En una ajustadísima votación las bancadas oficialista, de Nueva República, Unidad Social Cristiana y Liberal Progresista aprobaron una moción que denegará a los taxistas un descuento del 25% en el canon que deben pagar al Consejo de Transporte Público (CTP), que estaba contenido en un proyecto de ley destinado a darles auxilio inicialmente por la pandemia de COVID-19, pero ahora por "la crisis sanitaria, económica y social" del país.
La iniciativa en cuestión se tramita en el expediente 21.924 y fue presentada por el diputado Erwen Masís Castro de la Unidad Social Cristiana (PUSC) durante el anterior periodo legislativo. Ya había sido aprobada en primer debate pero la Asamblea actual dispuso retrotraerlo a primer debate para implementarle cambios al texto.
El texto antes de ser modificado este jueves disponía que los taxistas estarían autorizados a colocar publicidad y propaganda en taxis, sin que esos nuevos ingresos se tomaran en cuenta para la regulación tarifaria; además permitiría el transporte de cosas lícitas de fácil movilidad, medicamentos, alimentos, o animales de compañía de pequeñas especies.
También autorizaba a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a condonar los cobros por multas, sanciones e intereses a los taxistas trabajadores independientes y taxistas patronos; siempre y cuando se regularizara su situación dentro del plazo de 60 días hábiles a partir de la entrada en vigencia de esta ley; y autorizaba que hasta por un plazo de un año se eximiera a los permisionarios y concesionarios del servicio público de transporte modalidad taxi del pago de hasta un 25% del canon establecido en la Ley N.° 7969, debiendo el MOPT transferir directamente al CTP vía Presupuesto de la República el monto equivalente al dejado de percibir por el CTP considerando esa medida.
También se disponía que los concesionarios que adquirieron una concesión administrativa con la promulgación de la Ley N.° 7969 y que a la fecha de renovación no pudieron cambiar su unidad o formalizar su concesión por errores de notificación, faltas menores u otros errores conexos, podían presentar ante el CTP la solicitud de renovación de la concesión y la solicitud de cambio de su unidad, dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de la ley. El CTP debía atender cada caso y bajo criterio técnico y justificación razonada, podrá proceder a la renovación de las concesiones en cuestión.
Sin embargo, la diputada María Marta Carballo del PUSC impulsó una moción que algunos diputados afirmaron no era de consenso y terminó siendo aprobada este jueves, que eliminó varios de los beneficios contenidos en la propuesta, señalando la legisladora que el Ejecutivo vetaría el proyecto si esos aspectos no fueran arreglados, situación que causó también sorpresa en el Plenario pues la amenaza de veto estaba saliendo de boca de una diputada del PUSC, y no de Casa Presidencial o de alguno de sus diputados oficialistas.
El nuevo texto, aprobado en votación 22 vs. 21 eliminó la obligación del CTP de implementar y poner a disposición de los taxistas una aplicación tecnológica moderna que les permitiera conectarse con los usuarios para coordinar viajes; con cobertura en todo el territorio nacional y con funcionalidades como informarle al concesionario taxista sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, el CTP, los bancos del Estado, la Aresep y cualquiera de los sistemas de pensiones vigentes.
También se eliminó la orden al CTP de destinar al menos 3% de lo recaudado anualmente por el canon que pagan los taxistas para dar publicidad y mercadeo a esa aplicación móvil.
Asimismo el texto de la diputada del PUSC eliminó la condonación de multas, sanciones e intereses de la CCSS a los taxistas independientes o taxistas patronos; y sacó de la propuesta también el descuento del 25% del canon del CTP previsto por un año solamente.
Los cambios y la discusión de la propuesta tanto a favor como en contra fueron vistos desde las barras del público por representantes de los taxistas, quienes ya habían expresado su inconformidad con la propuesta de la diputada del PUSC, pero que además de ser aprobada, fue 'definitivamente aprobada' pues una moción de revisión para revertir el resultado terminó por reconfirmar la posición de la mayoría en el Congreso.
Tras una reunión entre Rodrigo Arias y las jefaturas de fracción, el Plenario acordó dejar de lado el proyecto por ese día y pasar a otros asuntos de la agenda.
Breves
— Con 40 votos a favor y 8 en contra el Plenario aprobó repetir la votación de primer debate de segunda legislatura del expediente 22.617 "Adición de un párrafo segundo al artículo 24 de la Constitución Política, para reconocer como derecho fundamental al acceso a las telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicaciones en todo el territorio nacional", reforma que el día previo había fracasado al haberse 4 votos a favor por debajo de los 38 requeridos para ser aprobada. El resultado de la nueva votación de primer debate de segunda legislatura fue de 40 a favor y 8 en contra, y Arias anunció que el próximo lunes tendría lugar el segundo debate.
— Con 43 votos a favor y 0 en contra el Plenario aprobó una moción para solidarizarse con la población migrante que está ingresando al país e hizo una excitativa al gobierno para que emita una declaración de emergencia por calamidad pública y active la Comisión Binacional con Panamá en el marco del convenio sobre cooperación fronteriza.
— La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó de manera positiva el expediente 22.937 que tiene como objetivo el reforzamiento de las herramientas en la lucha contra la corrupción y delitos sexuales contra personas menores de edad; trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y tráfico de órganos. Esta propuesta amplía la lista con los delitos de cohecho impropio, cohecho propio, corrupción agravada, aceptación de dádivas por un acto cumplido, corrupción de jueces, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, y negociaciones incompatibles en su numeración taxativa actual, cerrando de esta manera portillos a la impunidad en cosas de corrupción y enriquecimiento ilícito. También se incluyen los delitos sexuales contra personas menores de edad, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y tráfico de órganos.
— El presidente del Sinart, Fernando Sandí Chacón compareció este jueves en la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público donde confirmó que la compañía estatal suspendió los pagos a la empresa del asesor presidencial Christian Bulgarelli, señalado por haber contribuido en la elaboración de una licitación, concursado y ganado esa misma. La suspensión, afirmó Sandí, se hizo mientras se investiga el posible conflicto de intereses en los hechos que han trascendido públicamente. Durante la audiencia la diputada Sofía Guillén del Frente Amplio señaló que un reglamento interno del Sinart prohibía a los asesores presidenciales participar como oferentes en licitaciones de esa empresa estatal, pero dicho reglamento fue derogado con posterioridad a que Bulgarelli ganara la licitación.









