Ministra de la Presidencia aseguró que se reunirán con fracciones este 1 de noviembre y podrían ampliar la convocatoria.

El Poder Ejecutivo anunció este martes en conferencia de prensa que la convocatoria inicial de sesiones extraordinarias solo incluirá proyectos de ley presentados por la administración Chaves Robles o de la bancada de Progreso Social Democrático.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, indicó que en esta primera convocatoria darán prioridad a los cinco proyectos de seguridad que presentaron en abril de este año así como al préstamo por 700 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) (expediente 23.635).

Según indicó la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, el Ejecutivo también convocará a partir de este miércoles 1 de noviembre, el expediente 23.701, que es la reforma constitucional presentada por la bancada de Progreso Social Democrático y que permitiría la extradición de nacionales por tráfico internacional de drogas y terrorismo.

Así mismo se incluirá en la primera convocatoria los expedientes expediente 23.912 sobre el presupuesto ordinario para el 2024, así como el expediente 23.993, que es la cuarta modificación legislativa al presupuesto nacional del 2023.

Por otro lado, también se anunció que se convocará un proyecto de ley, que no ha sido presentado todavía, que busca autorizar a la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños para que traslade a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), los recursos que por ley le da el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) para el diseño, la inspección, supervisión, construcción y el equipamiento de un edificio de cuidados críticos denominado Torre de Esperanza.

Sobre la convocatoria la ministra de la Presidencia añadió:

El día de mañana hay una reunión del presidente del Congreso con jefes de fracción, don Rodrigo Arias, donde se convocó al Ministerio de la Presidencia para ver eventualmente otros proyectos de interés de las diferentes bancadas. Veremos cuál es la lista prioritaria para ellos.

El segundo periodo de sesiones extraordinarias de la legislatura 2023-2024 inicia este 1 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de enero de 2024.

Proyectos convocados

Expediente 23.688: Ley del Sistema Penitenciario Nacional

  • Proponente: Poder Ejecutivo.
  • Propósito: El proyecto pretende regular el Sistema Penitenciario Nacional en su competencia funcional administrativa y en su competencia de ejecución de la pena en privación de libertad o entornos socio comunitario. Atendiendo sentencias y medidas de seguridad previstas en el Código Penal y leyes especiales, así como las medidas cautelares privativas de libertad, impuestas por los tribunales de justicia conforme las disposiciones constitucionales y legales, según las potestades y atribuciones de las distintas autoridades intervinientes.

Expediente 23.689: Reforma a los Artículos 7, 88, 88 Bis y 88 Ter, de la Ley N°7530 de Armas y Explosivos y sus Reformas

  • Proponente: Poder Ejecutivo.
  • Propósito: Este proyecto de ley propone establecer como agravante en los delitos de tenencia ilegal de armas permitidas y portación ilegal de armas permitidas, aquellos casos en los que el agente posee o porta un arma de fuego que se encuentra inscrita a nombre de un tercero, ha sido reportada por el propietario registral como extraviada o sustraída, ha sido utilizada para la comisión de un ilícito penal, o se enmarca dentro de alguno de los supuestos de delincuencia organizada o asociación ilícita. Además, cuando una persona omita denunciar o reportar la pérdida, el extravío o la sustracción de un arma de fuego se generará la cancelación de la matrícula y el permiso de portación, si el arma es decomisada a un tercero sin que haya sido reportada como perdida o sustraída por el propietario registral.

Expediente 23.690: Ley para la Modernización de la Intervención de las Comunicaciones

  • Proponente: Poder Ejecutivo.
  • Propósito: El proyecto incluye la autorización de intervención telefónica en los delitos de homicidio simple y femicidio. Además, se propone reformar del artículo 10 de la Ley N° 7425 sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, para que solo Fiscalía General de la República pueda solicitar la intervención de comunicaciones. Adicionalmente amplia em plazo de la intervención a cuatro meses, con la posibilidad de dos prórrogas hasta un máximo de 1 año de intervención.

Expediente 23.691: Ley para Adecuar la Respuesta de la Justicia Penal Juvenil a los Retos de la Criminalidad Violenta y la Delincuencia
Organizada

  • Proponente: Poder Ejecutivo.
  • Propósito: Reforma la Ley de Justicia Penal Juvenil N°7576, a fin de incorporar en el artículo 9 de la ley referida, como norma supletoria el artículo 1 de la Ley N°8754 sobre Delincuencia Organizada, de forma tal que, el órgano de persecución penal y la administración de justicia, puedan atender de manera diferenciada aquellos asuntos relativos a la criminalidad organizada en donde participan las personas menores de edad, además ampliar la lista de delitos en donde la prescripción es de cinco años, incorporando en esta aquellos delitos considerados graves, e incluye como causal para la detención provisional cuando una persona menor de edad “represente un peligro para la sociedad”.

