Referencia del BCCR

Tipo de cambio

Compra

₡...

Venta

₡...

Presentado por
Logo Coopealianza
Imagen principal del artículo: Hacendarios dictamina presupuesto extraordinario y aprueba transferencia de recursos para la CCSS
Foto: Asamblea Legislativa

Hacendarios dictamina presupuesto extraordinario y aprueba transferencia de recursos para la CCSS

La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente, este martes, el presupuesto extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo que incorpora recursos por créditos internacionales y que, contrario a lo pretendido por Hacienda, reconoce la transferencia que el Estado debe hacer a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para honrar la deuda histórica que se tiene con esa institución.

Este martes el foro legislativo recibió en audiencia a la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, quien explicó los alcances del proyecto y sus efectos.

En ese sentido, Acosta resaltó que el expediente presenta una rebaja neta de 306.300 millones de colones, lo que a nivel de los ingresos se deriva de varios movimientos: se incorporan ingresos corrientes por 2772 millones provenientes de transferencias del sector público y privado, producto de la aplicación de las leyes 9371, 9635 y un remanente de la Ley 9524; dentro de las transferencias al sector público se incluyen 1128 millones como resultado de la ley para fusionar PANARE con CONAPDIS; y se rebajan 309.071 millones en financiamiento como resultado principalmente de la reducción de la emisión de títulos de valores de deuda interna, para compensar los créditos externos revalidados, destinados a amortizar deuda interna por 307.180 millones.

Aparte, y con efecto neto de cero en el rubro de financiamiento, se incorporan 136.323 millones del crédito del Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional que se utilizan para sustituir colocación de títulos de deuda interna, como amortización de la deuda interna.

En el rubro de los egresos se encuentra una rebaja de 307.180 millones en servicio de la deuda, producto de la rebaja para compensar el aumento que se dio por la revalidación automática de tres fuentes de financiamiento, que financian la amortización de títulos valores internos. Adicionalmente con efecto neto de cero, se hace un cambio de fuente para incorporar los recursos del tercer desembolso del SAF del FMI por 136.323 millones, y los recursos derivados de la aplicación de las leyes 9635 y 9731 por 1643 millones de colones, rebajando en los mismos montos el financiamiento con títulos de la deuda interna.

En el caso del Ministerio de Salud se presenta una rebaja de 248 millones de colones que obedece a la desincorporación de saldos de recursos del préstamo con el Banco Japonés de Cooperación para financiar el proyecto de mejoramiento del medio ambiente de la Gran Área Metropolitana, que por el lado del gasto se refleja como transferencia de capital hacia el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el presupuesto de ese ministerio.

Al Ministerio de Ambiente se le asigna un incremento de 973.000 millones para pago de combustibles y lubricantes, que se financia con el remanente de la ley 9524, que se generó en el proceso de discusión del quinto presupuesto extraordinario del 2022; y finalmente, en el Ministerio de Trabajo se incorporan 1128 millones como gastos del programa CONAPDIS, originados en la fusión con PANARE decretada en la ley 10.077 del año 2021, incluyendo financiamiento para 36 plazas.

Acosta también detalló que el presupuesto tiene traslados entre partidas: un aumento neto de 627 millones en Cancillería, que provienen de una rebaja por la misma cuantía en el Ministerio de Hacienda, dados ahorros por diferencial cambiario en contratos en dólares.

Este movimiento responde a la necesidad de reforzar el presupuesto de algunas partidas en varios programas cuya autorización alcanzaría hasta junio, y que se concentra en programas del servicio exterior.

También se observan aumentos por 270 millones netos en el Ministerio de Gobernación y Policía para atender deudas originadas por traslado de cuotas de exfuncionarios del régimen de pensión de comunicaciones hacia el régimen IVM de la Caja. Los recursos provienen de una rebaja por 232 millones del título de regímenes de pensiones de la Asamblea Legislativa y Hacienda que no se ejecutarán, y otra rebaja por 38 millones del Ministerio de Trabajo, que son recursos de transferencias a la CCSS para pago del seguro de recolectores de café.

Adicionalmente, hay traslados entre partidas dentro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) por 8015 millones, por rebajas de diferentes programas para aumentar principalmente 7547 millones en la subpartida del fideicomiso MOPT-Banca, porque el ministerio tomó la decisión de realizar la gestión financiera del proyecto de infraestructura vial, y se adicionan 196 millones para gastos varios del subprograma de administración vial y transporte terrestre.

Otro de los movimientos se da en el Ministerio de Justicia y Paz, en el que se trasladan 2609 millones que provienen de una rebaja de 2299 millones del gasto de salud a la población privada de libertad, para contrato de monitoreo electrónico; y una rebaja de 49 millones a la atención de personas adscritas al sistema penitenciario, para indemnizaciones, rebajas en salario escolar por 16 millones para pago de intereses moratorios y multas a la Caja y traslado en el programa del Registro Nacional por 210 millones para atender necesidades directas.

La iniciativa también contiene cambios a las normas de ejecución: en una se autoriza al ICODER a variar una partida aprobada en el presupuesto 2015 por 2116 millones o el saldo que exista, para que se utilice en la construcción de gimnasios recreativos o deportivos en Limón; y se autoriza a la Municipalidad de Carrillo a variar el destino de partidas aprobadas en los presupuestos de 2018 y 2013 para que sus respectivas sumas o los saldos que existan, sean usados en mejoras en el Cementerio de Filadelfia, y la construcción de paradas de buses en el cantón.

