Propuesta había sido rechazada por la anterior Asamblea durante la discusión de la Ley Marco de Empleo Público.
El diputado liberacionista Gilberth Jiménez Siles presentó un proyecto a la corriente legislativa (expediente 23.934) para que todas las personas funcionarias que tengan un salario compuesto inferior al que les correspondería con el nuevo salario global, puedan trasladarse voluntariamente al esquema de salario global.
El proyecto de ley en su exposición de motivos pone como ejemplo el caso de la Fuerza Pública, señalando que “un Agente 1 de Fuerza Pública, que haya entrado del 10 de marzo en adelante, tuvo un salario de 477.915 colones de salario global transitorio y ahora pasa a un salario de 748.988 colones, un aumento significativo y bien visto por los cuerpos policiales”, y añade:
los oficiales que fueron contratados antes del 10 de marzo del 2023, o sea, los de mayor antigüedad, no pueden trasladarse al salario global y deben mantenerse con su salario compuesto con aumentos anuales hasta alcanzar el salario global de su categoría”.
La exposición de motivos señala que estas diferencias provocan “una discriminación y desigualdad salarial y generando que los servidores públicos de nuevo ingreso estén mejor remunerados que los de mayor antigüedad, generando desequilibrios, desmotivaciones, diferencias, desigualdades, entre otros, que a pesar de contar con mayor experiencia, conocimientos amplios y entrega durante muchos años a la labor van a tener menor remuneración”.
Dato D+: El argumento de la discriminación por desigualdad salarial fue presentado y rechazado por la Sala Constitucional dentro de las consultas facultativas presentadas en el trámite del expediente 21.336 (Ley Marco de Empleo Público).
El pasado 10 de septiembre el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) publicó las tablas de salarios globales definitivas que deben empezar a aplicar todas las instituciones públicas que están bajo la rectoría de esa institución, que incluye todos los puestos públicos que no fueron declarados exclusivos y excluyentes por los otros Poderes del Estado y por las instituciones autónomas y descentralizadas con autonomía constitucional.
Advertencia de la Contraloría
Durante la discusión de la Ley Marco de Empleo Público en la anterior Asamblea Legislativa se consideró la posibilidad de habilitar el traslado voluntario de todas las personas del sector público al esquema de salario global, por medio de un transitorio a la ley, similar al que ahora propone el diputado Jiménez Siles.
En ese momento la Contraloría General de la República advirtió que esa posibilidad de traslado general tendría implicaciones negativas al corto plazo, frente a las precarias finanzas públicas del país.
En aquel momento la Contraloría detalló que habilitar el traslado de quienes devenguen un salario menor al que les correspondería bajo el esquema de salario global tendría implicaciones fiscales en el corto plazo y que en el contexto actual harían inviable su financiamiento y “pondrían en riesgo la efectiva y sostenible transición al modelo de salario global”.
El informe presentado en noviembre de 2020 le señaló a la Asamblea que, antes de la aprobación de este transitorio, es necesario contar con la información adecuada para medir los impactos posibles en las finanzas públicas en el corto plazo. Para ilustrar esto la Contraloría presentó el impacto que tendría esa medida al aplicarlo a 30 instituciones del sector público, encontrando que para esos casos el incremento en salarios implicaría un gasto adicional de poco más de ₡18.000 millones.
Posterior a la advertencia de la Contraloría la mayoría de la Asamblea Legislativa acordó eliminar esa norma y la Ley fue aprobada sin el cuestionado transitorio.
