presuntos problemas del terreno, la directora de Infraestructura Educativa hacía expresiones que mostraban que estaba en desacuerdo con lo que la jerarca estaba indicando.
De hecho, más adelante Sáurez Barboza señaló que el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme-UCR) analizó el terreno y descartó riesgo deslizamientos en el lugar.
Sáurez Barboza confirmó que el MEP no ha invertido en infraestructura en el Castella debido a que el terreno no es de su propiedad, sin embargo, destacó que se había recibido una donación de aulas académicas en el pasado y que se ha trabajado en colaboración con la comunidad para mejorar las condiciones del centro educativo.
Tanto Sáurez como Müller pusieron en duda la efectividad rápida de una expropiación, señalando que ese proceso podía tardar años:
No sé, podría ser que sí. Yo tengo un asesor legal aquí y él ha estado revisando eso, la posibilidad de una expropiación. Ahora, eso requiere invertir en recursos, invertir en tiempo. Mientras tanto, estamos buscando un plan B para tener una mejor opción, porque este es un tema que va a tardar años y no sabemos si vale la pena sacrificar a los estudiantes tanto tiempo, no sé cuánto puede durar una expropiación, pero no es algo que va a suceder en dos meses. Entonces, lo hemos estado valorando para ver cuánto más estrés se le va a generar a los estudiantes y a los docentes pensando que en cualquier momento puede salir con que se vendió hasta el centro educativo.
—Ministra de Educación.
La afirmación de Müller llevó a que el diputado Horacio Alvarado Bogantes de la Unidad Social Cristiana compartiera su experiencia previa como alcalde de Belén y enfatizara la viabilidad de la expropiación como una solución rápida y efectiva, basándose en casos anteriores en los que había participado:
De acuerdo a la nueva ley, no [va a tardar años]. Para hacer un puente en Belén nosotros tuvimos que expropiar y la expropiación duró dos meses. Entonces, vamos a ver.... si ya están recibiendo clases y cuando hicieron la estructura tuvieron que hacer todo ese análisis, ¿por qué no expropian? ¿Para qué comprar una propiedad para construir cuando ya eso está construido?
Müller reiteró la disposición del Ministerio a considerar la opción de la expropiación a raíz del señalamiento de que el proceso ahora es más rápido, aunque subrayó la necesidad de evaluar todas las implicaciones y posibles consecuencias de esta medida.
La diputada Kattia Rivera Soto del Partido Liberación Nacional reafirmó que el terreno actual donde se ubica el Castella no presenta problemas, y contó que aunque inicialmente se creía lo contrario, lo cual condujo a la búsqueda de una ubicación alternativa para trasladar el colegio y esa fue una cuestión que utilizó durante su campaña política para acceder al Congreso, tras una revisión más detallada se determinó que no existían los inconvenientes previamente mencionados.
Rivera dijo que si bien en este momento hay recursos disponibles para comprar el terreno (1600 millones de colones), calificó la idea de expropiar como "dejar que los malos se lleven esto y ganen" e insistió en qué acciones jurídicas iba a tomar el MEP para abordar "el ornitorrinco jurídico" en el que se encuentra el colegio, con una finca privada y estructuras construidas con fondos públicos.
Y perdón que haga el calificativo, pero es que si sabemos que la fundación está tratando de apropiarse de cosas —que sí, están a nombre de la fundación, estamos claros, no está a nombre del MEP—... ¡Pero por Dios! Siempre ha funcionado como un colegio público donde el MEP siempre ha tenido relación, donde le ha pagado a los docentes, donde, insisto, se llama Liceo Conservatorio de Castella. Liceo, o sea, es público.
La ministra Müller señaló que dada la acción legal de la Junta Administrativa del Castella contra la Fundación y el Estado (que está a la espera de ser resuelta por la Sala Primera), "no podemos tomar ninguna acción legal en este momento. Por eso es que nosotros estamos en proceso de revisar qué vamos a poder hacer, pero hasta que no se resuelva eso, no podemos tomar acción legal".
La directora de Infraestructura Educativa del MEP, Lourdes Sáurez Barboza recordó que inicialmente pidieron a la fundación que les donaran los terrenos, sin embargo, esta se negó y no pueden obligarla por disposición de la Sala Constitucional.
El diputado Ariel Robles Barrantes citó un extracto de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del año 2019 que le señaló al Estado que dado que las fincas donde está el Castella son privadas, pero el colegio es público, lo que correspondía era que hiciera una expropiación:
O sea, el mismo juez que hoy está en ese procedimiento le dijo al Estado: 'se equivocaron de figura y de procedimiento, aquí lo que corresponde es una expropiación'. Entonces, esta lectura y este planteamiento que les hago aquí, lo hago porque quiero secundar lo que plantea el diputado Horacio Alvarado, aquí está Pedro [Rojas, PLN] que también fue alcalde, yo fui regidor: las municipalidades utilizan la ley de expropiaciones todos los años, todos los años, y el procedimiento es más expedito que lo que era antes.
Robles dijo que lo que le preocupaba de una expropiación era el legitimar el que en fincas privadas se invirtieran recursos públicos, pero que "ante la calentura del momento" había que encontrar una alterantiva.