Racsa pretendía utilizar simultáneamente la figura de Alianza Estratégica con un consorcio empresarial y contratación directa entre entes públicos.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió una orden al ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal Porras, y el director ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Nelson Morera Paniagua, de detener la contratación directa a Racsa y sus aliados comerciales para la compra de los Sistemas de Inspección no Intrusiva (escáners de contenedores) que se pensaban colocar en varios puestos fronterizos del país.

La orden se da luego de que el ente contralor comprobará que el SFE pretendía hacer uso de una contratación directa entre entes públicos (excepción permitida por el artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública, Ley 9986) sin cumplir con los requisitos formales para poder aplicar legalmente dicha excepción.

El artículo 3 de la Ley 9986, establece que los entes públicos pueden contratarse directamente de forma excepcional siempre y cuando el objeto contractual se encuentre dentro de las facultades legales del ente a contratar y este realice al menos un setenta por ciento (70%) de la prestación del objeto contractual.

Adicionalmente, el mismo artículo 3 señala que, las contrataciones que realice el ente público a terceras entidades para dar el servicio contratado, deben realizarse bajo los procedimientos ordinarios de contratación.

Sin embargo, para el caso de la compra de los escáneres de contenedores, Racsa formó una Alianza Comercial Estratégica con el consorcio Low Risk, representante local del fabricante de escáneres ASTROPHYSICS, a lo cual la Contraloría señaló que “el procedimiento especial utilizado por Racsa en la escogencia del socio, dentro de la excepción de alianzas estratégicas, no es equivalente a un procedimiento ordinario”.

Por tal motivo, la Contraloría encontró que el SFE y Racsa estaban tratando de utilizar de forma simultanea dos excepciones que son incompatibles, por lo que el concurso debía anularse.

En las conclusiones de la orden girada el día de hoy la Contraloría señaló que “el cumplimiento de los requisitos para recurrir a la excepción de contratación entre entes de derecho público es incompatible con la figura de la alianza estratégica”.

Adicionalmente, recordó al Ejecutivo que “la excepción de contratación entre entes de derecho público prevé únicamente la posibilidad de contratar mediante procedimientos ordinarios las cuestiones especializadas y accesorios, por lo que la figura no puede ser confundida con la alianza estratégica”.

Finalmente, la Contraloría concluyó que para aplicar la excepción de contratación entre entes públicos la Administración contratante tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de todos los requisitos que dispone la norma y, en caso de duda respecto de la aplicación de esta excepción, debe recurrirse al procedimiento ordinario que corresponda.

Por tales motivos la Contraloría ordenó al Ejecutivo dejar sin efecto el procedimiento de de contratación y cumplir con el marco jurídico en materia de contratación pública, de manera tal que la selección de cualquier contratista se ajuste al marco legal y reglamentario aplicable.

Tras conocer la notificación por parte de la Contraloría el ministro Carvajal señaló en un video circulado a la prensa que están valorando las acciones pertinentes para el día de mañana interponer los recursos de apelación respectivos o lo que corresponda para garantizar el derecho a la defensa por parte de las instituciones.