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Paraguay destituye a Santiago Peña y Pedro Alliana asume la Presidencia

Un juez ordenó mantener al exmandatario detenido en una base militar mientras la Fiscalía lo investiga por delitos vinculados al colapso de Ueno Bank, que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas.

El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, asumió la Presidencia del país después de que el Senado destituyera el viernes 6 de noviembre a Santiago Peña por mal desempeño de sus funciones, en medio de la crisis política y financiera provocada por el colapso de Ueno Bank.

Los 44 senadores presentes votaron a favor de remover a Peña, quien se convirtió en el segundo presidente paraguayo destituido mediante un juicio político desde el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989. Horas después, Alliana prestó juramento ante el Congreso y asumió el cargo para completar el periodo presidencial que termina en agosto de 2028.

El Congreso paraguayo eligió posteriormente al senador Antonio Barrios como nuevo vicepresidente. Barrios renunció previamente a su escaño y fue elegido por unanimidad mediante votación a mano alzada, según informó el Senado de Paraguay.

Alliana asumió con la devolución de los ahorros afectados por la crisis bancaria como una de sus primeras prioridades. Durante su discurso de juramentación aseguró que ordenaría acciones inmediatas para atender a los depositantes y afirmó que la transparencia sería "innegociable" durante su gestión.

Peña queda detenido en una base militar

La salida de Peña de la Presidencia estuvo acompañada por el avance de una investigación penal. La Fiscalía paraguaya lo imputó este sábado por lesión de confianza y administración en provecho propio, delitos relacionados con el manejo de Ueno Bank y la colocación de recursos públicos en la entidad.

La Fiscalía solicitó prisión preventiva y el congelamiento de sus bienes. Posteriormente, el juez Humberto Otazú ordenó que el expresidente permanezca detenido en una base militar mientras continúa la investigación. Los fiscales señalaron que Peña podría enfrentar hasta 20 años de prisión si eventualmente resulta condenado por ambos delitos, según informó Associated Press.

Peña negó haber cometido irregularidades. Antes de su destitución presentó su renuncia a la Presidencia, pero el Congreso decidió continuar con el juicio político. Legisladores opositores defendieron esa decisión porque una salida mediante renuncia podía tener consecuencias distintas sobre las inmunidades que podría recibir como expresidente.

Una crisis bancaria que alcanzó al Gobierno

La crisis comenzó el martes 3 de noviembre, cuando las autoridades financieras intervinieron Ueno Bank debido a problemas de solvencia. La decisión dejó temporalmente sin acceso a sus cuentas, tarjetas y ahorros a casi tres millones de clientes, una cantidad equivalente a aproximadamente la mitad de la población paraguaya.

El banco había crecido rápidamente durante los últimos años y recibió más de 800 millones de dólares en fondos públicos. Entre los cuestionamientos examinados por el Congreso figura la colocación de unos 355 millones de dólares del sistema público de pensiones en la entidad y la relación previa de Peña con el grupo empresarial vinculado al banco.

Los legisladores acusaron al ahora expresidente de utilizar su influencia política para favorecer el traslado de recursos públicos hacia Ueno mientras los organismos reguladores no actuaban frente a operaciones consideradas riesgosas. Peña rechazó esas acusaciones.

La investigación penal sobre el caso es más amplia que la causa contra el expresidente. La Fiscalía abrió expedientes derivados de denuncias contra decenas de funcionarios y exfuncionarios, y Alliana figura entre las autoridades mencionadas en una de esas investigaciones. Hasta este sábado no se había informado de una imputación penal contra el nuevo mandatario.

Paralelamente, las autoridades comenzaron a devolver parte de los recursos congelados. El Banco Central informó este sábado que 1,2 millones de clientes ya habían recibido reembolsos parciales o completos y señaló que la legislación paraguaya garantiza depósitos de hasta unos 37.000 dólares.

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