Acción de inconstitucionalidad fue promovida por Delfino.cr tras incumplimiento de la Asamblea de llenar vacantes que acumulan hasta más de 2 años.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida popularmente como la Sala IV) admitió a estudio por el fondo una acción de inconstitucionalidad promovida por Delfino.cr en contra de la omisión en la que ha incurrido la Asamblea Legislativa de llenar las vacantes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dentro del plazo dictado en la propia Constitución Política.

Así fue notificado este miércoles por el Tribunal Constitucional en una resolución de admisibilidad firmada por el presidente Fernando Castillo Víquez, quien señaló que la admisión a estudio se dio "por disposición de la mayoría del Pleno" y además, se le dan 15 días plazo al procurador general de la República, Iván Vincenti Rojas; al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez; y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez para referirse al asunto.

El caso que se tramita bajo el expediente 23-014602-0007-CO fue presentado a la Sala desde el 20 de junio anterior pero fue admitido a estudio hasta este miércoles. En el ínterin el magistrado suplente Roberto Garita Navarro pidió inhibirse pues él ocupa la plaza vacante de la Sala Constitucional que existe desde la renuncia de la magistrada Nancy Hernández López; la inhibitoria fue aceptada por el presidente de la Sala, quien pidió al presidente de la Corte realizar el sorteo para designar el suplente que conocería del asunto, siendo electo el magistrado suplente Alejandro Delgado Faith.

En la acción de inconstitucionalidad Delfino.cr acusó que la Asamblea Legislativa ha violado flagrantemente el artículo 163 de la Constitución Política, reformado por el artículo único de la ley N° 8365 del 15 de julio de 2003, el cual dispone que las vacantes ocurridas en las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia deben llenarse "dentro de los treinta días naturales posteriores al vencimiento del período respectivo o de la fecha en que se comunique que ha ocurrido una vacante".

La versión original de dicho artículo señalaba que las vacantes debían llenarse "en una de las diez sesiones anteriores al vencimiento del período respectivo", mientras que "la reposición, en cualquiera de las ocho posteriores a aquélla en que se comunique haber ocurrido una vacante".

Ante ello se alegó que aunque se reformó el artículo constitucional, la Asamblea Legislativa en su rol de constituyente derivado decidió mantener un plazo perentorio en el cual la designación de los magistrados debía ser llevada a cabo, por lo tanto, la Asamblea Legislativa como poder del Estado o autoridad pública debe cumplir con los mandatos expresos o tácitos que le impone el constituyente originario o el poder reformador para mediar en el desarrollo de determinadas cláusulas o contenidos constitucionales.

Es decir, si la Asamblea Legislativa en su rol de constituyente reformador o derivado decidió autoimponerse un plazo perentorio de 30 días naturales como lo estatuye la norma violentada, es obligación legal y moral de la Asamblea Legislativa hacer lo necesario para cumplir con dicho requisito.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa ha incurrido en la omisión de hacer respetar el plazo constitucionalmente señalado en el artículo 163 en cuatro procesos de designación de un magistrado o magistrada de distintas salas de la Corte Suprema de Justicia.

Incumplimientos

Delfino.cr acusó que la Asamblea se encuentra en incumplimiento de su deber constitucional de nombrar cuatro magistraturas de la Corte Suprema de Justicia.

El caso más crítico es el de la persona que llenará la vacante del magistrado William Molinari Vílchez en la Sala Primera de la Corte, luego de que él presentara su renuncia y esta le fuera comunicada a la Asamblea Legislativa el 12 de abril de 2021, de modo que el plazo para designar su sucesor al tenor del artículo 163 constitucional venció el 12 de mayo de 2021.

Pese a ello, a este miércoles 23 de agosto han pasado 2 años, 3 meses y 11 días desde que se venció el plazo constitucional y la Asamblea no ha llenado la plaza.

