Diputada Paulina Ramírez: "con todo respeto se lo digo señor presidente, le mintieron a usted, no a mí”.

La diputada liberacionista, Paulina Ramírez Portuguez, señaló en el Plenario Legislativo que el presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles, dio información errada a la ciudadanía cuando, durante la conferencia de prensa de esta semana, leyó parte de un informe como justificación para detener la construcción del nuevo Hospital de Cartago.

El día de ayer el periodista Danilo Chaves, tomó la palabra y cuestionó la información contradictoria dada en menos de una semana primero por el Poder Ejecutivo y luego por la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la CCSS, con respecto a la viabilidad del terreno para el hospital. En su respuesta al periodista Chaves afirmó "o a mí me están mintiendo descaradamente, porque aquí tengo los documentos, o le mintieron a ella" (aludiendo a la diputada) y añadió:

Yo tengo un oficio firmado por don Rohany Vindas Umaña, del Área de Diseño, y Lorena Barrantes Fernández, del Área de Planificación, donde dicen: ‘Con respecto al uso dado de su entorno, en donde predomina la industria química y el almacenamiento de combustibles, se considera que no es adecuado por la peligrosidad que representaría a los usuarios en caso de una emergencia generada por un incendio o explosión en cualquiera de estos establecimientos, así como el posible daño que podría generar en la infraestructura’. Esa es la conclusión del área de diseño sobre ese lote y tengo en la página 4 del GIT-23484-2008, y aquí es donde empiezan a aparecer los misterios, porque hubo criterios técnicos que después cambiaron, ¿por qué habrá sido? Dice ‘recomendación firmada por la arquitecta Gabriela Murillo Jenkins, de la Gerencia de Infraestructura: Con base en el dictamen técnico resultado de la evaluación al terreno realizado por la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, así como el criterio de la Gerencia Médica, la Gerencia de Infraestructura recomienda remitir los resultados de este análisis a la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa indicando que el terreno no reúne las condiciones requeridas para la construcción de un hospital para la provincia de Cartago”.

El mandatario finalizó asegurando que “los que tienen que ir a responder son otros, don Danilo, porque aquí están los documentos”.

Sin embargo, el texto leído por el presidente y contenido en el informe GIT-23484-2008, hace referencia a un terreno en el Fierro de Cartago, que era propiedad del Ministerio de Justicia y Paz y que fue considerado en algún momento para la construcción del Hospital. Sin embargo, es distinto al que se terminó seleccionando para la construcción de la obra.

En su espacio de control político el día de hoy la diputada Ramírez señaló:

el documento al que se refiere el señor presidente es este que tengo aquí en mi poder, y se refiere a un lote totalmente ajeno al de El Guarco, el seleccionado a derecho para la construcción del nuevo hospital. Es decir, con todo respeto se lo digo señor presidente, le mintieron a usted, no a mí”.

Ramírez añadió que “así las cosas, es cierto que la Gerencia de Infraestructura nos comunicó mediante oficio público que el hospital puede construirse bajo las actuales condiciones, y que este ha avanzado como nunca, en respuesta a un oficio respondido a mi persona.  Es cierto también, que tengo la certificación de todo el expediente de la Municipalidad de El Guarco que avaló conforme a lo que le correspondía el terreno seleccionado, hoy cuestionado nuevamente en lo que pensábamos era una discusión ya zanjada hace más de 10 años, y que ahora pone en jaque el nuevo Max Peralta.  Asimismo, tengo conmigo 17 documentos veraces formulados por la Contraloría General de la República, desde el 2012 hasta la actualidad, que avalan por completo el proceso administrativo”.

La diputada finalizó solicitando al mandatario que se aseguren lo más pronto posible de que el proceso se apegó a todas las normas de contratación administrativa, que revisen bien la documentación que se encuentra en la caja, antes de tomar cualquier decisión precipitada al respecto, que daría como resultado la afectación del derecho fundamental a la salud de las y los habitantes; tanto de sus miles de pacientes de la provincia, como  de otras zonas del este del país atendidos en estado de calamidad sanitaria, y del personal hospitalario que trabaja en edificaciones, peligrosas, precarias y en condiciones paupérrimas”.