El proyecto de ley propone derogar los artículos 7 y 8 de la Ley de Imprenta (Ley 32). El primero castiga con la pena de arresto de uno a ciento veinte días a los responsables de calumnia o injuria cometidos por medio de la prensa, pena que conjuntamente sufrirán los autores de la publicación y los editores responsables del medio de comunicación. Mientras que el artículo 8 indica que la misma pena será aplicada a los que con sus publicaciones intenten en cualquier forma subvertir el orden o alterar las relaciones amistosas con algún Estado.