La Asociación Pro-Hospital de Cartago ya interpuso una denuncia por este tema.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se unió, este miércoles, a los cuestionamientos que pesan sobre el proceso que llevó a la compra del terreno donde se construirá el nuevo Hospital de Cartago.

El caso es de larga data, pues desde el 2012, el Colegio de Geólogos de Costa Rica viene pidiendo cautela con el terreno comprado para esta obra, debido a que este se ubica sobre la falla geológica de Agua Caliente (que fue la que provocó el terremoto de Cartago en 1910) y en una zona industrial cercana a una empresa de agroquímicos, lo que afectaría directamente la atención de los usuarios del hospital.

Por este tema, personeros de la Asociación Pro-Hospital de Cartago (que fueron quienes pusieron la denuncia ante la Caja y ante el Ministerio Público) han comparecido en espacios como la Comisión de Cartago de la Asamblea Legislativa, donde estuvieron en octubre del año anterior, en un encuentro en el que expusieron sus preocupaciones ante autoridades de la CCSS.

Estas autoridades, en un primer momento, defendieron este proceso, como quedó reflejado en las palabras del gerente de Infraestructura y Tecnología de la CCSS, Jorge Granados Soto, quien hace 5 meses aún señalaba que "hasta la fecha de hoy, no existe un estudio" que indicase que el proyecto era inviable.

Esa postura institucional, sin embargo, cambió este miércoles cuando la actual presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, se unió a los cuestionamientos por el asunto.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles, la jerarca señaló que:

Entre las denuncias que nos señalan estos ciudadanos (de la Asociación Pro-Hospital de Cartago) se indica que dentro de los estudios técnicos no se verificó ni la factibilidad vial, ni la capacidad de suelos, por lo que los terrenos no tenían condiciones óptimas al encontrarse en una zona catalogada por la Comisión Nacional de Emergencias como sísmica destructiva y de riesgo por eventual ceniza, así como con riesgo por inundaciones debido a la cantidad de ríos que atraviesan los terrenos".

A su vez, Esquivel cuestionó que la zona, ubicada en el Valle del Coris, contase con el visto bueno del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para que allí se pudiese construir un hospital pues, señalan, podrían existir vicios en la forma en la que se otorgó ese uso de suelo.

Según indicó la jerarca del INVU, Jéssica Martínez Porras en la conferencia de hoy, para este caso hubo un cambio de criterios sobre el tema, luego de un primer informe que rechazaba otorgar los permisos. Este cambio de criterio, además, no se consultó al Ministerio de Salud:

Aquí es muy curioso porque el criterio que originalmente había dado el señor director de Urbanismo había sido negativo pero una semana después dijo 'Ahí sí', a solicitud de una nota que envió el señor alcalde de la municipalidad, en ese momento", señaló Martínez.

El oficio DUV-040-05-2023 del INVU indica que el Instituto determinó, tras una consulta de la CCSS realizada en abril pasado, que “el oficio por el cual se consulta desde el punto de vista técnico, no se puede considerar como un estudio debidamente sustentando y elaborado para los fines que se requerían en su momento", por lo que en esta institución también se prendieron las alertas sobre este tema.

Según Martínez:

Nosotros nos dimos a la tarea de revisar el expediente y de ver cuál fue la razón por la cual el criterio cambia y básicamente nos dimos cuenta de que es que la Dirección de Urbanismo señaló que el terreno ya no está inmerso en la zona industrial, si no que está en la periferia de la zona. Para poder señalar eso tenía que haberse hecho un estudio de compatibilidad de usos de suelo y eso nunca se hizo porque no hay evidencia en el expediente de que eso se haya elaborado ni hay fotografías o registro de que se hiciera una inspección de campo, lo cual era requisito indispensable para poder cambiar de criterio".

Por lo anterior, la Presidencia Ejecutiva de la Caja anunció hoy que remitió la información a su Auditoría Interna para que realice una investigación al respecto, al tiempo que se puso a las órdenes del Ministerio Público para lo que competa en esa área.

Como institución nos ponemos a la orden de las autoridades para que determinen si se deben sentar responsabilidades administrativas sobre este caso. Esto no significa que se quiera o se intente entorpecer con los proyectos del portafolio de inversiones”, finalizó Esquivel Rodríguez.