El trágico percance se registró el 17 de octubre en la Interamericana Norte.

Los sobrevivientes de la tragedia de Cambronero alistan una denuncia penal contra el Consejo de Transporte Público (CTP) y contra la empresa autobusera Alfaro, pues aseguran que los heridos y la familiares de las víctimas quedaron en situación de abandono.

El accidente ocurrió el 17 de octubre del 2022 en la carretera Interamericana Norte, sobre el sector de Cambronero, cuando un deslizamiento lanzó al guindo a un autobús y una motocicleta, causando la muerte de 9 personas.

El representante legal de las víctimas, Boris Molina, aseguró que ni el Gobierno ni la empresa estuvieron dispuestos a conciliar. “Ya hay una causa abierta en este caso en materia penal contra el chofer del autobús y nosotros estamos avanzando en las acciones contra la empresa y en las acciones contra el Estado”, indicó, reclamando que han pasado 8 meses y las víctimas todavía no tienen respuesta de las autoridades.

La tragedia de Cambronero tiene nombres y apellidos, son seres humanos, no una estadística, y esto tiene que tener sus consecuencias y estas son de tipo legal y jurídicas. Esperamos y dimos tiempo al gobierno para que conciliara, tuvo la posibilidad y no lo hizo, prefirieron hacerse de la vista gorda y darle la espalda a la gente”.

De acuerdo al abogado, los seguros voluntarios que cubrían a las víctimas no se activaron y tampoco se puso a responder la póliza obligatoria que debía tener el autobús. Solo el SOA (Seguro Obligatorio para Vehículos Automotores) respondió “que de por sí es obligatorio y entonces independientemente si lo tenía pago la empresa o no el Estado está obligado a pagarlo en este caso a través del INS”.

Recientemente la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) acordó cancelar la concesión de la Ruta 1507 San José-Nicoya por el Puente de la Amistad que ostentaba la empresa Alfaro Limitada. La medida fue apelada por la empresa, que de cualquier manera sigue ofreciendo el servicio en tanto no se defina un nuevo operador.

Exigen al CTP definir nuevo operador para la ruta

Precisamente por ese motivo la Federación de Uniones Cantonales de la Península de Nicoya ha urgido al Consejo de Transporte Público para que acelere el proceso para elegir un nuevo operador de la ruta 1507.

La Fundación para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos (Fundeprode), se unió a la exigencia “para que se facilite a la brevedad la operación de una empresa que sí pueda garantizar la seguridad de quienes utilizan este servicio público”.

Esperamos que las autoridades respondan al interés ciudadano, que finalmente marca el interés público que debe regir las acciones del Consejo de Transporte Público. Ahora que la vía está despejada, llamamos al CTP a resolver la situación de las miles de personas que mes a mes usan este servicio, para que se les garantice que una empresa que sí cumpla con los requisitos de ley, lo brinde”, dijo Hermez González, director de Fundeprode.