Personal de la Contraloría y jerarcas del Ejecutivo discutieron diferencias sobre contrato de escáneres y proyecto de Ciudad Gobierno.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, llevaron a cabo esta tarde la reunión pública para conversar sobre las diferencias que han tenido desde Presidencia y la Contraloría sobre varias ordenes en relación a proyectos de la actual administración.
En la reunión estuvieron presentes por el Poder Ejecutivo junto al mandatario:
- Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes
- Víctor Carvajal Porras, ministro de Agricultura y Ganadería.
- Mario Zamora Cordero, ministro de Seguridad Pública.
- Laura Fernández Delgado, ministra de Planificación Nacional y Política Económica
- Mónica Taylor Hernández, asesora del despacho del presidente,
- Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda.
- Mauricio Barrantes Quesada, gerente general de Racsa.
Por parte de la Contraloría participaron junto a la contralora:
- Bernal Aragón Barquero, subcontralor General.
- Jeanine Herrera Arias, asesora de la contralora.
- Amelia Jiménez Rueda, gerente de la División de Fiscalización de la Contraloría.
- Roberto Rodríguez Araica, gerente de Contratación Administrativa de la Contraloría.
- Luis Diego Ramírez González, gerente de la División Jurídica de la Contraloría.
- Carlos Morales Castro, gerente del Área de Seguimiento para la Mejora Pública.
Los principales temas a los que se dedicó la reunión fue la orden de la Contraloría de detener la contratación directa a Racsa para la compra de los Sistemas de Inspección no Intrusiva (escáneres de contenedores) por medio de una Alianza Comercial Estratégica con el consorcio Low Risk, y la advertencia que emitió el ente contralor sobre el modelo escogido para el desarrollo del proyecto de Ciudad Gobierno.
Escáneres
Sobre el tema de los escáneres la discusión se centró en si era posible aplicar dos excepciones de la Ley de Contratación Pública de forma conjunta: la contratación directa entre entes públicos de forma excepcional, y una alianza comercial estratégica entre Racsa y un ente privado (Low Risk, representante local del fabricante de escáneres ASTROPHYSICS) para acceder a esa contratación directa.
Al respecto el presidente Chaves insistió que no existe una prohibición en la ley para utilizar dos excepciones de forma conjunta, a lo cual la funcionaria Jeanine Herrera le recordó al mandatario que "en lo público tiene que haber norma habilitante", lo que significa que la administración pública se rige por el principio de legalidad el cual indica que los entes públicos solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite, y en el caso de las excepciones señaladas cada una representa un caso separado por lo que no pueden usarse de forma simultánea.
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Adicionalmente, desde la Contraloría recordaron que el artículo 3 de la Ley 9986 establece que los entes públicos pueden contratarse directamente de forma excepcional siempre y cuando el objeto contractual se encuentre dentro de las facultades legales del ente a contratar y éste realice al menos un setenta por ciento (70%) de la prestación del objeto contractual.
Al respecto el mandatario cuestionó que la Contraloría detuvo la contratación de forma prematura y añadió:
Usted no sabía si Racsa iba a ir en alianza estratégica, porque ustedes mataron el proceso antes de que hubiese la oportunidad".
Esa afirmación de Chaves fue desmentida por la contralora, quien aseguró que en la Contraloría tenían los documentos de respaldo para demostrar que la Alianza ya se había realizado, lo cual fue confirmado en la reunión por el gerente de la empresa estatal.
Además, el mandatario consultó a Mauricio Barrantes si en la alianza con Low Risk, Racsa cumplía con el requisito de brindar el 70% del objeto de contratación, lo cual Barrantes aseguró que así era. Sin embargo, la funcionaria de la Contraloría, Amelia Jiménez explicó a los jerarcas del Ejecutivo que "no es posible en una alianza estratégica definir porcentajes, porque en realidad en una alianza estratégica van los dos, entonces incluso es imposible cumplir con el requisito”.
Al finalizar la discusión sobre los escáneres, tanto Chaves como Acosta reconocieron que no se iban a poner de acuerdo en el tema.
Ciudad Gobierno
En su exposición la contralora Acosta explicó que el artículo 67, que el Gobierno pensaba utilizar para asignar el diseño, construcción y administración de Ciudad Gobierno al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), no aplica para la contratación de servicios de diseño y construcción, y solamente es aplicable para la compra o alquiler de bienes que ya estén en proceso de construcción o que estén listos para ser arrendados, y adicionalmente, requiere un avalúo y un estudio de mercado, requisito que no se cumplió en este caso.
Al respecto Acosta señaló:
El texto de la norma nunca alude al diseño, porque solo se compra o alquila lo que ya existe en proceso o por construir. Por esto también debemos tener claro que el artículo 67 no permite la selección de un contratista, sino escoger un inmueble dentro de las alternativas existentes en el mercado y, por supuesto, abiertas a cualquier interesado”.
En su intervención la contralora añadió “no son interpretaciones de la Contraloría, sino que es la observancia de los requisitos contenidos en el artículo” y concluyó:
Aplicar el artículo 67 para el diseño y la construcción de obra pública entonces no procede. Además, significaría un retroceso para el país en materia de transparencia y de eficiencia en este tipo de proyectos”.
