El Plenario de la Asamblea Legislativa se jugará el chance de poner aprueba la palabra del Poder Ejecutivo al aceptar aprobar el proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2024, a sabiendas de que este contiene un vacío legal que le permitirá al gobierno llenar, desde el 1 de enero próximo, las plazas vacantes que han estado congeladas en virtud de una norma presupuestaria destinada a frenar el crecimiento de la planilla estatal y su consecuente gasto público.
Así fue acordado este lunes luego que las jefaturas de los bloques parlamentarios recibieran confirmación verbal y pública de la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros Gallo de que el Ministerio de Hacienda enviará a inicios de enero un presupuesto extraordinario que permita modificar la Norma Presupuestaria #10 y cerrar ese portillo, con el propósito de evitar que el Plenario se tenga que abrir a comisión general esta semana, lo que abre una ventana enorme de incertidumbre sobre cuántas mociones para modificar el proyecto de presupuesto podrían ser presentadas, pues tan solo el Liberal Progresista ha insistido en que su pretensión es reiterar cinco de ellas.
El problema fue detectado luego que el diputado José Pablo Sibaja de Nueva República, e integrante de la Comisión de Asuntos Hacendarios, pidiera un criterio al Departamento de Servicios Técnicos del Congreso respecto a la norma presupuestaria 10 que fue incorporada al proyecto de ley en su trámite de comisión, y que tenía como propósito permitir la asignación de recursos para la compra y mantenimiento de equipo policial si las plazas vacantes no se utilizaban antes del 30 de junio de 2024.
Sin embargo, una mala redacción de la moción que fue aprobada en Comisión (con 9 votos a favor y 2 en contra) dejó abierta la puerta para que, a criterio de Servicios Técnicos, el ahorro por concepto de plazas vacantes esté en peligro pues en lugar de exceptuar únicamente las plazas del Título II de la Ley del Servicio Civil relativas a la Carrera Docente (sí como las de los policías), se incluyeron también las del Título I, referido a la Carrera Administrativa.
Según el dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Hacendarios la norma presupuestaria sobre plazas vacantes ha significado ahorros al erario público por 14.104 millones de colones en el 2021; 14.920 millones de colones en el 2022 y 11.614 millones de colones en el 2023.
De hecho, según da cuenta el documento de mayoría de dicha comisión, dos mociones del diputado Eliécer Feinzaig Mintz relativas a la norma presupuestaria 10 fueron rechazadas porque no incluía la excepción de las plazas del Título I, pero no se percataron de que la moción que sí aprobaron al respecto tenía una redacción abierta a interpretación.
Feinzaig criticó en Plenario el hecho de que los restantes cinco partidos políticos prefirieran jugarse el chance de aprobar el presupuesto con esa norma mal redactada y correr el riesgo de que el Gobierno proceda a hacer nombramientos en plazas vacantes, en lugar de abrir el espacio para mocionar y corregirlo en el Plenario; todo para que su bancada no pudiera insistir con su propuesta de destinar recursos a Seguridad a costas del dinero que Hacienda destinará para capitalizarse en la Corporación Andina de Fomento (CAF) y obtener créditos a mejores plazos y tasas de interés en el futuro.
El proyecto de ley de presupuesto 2024 deberá estar aprobado en primer debate a más tardar el 27 de noviembre, mientras que el segundo debate deberá darse a más tardar el 29 de noviembre.
Por disposición constitucional, la Asamblea Legislativa no puede rechazar el proyecto de ley de presupuesto nacional.
Breves
— Con 26 votos a favor y 22 en contra se rechazó otorgar un nuevo plazo cuatrienal al expediente 21706 "Fortalecimiento de la Inspección General de Trabajo", pues la moción requería al menos 29 votos para ser aprobada.
— La Contraloría General de la República reveló a la Comisión Especial Investigadora sobre los contratos del SINART haber ordenado este lunes 20 de noviembre a siete instituciones públicas finalizar los contratos suscritos con el Sistema Nacional de Radio y Televisión, tras detectar incumplimientos a la Ley General de Contratación Pública y el reglamento de dicha ley.
