Jerarca señala existencia de antinomias y litigios como impedimento para verificar cumplimiento de la regla

La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga compareció este miércoles ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa donde justificó las razones por las cuales la institución ha tenido problemas verificando el cumplimiento de la regla fiscal que se había creado con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del año 2018.

La presidenta del foro legislativo, Paulina Ramírez Portuguez señaló que la Contraloría ha presentado los informes de cumplimiento de la regla fiscal desde el año 2020, sin embargo, en el año 2022 emitió una opinión denegada en razón de la imposibilidad de llevar a cabo la verificación correspondiente; mientras que en el informe técnico sobre la propuesta de presupuesto 2024 el ente fiscalizador de la Hacienda Pública informó que a razón de la antinomia que existe no será posible tampoco llevar a cabo esa evaluación.

Ante ello Acosta respondió que la institución ha venido exponiéndole a la Asamblea Legislativa las "serias dificultades y complejidades que tenemos" para verificar el cumplimiento de la regla fiscal, a raíz de los múltiples cambios que ha sufrido el ordenamiento jurídico, los reglamentos y las excepciones.

La regla fiscal realmente se ha vuelto una excepción, ¿verdad? No tienen idea de las complejidades que significa poder evaluar esto de verificar la regla, el cumplimiento de la regla fiscal. Entonces nosotros sí vemos un panorama muy difícil para poder dar una razón concreta del cumplimiento o no de la regla, para ser muy franca con ustedes.

Según el Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ) de la Procuraduría General de la República, el Reglamento al Título IV de la Ley 9635 (que contiene la regla fiscal) ha tenido 41 reformas y siete derogatorias en su contenido; a lo que se suman las excepciones a la regla fiscal que durante el transcurso de los años ha aprobado la Asamblea Legislativa y que terminó el pasado 21 de septiembre con la aprobación y posterior promulgación de una ley que pasó las exclusiones de 201 a 327, y a la cual hay que sumarle la excepción del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y los programas sociales que reciben financiamiento de ese fondo en virtud del criterio PGR-C-150-2022 de la Procuraduría General de la República.

La Contraloría emitió su informe técnico sobre el presupuesto 2024 de previo a la última reforma hecha por el Congreso y con base en ese marco normativo señaló que Hacienda había excluido ¢554.766 millones en gasto corriente y ¢712.241 millones en gasto total de la aplicación de la regla fiscal, lo cual representa un 6,4% y 7,7% respectivamente del gasto corriente y gasto total propuesto.

Estos porcentajes se mantienen similares en el caso del año 2023, para los cuales se excluye un 6,4% en gasto corriente y un 7,4% del gasto total. Los montos excluidos en el cálculo del Ministerio de Hacienda corresponden a la Ley N.° 10234 de Fodesaf, la Ley N.° 10252 del ICD, la Ley N.° 10253 de Fonafifo en el Programa por Servicios Ambientales, y a la fusión de Panare y Conapdis (que aplica únicamente en 2024).

En dicho informe técnico la CGR señaló que aspectos como la complejidad existente para dar trazabilidad y seguimiento al cálculo de las excepciones han debilitado la aplicación de la regla fiscal como instrumento para contener el gasto público.

Se han aprobado proyectos de exclusión que incluyen aspectos referentes a ingresos o a rubros que no se encuentran definidos en partidas presupuestarias, entre otros. Además, se presenta un incentivo hacia la no presupuestación de recursos, de modo que no sean contabilizados en los cálculos de regla fiscal que realiza el Ministerio de Hacienda, debido a que la verificación está establecida en el presupuesto definitivo. La transparencia y claridad en los recursos del presupuesto se ha opacado por estos ajustes.

En el informe, además, se explica que existe una antinomia normativa en razón de las contradicciones estipuladas en la Ley 9635 y la Ley 9848 (Ley para apoyar al contribuyente local, y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia del covid-19), lo que hace imposible llevar a cabo las verificaciones correspondientes a la regla fiscal al finalizar cada periodo en años venideros.

Además, la Contraloría señaló como imposibilidad el hecho de haber presentado una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra el decreto del actual mandatario que flexibilizó la regla fiscal.

Sin embargo la entidad señaló que espera que se subsanen -y no se profundicen- estas debilidades, en favor de que se pueda implementar y aplicar la regla fiscal acorde con los objetivos iniciales que estableció el legislador cuando esta entró en vigencia.