Patricia Vargas González fue electa en primera ronda.
El Plenario de la Asamblea Legislativa designó este lunes a Patricia Vargas González como magistrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para un periodo de ocho años.
Vargas, de 49 años de edad, fue electa en primera ronda como la persona que llenará la vacante dejada por el magistrado Álvaro Burgos Mata, quien falleció en el ejercicio del cargo en abril de 2022.
Así votó cada congresista en el proceso de nombramiento.
La nueva magistrada —que será juramentada el 21 de septiembre según informó el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez— es doctora en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca (España), es máster en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica y licenciada en Derecho y Notaria Pública por la Universidad de Costa Rica, donde se graduó con honores.
Vargas trabaja como jueza de apelación de sentencia en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal en el Segundo Circuito Judicial de San José; ha sido letrada de la Sala de Casación Penal, jueza de juicio en el Tribunal del Tercer Circuito Judicial de San José y defensora pública en materia penal y ejecución de la pena de la Defensa Pública.
La jurista también ha laborado en el ámbito académico como profesora de Derecho Penal Especial e Investigación Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica; profesora de la Maestría en Ciencias Penales en el Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR; y profesora de la Maestría en Administración de Justicia de la Universidad Nacional.
Vargas fue la candidata mejor evaluada por la Comisión de Nombramientos para llenar la vacante en la Sala Tercera, al haber obtenido un 96% en los atestados y un 84.3% en la entrevista para una nota global de 89.56%, ubicándose en el primer puesto.
La designación de la nueva magistrada se da 1 año, 3 meses y 29 días después de vencido el plazo constitucionalmente establecido a la Asamblea para haber llenado la vacante del exmagistrado Burgos.
Por este y otros tres atrasos del mismo tipo, Delfino.cr interpuso una acción de inconstitucionalidad por omisión contra el Congreso, la cual fue admitida a estudio de la Sala Constitucional.
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Antecedente
En 2021 Vargas González era candidata a magistrada suplente para la Sala Tercera sin embargo pidió en julio de ese año ser excluida del proceso a través de una contundente carta de dos páginas en la que reprochó que, según se dio a conocer en medios de comunicación, los diputados estaban prevaleciendo el criterio político al cobrarle "la cercanía" con el exmagistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, a pesar de que ella fue la candidata con la nota más alta en la revisión de atestados para ocupar el cargo en la Corte Suprema.
Vargas afirmó entonces que ella no solo fue letrada de Arroyo, sino también de muchos otros magistrados y magistradas, incluso antes de la llegada del susodicho a ese despacho.
Me parece simplemente atroz que no sean mis atestados, mi formación académica o profesional, mi honradez o mi trabajo lo que determine si soy apta o no para el puesto que he concursado, sino el hecho de haber trabajado con alguien que no es del agrado de los y las diputadas por razones que no me atañen de ninguna manera.
"Entiendo perfectamente que la selección de magistraturas tiene un componente político pues son los diputados quienes eligen y está bien que sea de esa manera. Sin embargo, es lamentable que, dada la opacidad del proceso, se permita la entrada de especulaciones que no tienen nada que ver con las condiciones de las personas candidatas para desempeñar el cargo y sobre las cuales estas ni son interrogadas, ni se les permite dar explicaciones, bastando lo anterior para ser descalificadas", señaló Vargas.
De nuevo, no tener la confianza del parlamento por “la cercanía” a un exmagistrado —como si yo no fuese una persona que se ha formado durante décadas para desempeñar un cargo; que ha dado muestras de independencia en lo personal y en lo laboral y que ha tenido (para aquellos diputados y diputadas a quienes les preocupa esto solamente) cercanía, como letrada, con otros magistrados y magistradas además del señor Arroyo Gutiérrez— es inaceptable desde todo punto de vista.
Por todo lo anterior, y una vez revelado que los diputados "le cobraban" haber sido letrada del exmagistrado Arroyo, Vargas decidió entonces retirar su nombre de ese y los próximos concursos para magistraturas suplentes de la Sala Tercera, al afirmar que tenía certeza de que mantenerlo carece de todo sentido y suponía legitimar un trámite que era imperativo corregir.
La diputada Gloria Navas Montero de Nueva República se refirió a esa polémica durante la votación de este 18 de septiembre y defendió a Vargas como la candidata mejor evaluada para el cargo y desestimó los señalamientos que se habían hecho años atrás en su contra.
