Según Fundeprode, hay un "manoseo" que ha permitido que la empresa Alfaro siga operando la ruta entre Nicoya y San José.

La Fundación para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos de Costa Rica (Fundeprode) pidió, esta semana, que la Corte Suprema de Justicia tome acciones para frenar "el manoseo" con el que algunos abogados de autobuseras han frenado el cumplimiento de las órdenes del Consejo de Transporte Público (CTP).

Para ilustrar lo anterior, Fundeprode puso de ejemplo el caso de la Empresa Alfaro que opera la ruta entre Nicoya y San José:

Este uso de las medidas cautelares del Contencioso le ha permitido a organizaciones como Empresa Alfaro seguir operando la ruta de buses entre Nicoya y San José, pese a las múltiples irregularidades que han afectado a la ciudadanía y a los usuarios. Ejemplos hay muchos, incluso manchados con sangre de usuarios que no han recibido atención médica tras accidentes sufridos en las unidades de esta empresa, en vista de la falta de seguros y las irregularidades con las que operan. Aún así, el Juzgado Contencioso acoge cada una de las acciones que presentan los abogados de la empresa para mantenerse operando, pese a que desde abril de este año una resolución del CTP los dejó fuera de ruta".

Dato D+: Lea más detalles en la nota Sobrevivientes de accidente en Cambronero demandarán al CTP y a Alfaro.

Fundeprode se refiere al caso de agosto pasado, cuando una medida cautelar del Tribunal Contencioso Administrativo fue la que frenó la entrada en operación de una nueva empresa autobusera en la ruta que conecta a la capital con Nicoya, en Guanacaste.

La medida frenó la orden del CTP del 24 de agosto que le quitó a Alfaro el control de la ruta 1507 entre Nicoya, Hojancha-Nosara-Sámara-Carrillo-Estrada-San José.

Según señaló la Junta Directiva del Consejo en su resolución del pasado 29 de marzo, la medida se tomó "por las faltas cometidas a sus obligaciones, al prestar el servicio de transporte público remunerado con unidades fuera de la flota autorizada, en detrimento del interés público y la prestación del servicio, además por no encontrarse al día con sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social".

Sin embargo, y a pesar de que para agosto ya se tenía definido que sería la empresa TIG la que se encargaría de la nueva ruta, el Contencioso se trajo abajo la medida.

Según un comunicado que envió Alfaro en ese momento, la jueza tramitadora Vera Mora Rojas, suspendió la decisión del CTP alegando un "trato desigual" sobre el tema:

La aceptación de la medida indica que esa acción fue tramitada debido a los efectos nocivos en grado de probabilidad sobre los intereses de los actores (Empresa Alfaro) que 'configuran el supuesto de extrema urgencia'".

"El Tribunal afecta a la ciudadanía"

Debido a lo anterior, esta semana Fundeprode indicó que la serie de acciones que están pendientes de resolución en el Contencioso y que mantienen a esta empresa operando han "afectado a la ciudadanía en función de una empresa que viola los derechos de los usuarios".

Como prueba de ello señalaron el accidente que ocurrió el pasado 30 de octubre en Barraca de Puntarenas, donde a un autobús de Alfaro se le estalló una de las llantas del eje trasero del lado derecho, provocando que el chófer perdiese el control del vehículo, invadiese el carril contrario, colisionase con un camión y se saliera de la vía para terminar chocando con un muro de tierra.

Según Hermez González, presidente de la Fundación:

El pasado 30 de octubre presenciamos con tristeza y consternación otro accidente en el que un autobús de esta empresa se vio involucrado y lo que es aún más alarmante es el hecho de que el Juzgado Contencioso Administrativo, responsable de autorizar la operación de  la línea de buses, mantiene entre sus pendientes la cancelación del servicio pese a la resolución emitida por el Consejo de Transporte Público. La situación es inaceptable y pone en riesgo la vida de los pasajeros que confían en una línea de transporte para su movilización diaria. Nuestra misión es defender y proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, y esto incluye el derecho a un transporte seguro y confiable”.

Fundeprode finalizó su comunicación exigiendo "acción inmediata para garantizar la seguridad de los usuarios de la línea de transportes Alfaro":

Las resoluciones del CTP no deben ser ignoradas, y la vida de las personas debe estar por encima de cualquier interés económico o político”.