El diputado oficialista Manuel Morales Díaz denunció ante el plenario legislativo este lunes la ausencia de resultados de la comisión interventora impuesta por el Poder Ejecutivo en el Parque Nacional Manuel Antonio desde hace nueve meses.
En su espacio de control político el congresista josefino señaló que a pesar de que el gobierno intervino el parque nacional desde mayo del año pasado, a la fecha los dos grandes problemas que sufre esa zona protegida persisten: cantidad de visitas diarias por encima de los límites técnicos, y la acaparación y reventa de entradas por hasta 455% su costo real.
"Tenemos un tema urgente que atender en cuanto al funcionamiento de uno de nuestros mayores atractivos turísticos, el Parque Nacional Manuel Antonio, mismo que está catalogado como uno de los siete destinos imprescindibles para conocer Costa Rica. Si eso no es suficiente, esta playa fue seleccionada por Lonely Planet como una de las 100 mejores en todo el mundo, figurando como único destino de Centroamérica. Lo que tenemos en nuestras costas es un tesoro", señaló el legislador en su discurso.
Tras recordar que según National Geographic "Costa Rica es un pedacito de edén que ha estado libre de las historias convulsas de otros países de la región. Tiene como bandera la sostenibilidad, promueve el turismo responsable, invierte en infraestructuras de calidad y defiende la conservación de una flora y una fauna excepcionales que representa el 4 % de la biodiversidad mundial", el diputado agregó que la visitación de 400.000 personas al año a Manuel Antonio no representa el éxito que se esperaría.
Morales señaló que el 12 de mayo del año anterior, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia comunicó una condena al Estado por permitir que la visitación diaria al parque fuese un 267.9% mayor a su capacidad máxima, sin un estudio técnico que sustentara el tolerar esa diferencia, lo que violaba el derecho a un ambiente ecológicamente sano y equilibrado en la zona.
LEA: Sala IV condena al Estado por sobrevisitación al Parque Nacional Manuel Antonio
Tras la condena de la Sala, el Ministerio de Ambiente redujo a regañadientes la visitación máxima pero la misma, alegó el legislador, sigue por encima del recomendado técnicamente.
En esta línea podemos entender el fallo de la Sala, sin embargo, sabemos que el parque es la base donde se construye el desarrollo económico de la zona de Quepos y una intervención de ese nivel de golpe, condena también a las comunidades dependientes de este turismo. Ahora, ¿Qué está pasando actualmente? A pesar de que hace 9 meses se constituyó la comisión interventora del parque, en este momento no se han podido resolver ninguno de los 2 problemas mayores que afectan el funcionamiento del parque.
El legislador señaló que el gran problema del parque es la reventa de entradas. En ese sentido criticó que un mes después de integrada la comisión se anunciaron las primeras medidas para atender las necesidades del parque y que aunque la coordinación de la comisión solicitó modificar los parámetros para adquisición de entradas, de modo tal que los operadores turísticos con categoría de agencia de viajes del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) tuvieran un máximo de 50 reservas o compras al día, con 10 transacciones al día por tarjeta, estas medidas fueron temporales.
La realidad es que actualmente el mercado de reventa de estas entradas se encuentra a la libre. Las agencias tour operadoras se las ingenian y están adquiriendo hasta 500 entradas diarias para posteriormente revenderlas. Los que tenemos mayor afectación somos los costarricenses ya que es prácticamente imposible conseguir entradas. Pese a que cada tiquete oficialmente cuesta para un nacional ¢1600 y $18 para un extranjero, lo cierto es que son vendidas en el primer caso hasta a ¢10 000 y en el segundo caso se ha podido confirmar que los tiquetes a extranjeros están alcanzando hasta los $100.
Morales afirmó que este tema está afectando fuertemente a los comerciantes de la zona ya que debido a los precios exorbitantes de las entradas, los turistas tanto nacionales como extranjeros, deciden cancelar sus reservaciones de hospedajes y tours y destinar sus recursos hacia otras zonas turísticas del país.
