El plenario de la Asamblea Legislativa avanzó este lunes la redacción final del proyecto de ley que prohíbe comprar en efectivo bienes registrables (como vehículos o propiedades) cuyo costo supere los 10 mil dólares, desatando una discusión entre el Liberal Progresista y el Frente Amplio sobre si una medida de ese tipo estaría ilegalizando las transacciones con criptomonedas.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 20.438, fue propuesta por las bancadas de Acción Ciudadana y Frente Amplio en el periodo constitucional 2014-2018 como resultado de la evaluación realizada a Costa Rica en julio 2015 por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organismo que es la sede regional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tiene como mandato fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Este lunes el plenario debió conocer las mociones de reiteración que fueron presentadas, es decir, mociones rechazadas en comisión sobre las cuales se insistió en el plenario para que fueran consideradas y aprobadas. La primera, suscrita por el Frente Amplio, pretendía que la obligación de hacer la transacción a través de una entidad del Sistema Financiero Nacional fuera siempre obligatoria, independientemente del monto, sin embargo solo la bancada de izquierda así como los liberacionistas José Joaquín Hernández y Monserrat Ruiz Guevara votaron a favor.
La segunda moción, que sí logró ser aprobada, dispone que cualquier transacción que implique el traspaso de bienes muebles e inmuebles, y que incluya uno o más pagos en efectivo entre el comprador y el vendedor, deberá hacerse mediante el sistema financiero nacional si el monto total en efectivo iguala o supera los 10.000 dólares estadounidenses (5.000.000 colones o su equivalente en otras monedas) en un mes calendario, incluso si esos pagos se dividen en cantidades menores a lo largo del mes pero suman 10.000 dólares o más.
Con esa redacción se deja de lado la fórmula que estaba vigente en la versión anterior del proyecto, que disponía que la limitación de pagar en efectivo sería cuando tratándose de bienes muebles estos costaran el equivalente a 40 salarios base mensual del Oficinista 1 que aparece en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República (12.172.000 colones este 2024); y tratándose de bienes inmuebles sería el equivalente a 250 salarios base mensual (76.075.000 colones).
La bancada de la Unidad Social Cristiana y el Liberal Progresista votaron en contra de la moción. Los liberales Johana Obando Bonilla y Gilberto Campos Cruz señalaron respectivamente que la moción ilegalizaría el pago mediante criptoactivos, y que el umbral de 10.000 dólares se estaba tomando de una recomendación del GAFI sobre la cantidad de efectivo que podía movilizarse de un país a otro; no sobre el monto que debía limitarse como pago en efectivo.
La bancada del PUSC no hizo uso de la palabra.
Según el texto acordado hasta el momento, además de cumplir con las regulaciones sobre el umbral de transacción en efectivo, los comparecientes (comprador y vendedor) deberán declarar bajo juramento la forma de pago y proporcionar detalles sobre el origen de los fondos utilizados en la transacción. Si la transacción alcanza el umbral establecido, el pago deberá realizarse a través de instituciones financieras supervisadas según lo establecido en la ley.
Asimismo, el notario público que autorice el traspaso de acuerdo con esas disposiciones deberá hacer constar en el instrumento público los detalles relevantes, incluido el cumplimiento de las regulaciones sobre el pago en efectivo.
Finalmente se establece que el Registro Nacional cancelará el registro de los instrumentos públicos que no cumplan con los requisitos establecidos en esta nueva legislación.
Una moción de revisión para reconsiderar la aprobación de la moción del FA fue rechazada. El proyecto no llegó a votarse por el fondo en primer debate por lo que quedará para una próxima sesión.
Breves
— Con 46 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 21.160 "Reforma Integral a la Ley del Sistema Nacional para la Calidad, Ley N° 8279". La intención es garantizar servicios de calidad en materia de seguridad, comercio, salud y medio ambiente para las empresas tanto públicas como privadas.
— El diputado Jorge Eduardo Dengo Rosabal, electo por la provincia de San José con el Partido Liberal Progresista anunció este lunes su decisión de renunciar al escaño legislativo una vez finalice el último periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea el 30 de abril de este año y una vez se haya electo el directorio que liderará el Congreso para el periodo 2024-2025 el 1 de mayo. A través de una publicación en sus redes sociales y posterior comunicado de prensa de la fracción del PLP, Dengo de 50 años de edad citó como razón para dar un paso al lado "un tema de salud que afecta a mi núcleo familiar". El escaño será ocupado por Cynthia Córdoba Serrano de 51 años de edad.
— El Frente Amplio informó que desde este 1 de abril su jefatura de fracción estará ocupada por Antonio Ortega Gutiérrez mientras que la subjefatura la tendrá Rocío Alfaro Molina. Aunque este cambio por lo general rige a partir del 1 de mayo, la bancada señaló que el cambio por adelantado tiene como fin que Ortega se encargue de las negociaciones previas a la elección del Directorio Legislativo.
— José Pablo Sibaja fue electo "por unanimidad" como nuevo jefe de fracción de Nueva República a partir del 1 de mayo, sucediendo a Fabricio Alvarado Muñoz quien ocupó el cargo los primeros dos años. La subjefatura aún no ha sido definida.
