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Imagen principal del artículo: Archivan ley para sancionar a congresistas que falten al deber de probidad
Foto: Luis Madrigal / Delfino.cr

Archivan ley para sancionar a congresistas que falten al deber de probidad

El Plenario de la Asamblea Legislativa negó dos veces este jueves prorrogar el plazo cuatrienal a un proyecto de ley que establecía sanciones para los legisladores que violenten el deber de probidad, una legislación que la Sala Constitucional le ordenó al Congreso promulgar desde hace más de 15 años, pero que Asamblea tras Asamblea el tema ha sido postergado.

La iniciativa, tramitada en el expediente 21.515 se denominaba "Régimen de Responsabilidad de las Diputaciones por Violación al Deber de Probidad" y había sido presentada en el anterior periodo constitucional por José María Villalta del Frente Amplio, Carolina Hidalgo Herrera del PAC, la independiente Zoila Volio Pacheco, los liberacionistas Franggi Nicolás Solano y Wagner Jiménez Zúñiga, y la socialcristiana María Vita Monge Granados.

La iniciativa, que ya estaba dictaminada y lista para su votación en el Plenario, disponía que los legisladores debían rendir cuentas por el cumplimiento de todas las funciones públicas asignadas de conformidad con el principio de transparencia; abstenerse de utilizar su cargo con propósitos privados; proteger su integridad y evitar cualquier conflicto de intereses, rechazando favores y cualquier dádiva, proveniente de sujetos privados o de otros funcionarios públicos por hacer un acto propio del cargo; y abstenerse de utilizar su investidura, influencia y atribuciones propias de su cargo y recursos destinados a su ejercicio para buscar o promover, por cualquier medio, beneficios particulares indebidos para sí mismos o para sus familiares, particulares con quien mantengan un vínculo de amistad, socios y para sus empresas.

Asimismo, la normativa dispondría que en caso de conflicto de intereses a la hora de votar, debían comunicarlo por escrito y luego retirarse del salón de sesiones. También se disponía el deber de utilizar todos los recursos y servicios que presta la Asamblea Legislativa exclusivamente para los fines a los que están destinados; abstenerse de utilizar las prerrogativas de su cargo o aprovecharse indebidamente de dichos recursos para efectuar, autorizar o patrocinar en beneficio propio o para terceros, trámites, nombramientos o gestiones administrativas; prohibición de emitir cartas de recomendación, entre otros.

Por otro lado, el proyecto disponía que las faltas a la probidad se tipificarían en graves, sancionadas con la pérdida de la dieta de 1 a 3 meses; y faltas muy graves, sancionadas con la pérdida de credencial del diputado, es decir, la destitución de su cargo.

El expediente establecía que la investigación preliminar contra un diputado por faltas a la probidad estaría a cargo de la Procuraduría de la Ética Pública, la cual recomendaría al Plenario la decisión a tomar para que allí fuera votada. Si el Plenario aprobaba destituir al diputado, el Tribunal Supremo de Elecciones retiraría la credencial correspondiente y llamaría al siguiente en la nómina para llenar la vacante.

El diputado Jonathan Acuña Soto del Frente Amplio condenó el archivo del expediente y recordó que terminar con la impunidad de diputados y diputadas es un mandato de la Sala Constitucional desde el año 2008, además que la Asamblea en el periodo constitucional de Luis Guillermo Solís aprobó la reforma constitucional para habilitar la pérdida de credencial de los diputados por faltas al deber de probidad, pero ataba su efectividad a que el Congreso promulgue una ley especial con el procedimiento al respecto, aprobada con no menos de 38 votos.

Acuña adelantó que el FA volverá a presentar el proyecto de ley y afirmó que con el archivo del proyecto se mandaba un mensaje a la ciudadanía de que se quería continuar con la impunidad para diputados.

Por su parte, Pilar Cisneros Gallo, jefa del oficialismo afirmó que el archivo del proyecto respondía a que hace ocho meses se circuló un texto trabajado con el Tribunal Supremo de Elecciones para lograr que a los diputados se les sancione cuando cometen una falta, y que el expediente que se estaba enviando al archivo carecía de aspectos de procedimiento básicos o de tipificar otras faltas a la probidad.

Nada de impunidad, nadie quiere impunidad, pero hay que hacerlo bien hecho, una vez que votemos esto en contra empezaremos a trabajar en este nuevo texto al cual los diputados del Frente Amplio nunca se dignaron a contestar.

La primera moción de plazo cuatrienal fue rechazada con 9 a favor (5 PLN y 4 PLN) y 29 en contra (10 del PPSD, 4 de NR, 3 del PUSC, 3 del PLP y 9 del PLN) mientras que la segunda fue rechazada con 10 a favor (5 del FA y 5 del PLN) y 28 en contra (10 del PPSD, 5 de NR, 2 del PLP, 7 del PLN y 4 del PUSC).

Breves

— Con 40 votos a favor y 0 en contra se acordó que el Plenario acuerde llevar a cabo un debate reglado sobre las tres mociones de censura en contra del ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaen, el 18 de julio de 2023 por espacio de dos horas.

— El Congreso inició su receso de medio año dejando pendientes 102 mociones de fondo al proyecto de ley de jornadas 4x3 y dos presupuestos extraordinarios.