UNA negó haber sido consultada tal como lo indicó Incopesca.

La Universidad Nacional (UNA) se desligó y pidió echar atrás el acuerdo del Instituto de Pesca y Acuicultura (Incopesca) para incluir a tortugas, iguanas, corales y 200 especies más en una lista de especies de para explotar comercialmente. 

En el acuerdo N° AJDIP/057-2023, la Junta Directiva del Incopesca señaló que la confección del listado contó con el visto bueno de varias instituciones públicas, entre ellas la UNA. Ante esto, la universidad negó haber recibido alguna comunicación ni emitido ningún criterio a Incopesca sobre este tema. 

Retroceso ambiental

En el documento UNA-ECB-OFIC-468-2023, firmado por el director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA, Ángel Herrera Ulloa, señalaron que en apariencia el INCOPESCA hizo consultas a entes colegiados, en los que participan académicos de la UNA, pero nunca existió una consulta directa.

Consideramos que la consulta técnica si era necesaria en aras de buscar opiniones, y quizás valdría la pena abrir periodo para recibir opiniones en aras de escuchar los puntos de vista, la Escuela de Ciencias Biológicas con este oficio expresa su opinión al respecto", puntualizaron. 

En el oficio, dirigido al presidente ejecutivo de Incopesca, Heiner Méndez Barrientos, se alertó de que el acuerdo del ente rector en temas de pesca y acuicultura abre un portillo "peligroso" que permite a comerciantes y especuladores negociar organismos ecológicamente muy frágiles, con peligro de llevarlos a su extinción. Por ejemplo, citaron que esto ya ha sucedido con el pez sierra o con algunas poblaciones de sardina.

Además, criticaron que, para alzar la lista, Incopesca argumentó que tiene la potestad de designar a las especies de interés pesquero y acuícola, sin importar la fragilidad ecológica.

El día de mañana incluso, bajo esta premisa , podrían declarar de interés pesquero, las ballenas azules o las tortugas baula", advirtieron.

La UNA indicó que la selección es extensa en especies y muchas son motivo de cuestionamiento, por lo que en los próximos días enviarán comentarios a cada una de las que son señaladas.

Detallaron que en la decisión de Incopesca se incluyen especies exóticas que en el siglo 20 no habían sido introducidas a Costa Rica, y que bajo ningún motivo se debe permitir su ingreso para cultivo en territorio nacional sin un análisis previo del impacto ambiental a la biodiversidad.

En la lista se leen peces como el pangáseo (originario del Sureste de Asia) de mucho éxito en Vietnam pero no se sabe el efecto que tendrá en especies locales y si llegara a escapar de granjas piscícolas".

Y agregaron:

"Se indican otras especies exóticas, que debe evitarse el ingreso al país, como la Langosta Australiana, el Camarón Tigre proveniente de Asia, este último reportado por científicos de nuestra escuela en la zona Caribe, una especie invasora y altamente dañina al resto de poblaciones, su llegada se da por una introducción irresponsable en granjas camaroneras hondureñas, que terminó con escapes al medio ambiente, su presencia no se debe ver como un incremento en las especies para consumo humano, se debe ver como la desaparición de muchas especies que son eliminadas por la presencia de la especie invasora".

La UNA pidió replantear el acuerdo para subsanar errores, para el centro de estudios "este listado no asegura en lo absoluto la sostenibilidad social ni económica de las comunidades costeras",  más bien la miran como una amenaza a las poblaciones de fauna y flora del país, y un retroceso en la perspectiva ambiental del país.

El diario La Nación dio a conocer que el Sistema de Áreas de Conservación (SINAC) y la Universidad de Costa Rica (UCR), tampoco fueron consultadas por Incopesca, pese a que en el acuerdo mencionaron que contaron con la aprobación de estas instituciones.

El listado, publicada el pasado 28 de abril en el Diario Oficial La Gaceta, incluyó flora y fauna proveniente de los siguientes grupos: peces, crustáceos, macro algas, micro algas, zooplancton, cnidarios, equinodermos, esponjas, anélidos, reptiles, anfibios y moluscos.

En el caso de los los animales incluidos en el grupo de cnidarios, corresponden en su totalidad a especies de corales. Asimismo, en el grupo de reptiles, se incluyeron especies exóticas invasoras como las tortugas verdes de orejas rojas y amarilla. La iguana rayada comúnmente llamada Garrobo, especie susceptible a la cacería ilegal, también está presente.

También se agregó a una serie de especies marinas como erizos, gusanos, esponjas, pepinos de mar, algas y zooplancton.

Alerta en la Asamblea Legislativa

La situación fue dada a conocer por la diputada del partido Liberal Progresista, Kattia Cambronero Aguiluz, quién enfatizó en la posibilidad de que esto facilite el tráfico de especies silvestres, su cautiverio o la sobreexplotación de ecosistemas sensibles.

La congresista cuestionó que, pese a que el documento señaló que las especies incluidas fueron aprobadas por biólogos de Incopesca y consultadas a organizaciones nacionales especializadas, no existe alguna justificación práctica de peso para la explotación comercial en de las especies en el mercado nacional.

Cambronero Aguiluz mencionó que enviaron un oficio al presidente ejecutivo de Incopesca, Heiner Méndez Barrientos, para conocer los criterios que llevaron a la elaboración de esta lista.

Al respecto, el Frente Amplio, a través del diputado Ariel Robles Barrantes, presentó un recurso de amparo y medidas cautelares por la inclusión de las 200 nuevas especies silvestres susceptibles de explotación comercial, sin realizar estudios técnicos que justifiquen la medida.

En el recurso, se hace hincapié en que hay violación al derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal como lo ordenan los artículos 50 y 89 de la Constitución Política.

Además, entre los principios lesionados, el frenteamplista resaltó que están los principios de objetivación de la tutela ambiental y prevención, así como conductas ilegales del Incopesca en perjuicio de la biodiversidad, la violación al principio de interdicción de la arbitrariedad en perjuicio del derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Robles solicitó suspender de manera inmediata la aplicación del acuerdo para evitar daños de difícil o imposible reparación al medio ambiente hasta tanto esta Sala no resuelva por el fondo el asunto.