Universidades Públicas señalaron al Incopesca por inducir al error y negligencia en el anuncio de la lista.
Las cinco universidades públicas del país solicitaron al Instituto de Pesca y Acuicultura (Incopesca) derogar de inmediato el acuerdo que incluye a tortugas, iguanas, corales y 200 especies más en una lista de especies de para explotar comercialmente.
En el acuerdo N° AJDIP/057-2023, la Junta Directiva del Incopesca señaló que la confección del listado contó con el criterio de instituciones públicas, entre estas la academia. Al respecto la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Técnica Nacional (UTN), Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), señalaron que no todas las unidades académicas recibieron una solicitud oficial.
"Los funcionarios de algunas de nuestras unidades académicas, consultados, suministraron información y recomendaciones técnicas, que no fueron contempladas u omitidas del todo en el acuerdo mencionado", indicaron en una información dirigida a la comunidad universitaria y a la opinión pública.
Además, señalaron al Incopesca por inducir al error y negligencia debido a que el mencionado listado contempla peces, crustáceos, macroalgas, microalgas, zooplancton y cnidarios, pero en su nombre solo se consignan peces y crustáceo. También criticaron que dicha institución omitió una metodología clara y sustentada en datos confiables.
Esta nueva lista incluye especies vulnerables, lo cual representa un enorme retroceso en la conservación de la biodiversidad costarricense. Además del daño irreparable y directo a valiosos ecosistemas, Costa Rica sufre un considerable perjuicio en su imagen de país, dedicado a preservar y utilizar responsablemente su biodiversidad, lo cual repercute a su vez en un grave deterioro económico y social", agregaron.
En la academia solicitaron que para la actualización de la lista indicada, se convoque oficialmente a expertos mediante las unidades académicas. Recordaron a las autoridades gubernamentales que están en disposición para aportar conocimiento técnico y científico en la toma de decisiones.
El documento fue firmado por: Cindy Fernández García, Directora de la Escuela de Biología de la UCR; Ángel Herrera Ulloa, Director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA; Carlos Alvarado Ulloa, Director de la Escuela de Biología ITCR; Lilliana Rodríguez Barquero, Vicerrectora de Investigación y Transferencia de la UTN; Nelson Peña Navarro, Director de la Carrera de Ingeniería en Acuicultura de la UTN; Ronald Sequeira Salazar, Director de la Escuela Ciencias Exactas y Naturales de la UNED.
El listado, publicada el pasado 28 de abril en el Diario Oficial La Gaceta, incluyó flora y fauna proveniente de los siguientes grupos: peces, crustáceos, macro algas, micro algas, zooplancton, cnidarios, equinodermos, esponjas, anélidos, reptiles, anfibios y moluscos.
En el caso de los los animales incluidos en el grupo de cnidarios, corresponden en su totalidad a especies de corales. Asimismo, en el grupo de reptiles, se incluyeron especies exóticas invasoras como las tortugas verdes de orejas rojas y amarilla. La iguana rayada comúnmente llamada Garrobo, especie susceptible a la cacería ilegal, también está presente.
También se agregó a una serie de especies marinas como erizos, gusanos, esponjas, pepinos de mar, algas y zooplancton.
En la Asamblea Legislativa, la diputada del partido Liberal Progresista, Kattia Cambronero Aguiluz, quién dio a conocer la situación, enfatizó en la posibilidad de que esto facilite el tráfico de especies silvestres, su cautiverio o la sobreexplotación de ecosistemas sensibles.
La congresista cuestionó que, pese a que el documento señaló que las especies incluidas fueron aprobadas por biólogos de Incopesca y consultadas a organizaciones nacionales especializadas, no existe alguna justificación práctica de peso para la explotación comercial en de las especies en el mercado nacional.
Mientras que, el Frente Amplio, a través del diputado Ariel Robles Barrantes, presentó un recurso de amparo y medidas cautelares por la inclusión de las 200 nuevas especies silvestres susceptibles de explotación comercial, sin realizar estudios técnicos que justifiquen la medida. En el recurso, se hace hincapié en que hay violación al derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal como lo ordenan los artículos 50 y 89 de la Constitución Política.
