El año 2023 cerró con un récord de 907 homicidios dolosos, marcando así un aumento del 38.6% en comparación con el año 2022. Este dato histórico representa una realidad preocupante que demanda acciones concretas y efectivas por parte de todos los poderes de la república y nuestra sociedad.
Lamentablemente nuestro presidente una vez más usa la chota para desestimar los debates en torno a los proyectos de ley sobre seguridad que se acordaron en la mesa de diálogo entre supremos poderes. El presidente dice que las discusiones sobre la vulneración de garantías procesales y abusos punitivos en los proyectos de ley son “simples alcahueterías". En una democracia los debates son fundamentales para proteger el estado de derecho, defender los Derechos Humanos y para fortalecer el sistema judicial.
En palabras del presidente se trata de “diluir” las propuestas de seguridad planteadas por el ejecutivo. En concreto las discusiones propuestas por la magistrada Patricia Vargas González sobre el proyecto de ley (expediente 23.986) sobre la prisión preventiva buscan garantizar que se respeten los derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y nuestra constitución para evitar posibles abusos del poder punitivo y futuras sanciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por otro lado, Rodrigo Chaves aseguró en una entrevista para CNN que desde 1989 el sistema penal costarricense se ha debilitado y que esa es una de las razones por las que existe ahora un problema de inseguridad en el país. Olvida nuestro presidente que desde los noventa Costa Rica ha realizado reformas al Código Penal y Procesal Penal con el objetivo de aumentar penas y disminuir garantías esperando que estas tengan eficacia preventiva y disminuyan la criminalidad. Por ejemplo, la pena máxima de 25 a 50 años o los tribunales de flagrancia.
Si bien es importante mejorar la eficiencia del sistema judicial para cumplir con el mandato constitucional de “justicia pronta y cumplida” y para proteger a nuestra sociedad de la inseguridad, no se puede hacer vulnerando las garantías procesales o tipificando cualquier ocurrencia como delito.
La magistrada Sandra Zúñiga Morales nos recuerda que cuando se habla sobre el proceso penal hay que pensar que ese proceso podría aplicarle a cualquier persona incluyendo a parientes, amigas, amigos, madres, padres, hermanas o hermanos. No siempre que se denuncia la persona encausada es responsable y por eso deben existir garantías suficientes para asegurarse que quien es responsable penalmente ha cometido los hechos imputados.
En momentos en donde existe una crisis de seguridad, no podemos olvidar la importancia que tiene el abordaje preventivo para disminuir la violencia. En la Asamblea Legislativa escuchamos propuestas sobre la construcción de nuevas cárceles, mientras observamos como el Poder Ejecutivo sigue disminuyendo la inversión social, lo cual refleja una visión punitivista y autoritaria de como abarcar la problemática. Para resolver la situación de inseguridad necesitamos un enfoque integral que no solo busque castigar el delito, sino prevenirlo abordando sus causas.
El derecho penal termina siendo siempre el receptor de todas las exigencias en materia de seguridad. Este gobierno prueba esta afirmación al realizar solamente propuestas desde lo punitivo dotándolas de una idea de eficacia que en la práctica no logra disminuir la violencia.
Los acuerdos generados en la mesa de diálogo entre los supremos poderes son un paso positivo, pero deberían incluir también la participación de diversos sectores sociales. El diálogo y la colaboración son fundamentales para encontrar soluciones sostenibles en el tiempo a la inseguridad que estamos viviendo.
Como sociedad debemos comprender que la mera rapidez con la que se aprueban los proyectos de ley no resolverá o disminuirá la criminalidad. Debemos abordar los problemas de fondo, incluyendo la inversión social y una revisión integral de nuestras políticas sobre drogas. El subdirector del OIJ, Michael Soto Rojas, también ha mencionado la importancia de abordar la problemática por medio de la educación, la cultura y el deporte.
Desde mi punto de vista la situación actual exige que tomemos un enfoque integral que combine tanto medidas punitivas como políticas preventivas. Debemos además mantener un mayor respeto por las garantías y derechos del proceso penal para no caer en posibles autoritarismos. Solo a través de un esfuerzo conjunto entre los poderes del estado podremos construir una sociedad más segura y justa para todas las personas que vivimos en Costa Rica.
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