El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate el proyecto de ley "Menstruación y Justicia" tramitado en el expediente 22.421 con el que se busca, entre otras cosas, que escuelas, colegios y cárceles entreguen productos menstruales, al tiempo que estos estarían incluidos en la canasta básica tributaria dentro de la cual pagarían el 1% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en lugar de un 13%.
La iniciativa tramitada en el expediente 22.421 fue presentada por diputaciones del Partido Acción Ciudadana en el periodo constitucional anterior y fue impulsada durante el actual a través de una campaña mediática denominada "Cambiemos la Regla", lanzada por Nosotras Women Connecting una organización costarricense que promueve el liderazgo en las niñas, jóvenes y mujeres latinoamericanas y en Kenia.
El proyecto tuvo durante algunas semanas un debate intenso en la Comisión de la Mujer pues en la redacción se había incorporado el concepto "personas menstruantes" y no se hacía mención a las "mujeres", lo que ocasiono una discusión ideológica que terminó zanjándose dejando en el proyecto el concepto "mujeres con capacidad para menstruar".
El texto se compone de ocho artículos; el primero dispone que el objetivo de la ley es "el establecimiento de las responsabilidades del Estado respecto a la salud e higiene menstrual, así como el reconocimiento de los derechos en esa materia de todas las mujeres con capacidad de menstruar; y paralelamente, busca promover y garantizar las acciones del Estado costarricense en materia de salud e higiene menstrual orientadas a facilitar el acceso a los productos de gestión menstrual".
El segundo incluye las definiciones de menstruación, menarquía, gestión menstrual, educación menstrual, infraestructura mensual, productos de higiene menstrual, pobreza menstrual, contaminación asociada a la gestión menstrual, salud e higiene menstrual. El tercero contiene las obligaciones del Estado, incluido el:
- Fomentar la salud, higiene y gestión menstrual de manera que se asegure el bienestar de las mujeres con capacidad para menstruar.
- Facilitar el acceso a productos de higiene menstrual sustentables y accesibles.
- Garantizar que todos aquellos productos de gestión menstrual en el mercado sean sometidos a un estricto control de calidad, de manera que estos no sean nocivos para la salud.
- Fomentar la implementación de programas, para toda la población, de educación, a partir de información fundamentada en evidencia científica, sobre la menstruación, productos de higiene menstrual y sus vínculos con la salud.
- Generar política pública orientada a la erradicación de la desinformación, así como con aquellas connotaciones sociales y culturales de la menstruación que resultan perjudiciales para las mujeres con capacidad de menstruar y la sociedad en general.
- Promover el uso de productos de higiene menstrual que sean compatibles con las políticas de sostenibilidad ambiental del país.
- Facilitar la capacitación de los profesionales de la educación sobre los distintos elementos de la salud y gestión menstrual.
El cuarto artículo refiere a los derechos de las mujeres con capacidad de menstruar, incluido el tener una gestión menstrual libre y digna; contar con accionar estatal que promueva la buena salud y gestión menstrual; tener acceso a productos de higiene menstrual, cuya calidad haya sido garantizada; contar con acceso a educación sobre la menstruación sus vínculos con la salud física y mental, así como con su impacto en bienestar de la sociedad en general, fundamentados en evidencia científica y criterios especializados en la materia; disfrutar de una vida libre de tabúes y de discriminación con relación a la menstruación; y contar con el acceso a productos de higiene menstrual sustentables y accesibles.
El quinto artículo dispone que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) quedan facultadas para desarrollar campañas de información y concienciación en educación menstrual, enfocadas en la diversidad de productos de higiene menstrual, gestión de la menstruación, necesidad de infraestructura menstrual, prevención de la pobreza menstrual, productos menstruales sostenibles y contaminación menstrual; asimismo, sobre los efectos de menstruaciones dolorosas y la prevención de conductas de acoso relacionadas con la menstruación.
El siguiente señala que el Consejo Superior de Educación a partir del primer ciclo de Educación General Básica y hasta Educación Superior incorporará en la malla curricular todo lo referente a la educación menstrual que permita tomar decisiones informadas sobre cómo gestionar la menstruación de forma digna, segura y privada; además que las instituciones educativas proveerán productos de higiene menstrual necesarios para la gestión menstrual, para lo cual podrán suscribir convenios con instituciones, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas.
En igual sentido el artículo siete señala que el Ministerio de Justicia y Paz y la Dirección General de Migración y Extranjería, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), implementarán las políticas públicas y demás actividades tendientes a educar en materia de salud e higiene menstrual a la población de los centros penales y de detención por condición migratoria; además que el Estado proveerá los productos de higiene menstrual a la población de los centros penales y de detención.
El artículo 8 incorpora los productos de higiene menstrual en la Canasta Básica Tributaria para que estén sujetos a un IVA reducido del 1%. Estos serán: toallas sanitarias desechables y reutilizables en sus distintas presentaciones; tampones en sus distintas presentaciones; copas menstruales en sus distintas presentaciones; esponjas menstruales o esponjas vaginales en sus distintas presentaciones; calzones menstruales en sus distintas presentaciones; pañales menstruales en sus distintas presentaciones; y protectores desechables y reutilizables en sus distintas presentaciones.
Breves
— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.741 "Adición de un transitorio al artículo 54 de la Ley de Salarios de la Administración Pública N° 2166 del 9 de octubre de 1957 y sus reformas". Este proyecto dispone que los educadores no tendrán que devolver los recursos que percibieron entre el 4 de diciembre de 2018 y el 17 de febrero de 2022, cuando se les pagó porcentualmente (contrario a la Ley 9635) el incentivo para el desarrollo de la docencia.
— Con 43 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.605 "Adhesión al Convenio Relativo a las Exposiciones Internacionales, firmada en la ciudad de París el 22 de noviembre de 1928, modificada y complementada por los protocolos del 10 de mayo de 1948, del 16 de noviembre de 1966, del 30 de noviembre de 1972, y las enmiendas del 24 de junio de 1982 y del 31 de mayo de 1988".
— Con 42 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.226 "Aprobación de la Enmienda al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua".
— La exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina compareció ante la Comisión Especial Investigadora de las Contrataciones del Sinart donde confirmó que Christian Bulgarelli redactó los términos de referencia de una contratación de $300.000 con el Banco Centroamericano de Integración Económica, contratación que él terminó ganando. Asimismo señaló entre lágrimas que guardó silencio desde su salida por temor a represalias contra su esposo, quien es funcionario de Bomberos de Costa Rica y dependiente económicamente. La exfuncionaria confirmó además haber tenido encontronazos reiterados en Presidencia porque existía un "Ministerio de Comunicación paralelo" integrado por Jorge Rodríguez, Federico Cruz y Pilar Cisneros. Respecto a la "democratización de la pauta", Navarro dijo que el gobierno la usa no para beneficiar a los medios regionales o alternativos, sino para que estos hablen bien del Presidente de la República; asimismo reveló que Rodríguez le ordenó que desde Presidencia se le destinara más dinero de pauta a dos medios: El Mundo CR y El Guardián. Otra revelación de Navarro fue que Chaves amenazó con destituir a Esmeralda Britton como presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social, si ella no hacía lo que él le decía respecto al manejo de la pauta.
