La Procuraduría de la Ética Pública (PEP), entidad adscrita a la Abogacía del Estado presentó una denuncia penal en contra de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez por haber llevado a cabo un nombramiento ilegal.
Así lo reveló este martes la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) en un comunicado posteado en sus redes sociales, al haber sido notificados por la PEP —dada su condición de denunciantes— de que el caso que formularon ante esa entidad acusando conflicto de intereses, tráfico de influencias y violaciones al deber de probidad fue trasladado al Ministerio Público.
Undeca había denunciado a Esquivel y al exdirectivo Juan Ignacio Monge luego que este último fuera designado gerente general de la CCSS por tres meses pese a que la Ley 4646 establece que "no podrá ser electo gerente, subgerente o auditor del Banco Central, de los bancos comerciales ni de las instituciones autónomas o semiautónomas, quien hubiere ocupado un cargo como miembro de la Junta Directiva de la respectiva institución durante todos o parte de los dos años anteriores".
Monge fue directivo de la CCSS entre septiembre del 2022 y el 30 de junio de 2023, cuando había programado su salida para asumir como gerente general de la institución. Luego que trascendiera en prensa y ante denuncia de los sindicatos que la designación violaba la Ley 4646 el funcionario renunció a su nombramiento y posteriormente fue designado asesor de la presidencia ejecutiva, para luego moverse a ser jefe de despacho de la gerencia general (ocupada actualmente por Esquivel Rodríguez) hasta el año 2026.
De acuerdo con Undeca, la PEP les notificó que el expediente DEP-179-2023 fue trasladado al Ministerio Público por el delito de nombramiento ilegal en contra tanto de Esquivel como de Monge. El Código Penal tiene tipificado ese delito en su artículo 344 y lo sanciona con multa de 30 a 90 días cuando un funcionario público proponga o nombre para un cargo público a una persona en quien no concurrieren los requisitos legales.
Por ese mismo nombramiento la Contraloría General de la República se apersonó rápidamente a pedir a la Caja los documentos que respaldaran la designación, recordando el impedimento existente en virtud de la Ley 4646. Posterior a ello, Monge renunció sin haber asumido.
Luis Chavarría, secretario general de Undeca afirmó que celebraban que la Procuraduría de la Ética trasladara la denuncia al Ministerio Público para que se investiguen hechos que se podrían contraponer al interés público, dado que Monge pasaría de recibir dietas de aproximadamente ¢50.000 a devengar más de ¢2,8 millones como jefe de despacho de la Gerencia General.