Expediente 23.692: Ley para Restaurar la Seguridad Pública y Contener a los Delincuentes que Representan un Peligro para la Sociedad

  • Proponente: Poder Ejecutivo.
  • Propósito: El proyecto propone limitar el otorgamiento de medidas cautelares menos gravosas, únicamente en los delitos cuya pena sea inferior a los cuatro años de prisión, sea, aquellos delitos considerados como no graves. En cuanto a la pena de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, se propone bajar de seis años, como se encuentra actualmente, a cuatro años de prisión, la pena impuesta para que las personas juzgadoras puedan otorgar este tipo de sanción. Adicionalmente, se agregan modalidades y delitos en los cuales no es procedente esta modalidad, propiamente cuando en la ejecución del delito se hayan utilizado armas blancas o cuando hayan sido condenados por algún delito previsto en la Ley N.º 8204 sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Por último, en lo que respecta a la libertad condicional, esta no podrá ser concedida cuando la persona privada de libertad descuente una condena por delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen organizado, ni delitos sexuales contra menores de edad, ni en delitos en que se hayan utilizado armas de fuego o armas blancas, ni los delitos previstos en la Ley N.º 8204 sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

Expediente 23.635: Aprobación del Contrato de Préstamo N° 2317 que Financiará el “Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)”, Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

  • Proponente: Poder Ejecutivo.
  • Propósito: Se aprueba el Contrato de Préstamo N° 2317 que financiará el “Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)”, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), hasta por la suma de setecientos millones de dólares exactos (US$700,000,000.00), moneda de Estados Unidos de América. El crédito tiene un plazo de hasta 30 años, incluyendo hasta 5 años de período de gracia de amortización, contados ambos a partir del primer desembolso, con una tasa de interés anual equivalente a Secured Overnight Financing Rate (SOFR) a Plazo a seis meses para el Período de Interés correspondiente más un margen de 251 puntos base.

Expediente 23.701: Reforma al Artículo 32 de la Constitución Política de la República de Costa Rica para Permitir la Extradición de Nacionales

  • Proponente: Pilar Cisneros Gallo y 9 firmas adicionales.
  • Propósito: Reforma el artículo 32 de la Constitución Política para que se habilite la extradición de personas costarricenses por casos de tráfico internaional de drogas o terrorismo.

Expediente 23.912: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2024

  • Proponente: Poder Ejecutivo.
  • Propósito: El Proyecto de Presupuesto para el año 2024 es de 12.635.522 millones de colones, equivalente a 25,4% del PIB, lo cual representa una disminución de 0,9 puntos porcentuales (p.p.) del PIB respecto a la Ley de Presupuesto del 2023. En cuanto a los rubros que componen este proyecto el servicio de la deuda (amortizaciones y pago de intereses) es el principal rubro de gasto, al absorber 46,2% del total, seguido por las transferencias corrientes y de capital (25,6% del total) y las remuneraciones (22,3% del total). Los ingresos corrientes financian el 61% del presupuesto, proyectando un balance primario presupuestario positivo del1,9% del PIB, superior en 0,5 puntos porcentuales (p.p.) al presentado en 2023. Situación similar se apreciaría en el Déficit Financiero Presupuestario, el cual mostraría una mejora de igual magnitud, al pasar de 3,7% del PIB a 3,2% del PIB.

Expediente 23.993: Cuarta Modificación Legislativa a la Ley N°10.331, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2023

  • Proponente: Poder Ejecutivo.
  • Propósito: La modificación presupuestaria, que asciende a un monto total de 13.068 millones de colones que incluyen los rebajos y aumentos que se presentan en seis títulos presupuestarios: Ministerio de Obras Públicas y Transportes: traslado de partidas por 7.3 mil millones de colones; Ministerio de Salud: rebaja de 4.1 mil millones de colones; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: aumentó de 4.1 mil millones de colones; Ministerio de Ambiente y Energía: traslado de partidas por 323 millones de colones; Regímen de pensiones: traslado de partidas por 450 millones de colones; y Poder Judicial: traslado de partidas por 781 millones de colones.