El segundo caso es el de la vacante que dejó la magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández López, quien asumió como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

La renuncia de Hernández fue notificada al Congreso el 22 de noviembre de 2021, con efecto a partir de 2 de diciembre de 2021. De este modo el plazo para designar a la persona que llenará la vacante venció el 2 de enero de 2022, es decir, hace 1 año, 7 meses y 21 días, sin que la Asamblea haya llevado a cabo el nombramiento.

El tercer caso versa respecto a la vacante que dejó el magistrado de la Sala Tercera, Álvaro Burgos Mata tras su fallecimiento. El deceso le fue notificado al Congreso el 20 de abril de 2022, de modo que la fecha para designar su sustituto venció el 20 de mayo de 2022, es decir, hace 1 año, 3 meses y 5 días.

Finalmente se encuentra el caso de la vacante que dejó el magistrado de la Sala Primera, Román Solís Zelaya tras su fallecimiento. El deceso fue notificado al Congreso el 23 de agosto de 2022, de modo que la fecha para llenar la plaza se venció el 22 de septiembre de 2022, hace 11 meses y 1 día, sin que el Congreso haya procedido con el nombramiento respectivo.

Delfino.cr pidió a la Sala declarar la inconstitucionalidad por omisión por parte de la Asamblea Legislativa; instar al Congreso a cumplir su obligación constitucional; y ordenarle no volver a incurrir en las omisiones denunciadas.

Una vez la Procuraduría y las presidencias del Congreso y la Corte rindan sus informes, la Sala turnará la acción para estudio por el fondo de alguno de sus magistrados, para que proponga una resolución que adoptará el pleno.

Estado de los cuatro procesos de nombramiento a la Corte Suprema

Vacante Sala I (en sustitución de exmagistrado Molinari Vilchez)

Tras haber realizado el concurso para la vacante, la Comisión de Nombramientos entrevistó a 9 de las 10 personas que se postularon al cargo (una no cumplió con la nota mínima de atestados definida para este proceso), y tras ponderar la calificación obtenida en los atestados y las entrevistas, desde octubre del 2021 se recomendó al Plenario una terna conformada por las tres personas con las mejores notas: Álvaro Enrique Hernández Aguilar,  Ileana Isabel Sánchez Navarro y Carlos Guillermo Zamora Campos.

Vacante Sala Constitucional

Tras haber realizado el concurso para la vacante, la Comisión de Nombramientos entrevistó a 12 personas que se postularon al cargo, y tras ponderar la calificación obtenida en los atestados y las entrevistas, la comisión decidió que la “terna” para recomendar al Plenario estaría conformada por los tres hombres y las tres mujeres con mejor calificación: Ingrid Hess Herrera, Hubert Fernández Arguello, Vilma Sánchez del Castillo, Ronald Salazar Murillo, Ileana Sánchez Navarro y Norberto Garay Boza.

Vacante Sala III

Tras haber realizado el concurso para la vacante, la Comisión de Nombramientos entrevistó a las diez personas que se postularon para el puesto, y tras ponderar la calificación obtenida en los atestados y las entrevistas la Comisión de Nombramientos recomendó a las dos mujeres que participaron y los cuatro hombres con las calificaciones más altas, en el siguiente orden: Patricia Vargas González, Norberto Garay Boza, William Serrano Baby, Cynthia Dumani Stradtmann, Edwin Salinas Durán y Rafael Segura Bonilla.

Vacante Sala I (en sustitución del exmagistrado Solís Zelaya)

Tras haber realizado el concurso para la vacante, la Comisión de Nombramientos entrevistó a las siete personas que se postularon para el puesto, y tras ponderar la calificación obtenida en los atestados y las entrevistas la Comisión de Nombramientos recomendó a las dos mujeres y los dos hombres con las calificaciones más altas, en el siguiente orden: Jorge Leiva Poveda, Alexandra Alvarado Paniagua, Luis Diego Ramírez González y Jessica Jiménez Morales.