Proyecto presentado por Gilberto Campos contó con la firma de respaldo de 10 congresistas.
El diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos Cruz, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.185) que propone eliminar las penas de prisión por injurias o calumnias cometidas por periodistas y medios de prensa.
La iniciativa de ley, denominada “Ley para la Libertad del Ejercicio Periodístico” propone derogar los artículos 7 y 8 de la Ley de Imprenta (Ley 32). El primero de esos artículos castiga con la pena de arresto de uno a ciento veinte días a los responsables de calumnia o injuria cometidos por medio de la prensa, pena que conjuntamente sufrirán los autores de la publicación y los editores responsables del medio de comunicación. Mientras que el artículo 8 indica que la misma pena será aplicada a los que con sus publicaciones intenten en cualquier forma subvertir el orden o alterar las relaciones amistosas con algún Estado.
Según señala la exposición de motivos del proyecto dicha ley “se promulgó en un contexto muy distinto al actual, en 1902, cuando el país carecía de instrumentos internacionales de protección de libertades tan relevantes como la de expresión y de prensa”, y recuerda que “esas libertades están consagradas en instrumentos como la Declaración Universal de los derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José)”.
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Sin embargo, la propuesta de ley reconoce que “no se han realizado más que cambios parciales a dicho artículo por la acción de la Sala Constitucional, siendo que, al menos desde la óptica constitucional, el artículo 7 de la Ley de Imprenta sigue en vigencia y aplicable”.
En el texto del proyecto se añade que “el debate que persiste sobre si el artículo 7 de la Ley de Imprenta está vigente y es aplicable, debido a que la propia Sala Constitucional ha dicho que esta es una cuestión de legalidad que deberán dilucidar los tribunales penales correspondientes, pues no ha considerado ese Tribunal que se trate de un problema de constitucionalidad que deba ser conocido por esa vía”.
En la justificación del proyecto se indica que:
la vigencia de los numerales 7 y 8 de esa norma, aún hoy, se presta para que la parte actora intente amedrentar, a través de querellas de acción privada, a los periodistas que ejercen profesionalmente la profesión y a los medios de comunicación independientes, constituyendo ambos uno de los pilares más importantes del sistema democrático costarricense”.
El proyecto presentado este 22 de febrero contó con la firma de respaldo de Johana Obando Bonilla, Eliécer Feinzaig Mintz, Jorge Eduardo Dengo Rosabal, Luis Diego Vargas Rodríguez y Kattia Cambronero Aguiluz del PLP, asó como Alejandra Larios Trejos, Oscar Izquierdo Sandí y Katherine Moreira Brown del Partido Liberación Nacional (PLN); Carlos Felipe García Molina del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Priscilla Vindas Salazar del Frente Amplio (FA).
La iniciativa de ley ahora debe ser asignada a una comisión legislativa para que pueda iniciar su trámite correspondiente.
