10.665 personas funcionarias recibieron el pago correspondiente al ajuste congelado en 2020

El Ministerio de Hacienda anunció esta noche que ya se ejecutó el pago del ajuste salarial del sector público congelado desde el 2020 a un primer grupo de 10.665 personas funcionarias.

Según informaron desde Hacienda, el desembolso para esas 10.665 personas representó la suma de 4650 millones de colones.

Las autoridades de gobierno señalaron que en las próximas semanas continuarán realizando el pago a las demás personas que estuvieran laborando en el sector público en el Gobierno Central en 2020 y se mantengan desde entonces en el sector público. Desde Hacienda esperan que para finales de abril se termine de realizar los pagos pendientes. Según informó Hacienda el primer pago corresponde al personal de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto; Economía, Industía y Comercio; Obras Públicas y Transportes; Trabajo y Seguridad Social; Justicia y Paz; Vivienda y Asentamientos Urbanos; Comercio Exterior; Ambiente y Energía; y Presidencia; así como personal de la Imprenta Nacional, el Tribunal del Servicio Civil y el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad.

Las personas funcionarias del sector público que han estado vinculadas al Gobierno Central desde el 2020 recibirían entre 360.000 y 420.000 colones dependiendo de su escala salarial, y no se aplica a personas que tengan salarios superiores a los 4 millones de colones.

Sobre este primer desembolso el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, señaló en un video circulado a la prensa:

El buen manejo de las finanzas públicas rinde sus frutos. Hemos empezado el pago del salario retroactivo, una deuda con los trabajadores desde 2019. Más de 10.000 funcionarios recibieron este pago y seguiremos en los siguientes días y meses honrando esta deuda. Importante aclarar, el impuesto sobre la renta será aplicado a cada uno de los periodos y no de manera acumulada. Esto asegurará que aquellos empleados públicos que podrían verse afectados si se hubiese acumulado, no lo serán y solamente habrá que hacerle los rebajos que correspondían a cada uno de los periodos. Es importante señalar que está afecto al pago de las cargas sociales, incluyendo el tema de las pensiones".

En octubre del 2022, el Poder Ejecutivo firmó el Decreto 3732-H-MTSS-MIDEPLAN, ordenando a las instituciones públicas que no hubieran aplicado a ese momento el ajuste salarial del 2020, que incluyeran dentro de su prepuesto para el año 2024 “los recursos presupuestarios necesarios para realizar el pago retroactivo del aumento salarial, para hacer efectivo dicho pago a partir del 2024”, pero el decreto señalaba que ese pago se materializaría "siempre y cuando se cumplan las condiciones de la regla fiscal dispuesta en el Título IV de la Ley No. 9635".

El Título IV de la Ley 9635 (conocido como regla fiscal) establece que cuando la relación deuda-Producto Interno Bruto supera el 60% no se pueden hacer ajustes salariales por costo de vida. Al momento en que se aprobó el ajuste salarial del 2020, el país no se encontraba en ese escenario, sin embargo, desde el 2021 sí lo está, y el ministro Acosta confirmó durante la conferencia de prensa que la relación deuda-PIB en 2023 cerró en 61,1%.

En setiembre del 2022 el Consejo de Gobierno destituyó al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos Chaves, debido a que la Junta Directiva de la CCSS había acordado descongelar el ajuste salarial del 2020.

Sobre la decisión de la Junta Directiva el mandatario cuestionó la legalidad del acuerdo y aseguró:

la junta directiva tiene que revisar ellos si cometieron un error, yo les aconsejo que lo hagan, no porque yo sea juez, pero yo conozco la Ley de Responsabilidad Fiscal y las sanciones son una destitución, que en este caso se aplicaría a toda la junta directiva si violaron la Ley de Responsabilidad Fiscal y los pronunciamientos de la Sala IV”.

Tras el anuncio de que este 2024 se estaría realizando el pago retroactivo del ajuste del 2020, las autoridades de Gobierno no se pronunciaron sobre el cambio en la decisión de descongelar el ajuste salarial del 2020 este año, a pesar de que la relación deuda-PIB del 2023 no cerró por debajo del 60%.