Durante la reunión el mandatario pidió al personal de la Contraloría explicarle en qué parte del artículo 67 se prohíbe que esa excepción sea utilizada para construir en terrenos del Estado, a lo que el funcionario Roberto Rodríguez le indicó:
Cuando usted tiene un terreno, usted no puede alquilar un inmueble. ¿Por qué no lo puede alquilar? Porque no existe. Tiene que haber un arrendador y un arrendatario. (…) ¿por qué es que no puede ser en terrenos institucionales? Porque tiene que haber alguien que tenga un inmueble que se lo pueda ofrecer al gobierno en los terrenos que tienen ustedes, que nadie lo puede tener porque nadie puede en este momento ir a hacer un edificio ahí
Adicionalmente, Rodríguez añadió que para cumplir con los requisitos del artículo 67 se debe realizar un estudio de mercado, el cual debe buscar soluciones en una zona general, pero Ciudad Gobierno ya se definió que sería construido en los terrenos del Estado, por lo que sería imposible realizar tal estudio realmente:
¿Qué pasa cuando el terreno es mío? Yo no puedo ir a buscar terrenos, pero no puedo ir a buscar edificaciones. Lo que puedo hacer es construir. O sea, si el terreno es mío, lo más que puedo hacer es construir, y para eso existe el contrato de construcción de obra pública.
Adicionalmente, la funcionaria de Casa Presidencial Mónica Taylor, cuestionó que la Asamblea Legislativa hubiera hecho lo mismo para construir su edificio nuevo en terrenos del Estado, a lo que Roberto Rodríguez señaló:
La ley establece mecanismos, que no es el [artículo] 67, para poder hacer esas cosas, como por ejemplo el fideicomiso de la Asamblea Legislativa, que es un fideicomiso”.
Adicionalmente, se cuestionó que en el 2017 la Contraloría autorizó al Banco Central a realizar una contratación directa con el Fondo de Inversión de Desarrollo del BN Fondos para la construcción de las oficinas del Banco Central y las superintendencias, a lo cual desde la Contraloría le recordaron a los jerarcas del Ejecutivo que la ley contempla la contratación directa de entes públicos, pero la contratación directa con sujetos de derecho público internacional, como lo es el BCIE, fue eliminada con la aprobación de la nueva Ley de Contratación Pública, por lo que dicha excepción utilizada en esa caso no es aplicable al proyecto de Ciudad Gobierno con el BCIE.
La contralora Acosta preguntó al mandatario los motivos por los cuales no se seguía el procedimiento ordinario de licitación para realizar el proyecto Ciudad Gobierno, a lo que el mandatario señaló que eso implicaría endeudar al Estado y añadió:
Yo temo, temo que después de que salga esta administración, hay una probabilidad nada despreciable que el proyecto Ciudad Gobierno nunca vuelva a ver la luz, tiene 20 años de estar ahí, hay intereses fuertísimos.
Sobre cómo proceder con el proyecto, el personal de la Contraloría fue claro que ellos no habían detenido el proyecto, y que la administración podía continuar con el proceso de formulación del proyecto, pero enfatizó en que, a criterio de la Contraloría, el modelo anunciado no podría ser desarrollado bajo la aplicación del artículo 67.
El mandatario manifestó su intención de avanzar con los proyectos presentados por la Asamblea Legislativa para que se haga una interpretación auténtica (expediente 24.100) o una modificación (expediente 24.099) al artículo 67, para poder avanzar como quieren. Ante ello la contralora advirtió:
que no se abra un precedente para que aquí ya no se hagan licitaciones públicas en materia de obra pública, yo creo que tenemos que tener ese gran cuidado, porque la licitación pública, aunque dure lo que dure, es el mecanismo que más transparencia genera, es el mecanismo que más genera ahorro, y que procura procedimientos competitivos, mejores precios etcétera.
Por su parte el mandatario finalizó señalando que "sobre la licitación pública, eso tampoco es panacea, no es un fin en sí mismo: Azteca, Cochinilla, Diamante (...) Ha habido muchísimas licitaciones públicas, incluyendo algunas durante mi administración, que francamente dejan qué desear. Entonces, uno, eso no es panacea, no es una cura para todo, no es pomada canaria. Ninguna cantidad de reglamentos puede reemplazar la buena fe, la honestidad y la prudencia", a lo que la contralora le respondió:
La licitación es el mecanismo que nuestra Constitución Política favorece y promueve, es el mecanismo que la OCDE nos ha dicho que es el mecanismo por excelencia porque favorece la transparencia. Y no hablemos sólo de la licitación, porque estas situaciones que usted nos menciona se pueden dar con los procedimientos especiales, por ejemplo con el mismo 67 si no se cumple con los requisitos".
Tras finalizar la reunión el mandatario señaló en una conferencia de prensa:
El Gobierno de la República va a seguir persiguiendo los objetivos de limpiar a nuestro país del narcotráfico internacional y del crimen organizado y eso requiere escáneres. Estamos buscando todas las opciones para poder solventar lo que de nuestro punto de vista es, como se lo dije con todo respeto a la señora contralora, una interpretación. Por un lado no clara, un poco peculiar, en algo que es de necesidad nacional e inmediata. Nosotros buscaremos todas las formas pero no nos van a detener. Lo mismo en Ciudad Gobierno. Ellos están interpretando de una manera que no es literal un artículo de la Ley de Contratación Pública y eso es lo que vamos a hacer".