"Por algunos revendedores que están estafando y robando a turistas nacionales y extranjeros, el resto de comerciantes honestos, dígase restaurantes, hoteles, operadores de actividades turísticas y servicios, incluso transportistas están viendo afectadas sus reservaciones y ventas de servicios", criticó.
El diputado finalizó haciendo un llamado de urgencia a las autoridades para que ofrezcan una solución pronta a la situación de manera que la visitación turística a la zona pueda regresar a la normalidad permitiendo el equilibrio entre todas las actividades económicas asociadas al parque.
Es inaceptable que este tipo de organizaciones inescrupulosas afecten a una comunidad entera y limiten el acceso al disfrute de nuestros tesoros naturales por parte, incluso de los mismos costarricenses.
Presidente del BCCR compareció ante el Plenario
Muy pocas cosas podrían unir a bancadas tan ideológicamente contrarias como el Liberal Progresista y el Frente Amplio, sin embargo, el presidente del Banco Central de Costa Rica, Roger Madrigal López logró anotarse una de ellas este lunes.
Llamado a rendir un informe sobre el estado económico del país en el último año, pero obviamente con todos los ojos puestos sobre el manejo del tipo de cambio y las tasas de interés, Madrigal destacó la implementación de diversas medidas para enfrentar los desafíos económicos, entre ellas la reducción de la tasa de política monetaria, la flexibilización temporal del encaje mínimo legal y una inyección monetaria significativa, así como las políticas prudenciales del Banco y la transición del Banco Central de oferente a demandante neto de divisas, impactando las reservas.
En cuanto a la evolución económica, el jerarca señaló una disminución de la inflación, un crecimiento del PIB del 5.1% en 2023, mejoras en el mercado laboral, reducción del déficit de cuenta corriente y "estabilidad" en el mercado cambiario, disponibilidad adecuada de crédito para el sector privado y la existencia de un premio negativo por ahorrar en colones desde el segundo semestre del año pasado.
En relación con el tipo de cambio, Madrigal dijo que se observa una apreciación, atribuida a diversos factores como la estabilización y caída en la demanda de divisas del sector público, la reversión del choque de combustibles, la recuperación del turismo y la inversión directa. Asimismo hizo hincapié en que la política monetaria no ha obstaculizado el crecimiento y destacó el papel activo del banco en la estabilización de los mercados de liquidez y de deuda.
La diputada Kattia Rivera Soto de Liberación Nacional respondió al discurso del presidente del Banco Central expresando preocupaciones sobre la realidad económica del país y destacando la dualidad en la economía, donde, aunque se reconoce la prosperidad macroeconómica, existe una creciente desigualdad y una economía de la gente pobre en crisis. Rivera criticó la política monetaria restrictiva y las altas tasas de interés del Central, argumentando que estrangulan el crecimiento económico y dificultan la creación de empleo, especialmente en sectores vulnerables.
Rivera criticó el enfoque del gobierno y el Banco Central, acusándolos de dar la espalda a la economía y recortar la ayuda social, lo que resulta en una mayor desigualdad. Además, planteó preocupaciones sobre el impacto del narcotráfico en el tipo de cambio y la falta de transparencia en ciertas transacciones financieras.
La legisladora, además, anunció su apoyo a un proyecto de ley para modificar el mandato del Banco Central, buscando un enfoque más integral que incluya el empleo como un objetivo primordial y no discrecional; y no totalmente centrado en el control de la inflación como la institución ha entendido la redacción de su ley orgánica hasta la fecha.
A la diputada Andrea Álvarez Marín el presidente del Central le dijo que el tipo de cambio es una variable cuyo resultado es la acción de los costarricenses (de los demandantes y oferentes) y que no es un instrumento de política del Banco, por lo que no buscaba "ni favorecer ni perjudicar ninguna actividad particular". Asimismo Madrigal refutó las afirmaciones de las zonas francas de que se han estado viendo perjudicadas por el tipo de cambio, señalando los resultados en exportaciones que han estado obteniendo; así como negar que el endeudamiento aprobado por la Asamblea Legislativa al gobierno esté influyendo en el tipo de cambio (contrariando al directivo del BCCR, Jorge Guardia), pues esos recursos no entran al mercado cambiario.