El Ejecutivo también pretendía eliminar la norma presupuestaria 10 que limita la creación de plazas; y la norma 11 referida a la obligatoriedad de eliminar del presupuesto las plazas que queden vacantes, salvo en los casos de Educación y Seguridad.

En síntesis, Acosta afirmó que este presupuesto extraordinario mejora levemente los principales resultados fiscales al disminuir el déficit financiero y primario implícitos en el presupuesto en 0.05% del PIB (224 mil millones) y 0.004% del PIB (1924 millones). Además, reduce el déficit en cuenta corriente en 0.01% (4859 millones).

La contralora, sin embargo, señaló que en los primeros 4 meses de este año la deuda en colones del Gobierno ha aumentado en 295.000 millones respecto a diciembre de 2022, y al mes de abril alcanza 28.5 billones que equivale a un 60.9% del PIB.

Este comportamiento responde principalmente a movimientos de la deuda externa, cancelación de eurobonos y colocación de eurobonos en abril, y como el saldo está valorado en colones, se presenta un efecto por tipo de cambio que ha generado un comportamiento más favorable desde el mes de septiembre. El tercer desembolso del FMI ingresó el 17 de noviembre, por lo que fue incorporado como parte del saldo de la deuda.

Asimismo, Acosta dijo que el Gobierno debería realizar un esfuerzo para reducir la dinámica de los intereses, ya que el interés real se está convirtiendo en el principal factor que dificulta la reducción de la relación deuda/PIB: en el 2015, explicó, la tasa de interés real aportaba solo 1.2 puntos porcentuales al crecimiento del ratio de la deuda, mientras que en 2022 su aporte es de 4.3 puntos.

Para 2023, la Dirección de Crédito Público estima que para diciembre el pago de intereses presente una ejecución de 97.7% respecto del presupuesto inicial y llegue a representar el 5% del PIB, aunque debe aclararse que no es usual que los intereses lleguen a ese porcentaje de ejecución.

La contralora también señaló que al comparar el devengo de las transferencias a la Caja en el mes de abril de 2023 con el del 2022, se refleja un decrecimiento de 2.0%, es decir, 3177 millones. A pesar de eso, en el presente proyecto se rebajan 2365 millones, en su mayoría recursos del Ministerio de Justicia, que en la proyección de gastos realizada se consideró una población beneficiada de 21.000 personas, la cual supera la capacidad instalada del servicio penitenciario.

Al respecto, la Caja indicó al Ministerio mediante oficio que será compromiso y responsabilidad de dicho ministerio realizar los ajustes necesarios para cubrir la totalidad de financiamiento de la población penal, en caso de que exista un comportamiento de aumento en la población carcelaria.

Acosta también alertó que este proyecto no incluye el la transferencia a la Caja por el 10% del tercer desembolso del SAF por 27 millones de dólares, ni el remanente del segundo desembolso, a pesar de que informes de la Caja señalan que el total adeudado por el Estado a diciembre asciende a 2.9 billones de colones.

Por su parte, la Contraloría informó el 1 de mayo a la Asamblea en el informe de liquidación del presupuesto que no se registraron ni pagaron transferencias corrientes a la Caja por 252.287 millones de colones, y facturas por cuotas patronales por 40 millones.

Esa situación es riesgosa pues aumenta la deuda del Gobierno con esa institución.

Tras concluir la audiencia de Acosta, la comisión se aprestó a tramitar las mociones presentadas. Eliécer Feinzaig, jefe del Liberal Progresista, presentó una para que la Asamblea reconozca la transferencia del 10% de lo desembolsado por el FMI a Costa Rica, con el fin de destinarlo a bajar la deuda del Estado con la Caja.

La moción fue aprobada con el voto negativo del oficialismo, quienes sostuvieron que esos recursos no se incluyeron porque no existe convenio con la Caja que habilite su incorporación.

Feinzaig afirmó que la transferencia, al reconocerla, obligará a Hacienda a que suscriba un convenio de pago con la Caja, pues si la entidad no puede emplear los recursos para programas de salud a falta de un convenio que señale qué deuda se está pagando, la Caja los invertirá en títulos valores de Hacienda y por ende, ese ministerio terminará pagando dobles tasas de interés (al FMI y a la Caja).

Paulina Ramírez Portuguez, diputada del PLN y presidenta de la Comisión criticó que Hacienda tardara cinco meses en darle trámites a fondos que se destinan para cambiar deuda cara por deuda barata, pues el desembolso del FMI se hizo desde noviembre del año pasado.

El proyecto entra ahora el trámite de mociones de fondo vía artículo 137, en la cual cualquiera de los 57 congresistas puede presentar nuevas modificaciones, las cuales deberán ser conocidas por la Comisión de Hacendarios.

Breves

— ¡Cayó la guillotina! En la sesión de Plenario de la tarde empezó la votación sin discusión de mociones de fondo al proyecto de jornadas 4x3. En total en ambas sesiones se conocieron 45 mociones de fondo y 41 mociones de revisión. Restan 688 mociones de fondo y sus eventuales revisiones, de modo que se estima que se tardarían casi 3 semanas en sacar las mociones que quedan.

— Por unanimidad, el Plenario aprobó modificar la integración de la Comisión Especial de Cartago de modo que pase de 9 a 7 miembros, despojando a la Unidad Social Cristiana de un puesto, y a Nueva República de su único representante, que era David Segura (electo por Puntarenas, pero que representaba al partido en esa comisión dado que los cartagineses no le concedieron curules a a NR).