A las agrupaciones les preocupa la incertidumbre y la tendencia en las decisiones políticas ambientales del gobierno.
Una serie de organizaciones y colectivos señalaron una falta de transparencia del Gobierno en materia ambiental y en compromisos climáticos adquiridos por el Estado Costarricense.
A través de una solicitud, enviada al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) en setiembre de 2023, pidieron una actualización de datos e información pública relacionada a la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) que Costa Rica publicó en 2020 y que reúne las políticas públicas sobre clima que el país planea implementar entre 2021 y 2030.
En detalle, solicitaron información sobre las NDC en las áreas: movilidad y transporte, desarrollo y ordenamiento territorial, energía, bosques y biodiversidad terrestre, océanos, recurso hídrico y biodiversidad azul, acción para el empoderamiento climático, finanzas, políticas estrategias y planes.
En este documento voluntario Costa Rica se comprometió a que, por ejemplo, para antes de 2030 contaría con un Tren Eléctrico de Pasajeros en el Gran Área Metropolitana, impulsado por energía eléctrica renovable.
Además, fijaron para el año 2022 que el Tren Eléctrico Limonense de Carga (Telca) estaría en operación. Tal situación no ocurrió e incluso el presidente Rodrigo Chaves retiró su apoyo al proyecto.
Otra meta que se encuentra estancada es la ratificación del Acuerdo de Escazú, documento que el Gobierno actual dijo no apoyar y que las diputaciones de la Asamblea Legislativa decidieron archivar.
Tras no obtener respuesta del Minae, las agrupaciones, que conforman el Comité Estratégico de Participación e Incidencia de Jóvenes, decidieron interponer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, en el que reclamaron el acceso a la información pública. Este fue declarado con lugar el 11 de diciembre de 2023.
Dato D+: El Comité Estratégico de Participación e Incidencia en Política Climática está compuesto por: La Ruta del Clima, Federación de la Universidad Nacional de Costa Rica (Feuna), World’s Youth for Climate Justice (WY4CJ), Diwo Ambiental, Red de Jóvenes por el Agua (RJXA), Río Urbano, Fundación Orgánica y la Asociación Belén Sostenible.
En cumplimiento a la orden de la Sala, la cartera de Ambiente y Energía brindó respuesta a las preguntas apenas unos días después.
Luego de ser analizadas por el Comité, sin embargo, consideraron que contestación del Gobierno a la solicitud de información es insuficiente.
Detallaron que en la mayoría de áreas consultadas, lo entregado por el Minae carece de datos concretos, además de que también se dejaron preguntas sin responder.
Por ejemplo, no brindaron especificaciones sobre decretos de incentivos en transporte eléctrico, tampoco se responde a preguntas específicas sobre los avances en alternativas para una generación eléctrica 100% renovable, entre otras cosas.
Adrián Martínez de la Ruta del Clima, organización involucrada en la consulta, destacó que es un derecho para la ciudadanía acceder de forma ágil y transparente al estatus de la actualización de las NDC. Agregó que de esta manera la sociedad civil organizada puede ser considerada como ente para articular esfuerzos e impulsar la ambición climática costarricense.
Raquel Sagot, joven miembro del Comité y de la Fundación Orgánica, comentó:
Las juventudes urgimos al gobierno a ser transparente en cómo ejecuta sus compromisos climáticos internacionales, de cuya implementación depende el bienestar y el futuro digno de las generaciones presentes y futuras".
El Comité Estratégico de Participación e Incidencia de Jóvenes señaló que les preocupa la incertidumbre y la tendencia en las decisiones políticas del gobierno, que han manifestado posiciones que vulneran la integridad de los ecosistemas y por ende, el bienestar de las personas.
Algunas de estas posiciones que les alertan son la reactivación de la pesca de arrastre, el interés en la exploración y explotación de gas natural, ausencia de una jefatura en la Dirección de Cambio Climático (DCC), agenda clara y articulación con diferentes actores de sociedad civil para el trabajo conjunto, entre otros.
El Comité indicó a este medio de comunicación que continuarán el proceso de solicitud y los próximos pasos implican solicitar una reunión con la directora de la DCC, Adriana Bonilla.
