Ministra de Planificación aseguró que revisarán el rechazo para buscar una “vía legislativa” al proyecto.

El Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) envió un comunicado de prensa lamentando el rechazo de la apelación que la ministra, Laura Fernández Delgado, y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, habían presentado contra la advertencia de la Contraloría General de la República que les indicaba que el proyecto de Ciudad Gobierno no se puede ejecutar bajo la modalidad anunciada por el Ejecutivo a finales del 2022.

El presidente Rodrigo Chaves Robles anunció el 22 de noviembre de 2022 que el proyecto de Ciudad Gobierno se realizaría utilizando un modelo financiero tipo Construir, Arrendar, Transferir (BLT, por sus siglas en inglés), con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Según señalaron desde Mideplán, la propuesta del gobierno era que ese contrato con el BCIE se realizara haciendo uso de la figura establecida en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública (Ley 9986), conocido como compra y arrendamiento de bienes inmuebles.

Dato D+: El artículo 67 de la Ley 9986 se trata de un procedimiento especial para que la Administración efectúe el arrendamiento o la compra de bienes inmuebles, siempre que se presenten una serie de supuestos, a partir de los cuales la promoción de un procedimiento ordinario de contratación no resulte ser la mejor vía para solventar una necesidad latente.

Sin embargo, la Contraloría General de la República le advirtió a la administración en setiembre anterior que esa modalidad sería improcedente ya que “pretende ser desarrollado en terrenos que son propiedad del Estado, donde el BCIE sería el encargado de diseñar, financiar, construir, alquilar, mantener y luego transferir al Gobierno de Costa Rica, los edificios del proyecto Ciudad Gobierno”.

Según advirtió la Contraloría dadas las condiciones anunciadas por el Poder Ejecutivo del proyecto lo que procede para Ciudad Gobierno es “someterse a los procedimientos ordinarios de contratación previstos en la ley; debiendo garantizar durante toda la contratación el cumplimiento del principio de transparencia, de manera que los actos que se emitan sean accesibles de manera libre e igualitaria por parte de los intervinientes y de cualquier persona interesada”.

En su rechazo la contralora, Marta Acosta Zúñiga le recordó a los jerarcas que el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) "es un procedimiento especial, excepcional y acotado a la materia común de arrendamientos, que no puede sobreponerse a la regla de la licitación”.

Adicionalmente, el Ejecutivo pretendía firmar el contrato de financiamiento con el BCIE sin tener la aprobación legislativa requerida para empréstitos internacionales. En la apelación presentada los jerarcas adujeron “no comprender cómo en la advertencia se diga que un arrendamiento financiero requiere aprobación legislativa”, a lo que la contralora les recordó que “la adquisición de un inmueble a plazos, mediante pagos es un arrendamiento financiero y por ende deuda pública”.

Sobre el rechazo a su petición la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Laura Fernández Delgado, señaló:

Lamentamos profundamente el rechazo que nos realiza la Contraloría General de la República. Estamos estudiando a fondo sus alegatos para replantear por la vía legislativa el proyecto”.

Según aseguraron desde Mideplán el proyecto de Ciudad Gobierno se encuentra en desarrollo de estudios en la fase preinversión y ya han determinado que “de avanzar con las condiciones actuales con el BCIE, la cuota aproximada anual del Estado sería 33.143.172,30 dólares, lo cual representaría, en promedio, un ahorro de 17.043.033,81 dólares al año, de acuerdo a los costos totales que incurren las 35 instituciones públicas”.

Desde Mideplán no se refirieron al fondo de los señalamientos que hizo la Contraloría General de la República, pero adelantaron que el tema será abordado en la conferencia de prensa de este miércoles 29 de noviembre.