Mientras tanto cuando la diputada Paulina Ramírez Portuguez sugirió que el Banco Central está confabulado con el gobierno para bajar el tipo de cambio y beneficiarse de tener una "deuda más barata", Madrigal desestimó la acusación afirmando que al gobierno le resulta más perjudicial el tipo de cambio bajo, pues aunque le baje la deuda, pierde más por concepto de recaudación de impuestos.
Asimismo, mientras respondió a preguntas del oficialismo, el jerarca afirmó que otro de los factores que ha influido en la apreciación del colón frente al dólar es que Costa Rica le está "ganando" en productividad a Estados Unidos y al resto de países.
Consultado por la diputada Rocío Alfaro Molina sobre si podría informar con detalle los sectores afectados y beneficiados por la apreciación o depreciación de la moneda, Madrigal respondió que para ello requerirían acceso a datos granulares como los que solicitaron el año pasado y que terminó envolviendo al Central en una polémica sobre datos personales. Mientras tanto, Jonathan Acuña Soto del Frente Amplio criticó que el Central fue más rápido en decidir subir las tasas de política monetaria que bajarlas.
Acuña también criticó la complacencia del oficialismo con el presidente del Central durante la audiencia, dándole tiempo y haciendo preguntas obvias para sostener la narrativa del banco, lo que dijo ponía en duda la credibilidad e independencia de la institución. Posición similar externó previamente la diputada Daniela Rojas del PUSC, quien le dijo a Madrigal que "la mujer del César no debe solo serlo, sino también parecerlo".
Por otro lado el diputado Gilberto Campos Cruz del PLP acusó al Central de incumplir el artículo 2, inciso a) de su Ley Orgánica que le llama a "promover el ordenado desarrollo de la economía costarricense, a fin de lograr la ocupación plena de los recursos productivos de la nación, procurando evitar o moderar las tendencias inflacionistas o deflacionistas que puedan surgir en el mercado monetario y crediticio". Campos también reiteró los cuestionamientos a la independencia del Central dada la interacción vista con el partido de gobierno en el Plenario.
Finalmente el diputado Eliecer Feinzaig desmintió la metáfora del presidente del Banco Central sobre la feria del agricultor y el tipo de cambio, argumentando que no es aplicable, especialmente en situaciones de política pública fallida como en el caso del aguacate durante los gobiernos del PAC.
El diputado criticó la política de metas de inflación, mencionando que anunciar una meta del 3% con un rango de tolerancia y aterrizar en un -2% genera desconfianza en dicha política; y también cuestionó la afirmación del presidente del Banco Central de que la inflación subyacente no fue negativa, señalando discrepancias en los datos.
Breves
— La fracción del Frente Amplio anunció que está abierta a apoyar un directorio legislativo de oposición, pero que bajo ninguna circunstancia apoyará la reelección de Rodrigo Arias Sánchez como presidente del Congreso.
#1demayo | La fracción del Frente Amplio anuncia que está abierta a apoyar un directorio legislativo de oposición, pero que bajo ninguna circunstancia apoyará la reelección de Rodrigo Arias Sánchez como presidente del Congreso pic.twitter.com/aCcuLxCVel
— Barra de Prensa (@barradeprensa) March 11, 2024
— Por unanimidad se dispensó de trámites el expediente 23.999 "Protección de datos sensibles de víctimas y testigos: Adición de inciso I) al artículo 2 de la Ley General de Contratación Pública, Ley N.º 9986, de 27 de mayo de 2021, y sus reformas". Con este proyecto se excluye de la aplicación de la Ley General de Contratación Pública las contrataciones que realice la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público para evitar la identificación de personas que voluntariamente forman parte del Programa de Protección y Atención.
