A pesar de que el presidente aseguró que era una “interpretación de la Contraloría” ley expresamente prohíbe modelo escogido.

El presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles, aseguró el día de ayer en conferencia de prensa que la decisión de la Contraloría General de la República (CGR) de detener la contratación directa a Racsa para la compra de los Sistemas de Inspección no Intrusiva (escáneres de contenedores), se daba por una interpretación de la Contraloría y no a lo que indica la ley.

Sobre la contratación de los escáneres por Racsa y la decisión de la Contraloría de detener ese contrato, Chaves señaló:

Estamos hablando de violencia, narcotráfico, etcétera. Ah, no, no se puede porque una interpretación de la Contraloría es que no se pueden hacer asociaciones público-privadas para que haya acuerdos entre las instituciones del Estado. Eso en ninguna parte en la ley lo dice, ella lo interpreta, porque hay dos artículos que dicen esta es una excepción, se puede, y esta otra es otra excepción. Y en esencia lo que dice, ah no, es que dos excepciones no se valen, la ley no dice eso”.

Sin embargo, el artículo 3 de la Ley Ley General de Contratación Pública (Ley 9986) , que es el que permite a entes públicos contratarse directamente de forma excepcional, expresamente indica lo contrario, señalando:

Las contrataciones con terceros por parte del ente público contratado deberán estar referidas a cuestiones especializadas y observar los procedimientos establecidos en la presente ley. Esta excepción no podrá utilizarse como un mecanismo para la contratación de terceros sin atender los procedimientos establecidos en esta ley”.

Dato D+: El artículo 3 de la Ley 9986, establece que los entes públicos pueden contratarse directamente de forma excepcional siempre y cuando el objeto contractual se encuentre dentro de las facultades legales del ente a contratar y este realice al menos un setenta por ciento (70%) de la prestación del objeto contractual.

Para el caso de la compra de los escáneres de contenedores, Racsa formó una Alianza Comercial Estratégica con el consorcio Low Risk, representante local del fabricante de escáneres ASTROPHYSICS, tras lo que la Contraloría señaló el pasado 21 de diciembre que “el procedimiento especial utilizado por Racsa en la escogencia del socio, dentro de la excepción de alianzas estratégicas, no es equivalente a un procedimiento ordinario”, lo que es equivalente a una contratación de terceros sin atender los procedimientos establecidos en esta ley, y por tanto contrario a la Ley 9986.

Por tal motivo, la Contraloría encontró que el SFE y Racsa estaban tratando de utilizar de forma simultánea dos excepciones que son incompatibles, por lo que el concurso debía anularse.

Tras sus declaraciones el presidente hizo pública una invitación que giró a la contralora, Marta Acosta Züñiga, a una reunión en su despacho el próximo 25 de enero para “discutir proyectos de interés nacional”.