La marcha empezará en el Parque Central de San José, este miércoles 8 de marzo a las 4 de la tarde.

Las colectivas feministas de Costa Rica convocaron, esta semana, a la manifestación en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 8M, la cual tiene entre sus exigencias principales la lucha contra la violencia hacia las mujeres, personas trans y de género de no binaridad así como la defensa de la norma técnica que regula la aplicación del aborto terapéutico en el país.

En un comunicado titulado "8M ¡Por nuestro derecho a decidir!" las organizaciones  señalaron que:

Una vez más, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, diversas organizaciones de sociedad civil, activistas independientes, movimientos y colectivas feministas y antipatriarcales tomamos las calles de Costa Rica para la lucha colectiva y diversa, exigiendo el respeto y la garantía de nuestros derechos humanos. Nos manifestamos por la dignidad de las mujeres con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, lesbianas, bisexuales, queer, defensoras del medio ambiente, trabajadoras sexuales, mujeres trabajadoras en condiciones precarizadas, madres, niñas, trans, y personas no binaries, la interseccionalidad es la base de nuestras demandas".

La marcha empezará este miércoles 8 de marzo a las 4 de la tarde, con el Parque Central de San José como punto de encuentro.

El comunicado colectivo de las organizaciones señala al gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles por pretender "acallar las voces disidentes y menoscabar los derechos de las mujeres, personas trans y no binaries", al tiempo que lamenta "la instrumentalización del INAMU y el uso de la institución para desproteger los derechos de las mujeres".

El comunicado también reclama el borrador de decreto que proponía derogar la norma técnica del aborto terapéutico, cuyo contenido trascendió semanas atrás.

Dato D+: Lea todos los detalles sobre el borrador del decreto en la nota Gobierno de Chaves derogará norma técnica de aborto terapéutico, según borrador de decreto.

Tras la socialización del documento el presidente Chaves señaló que el asunto se reducía a "chismes y rumores", a pesar de que el Ministerio de Salud confirmó la veracidad del documento el mismo día en que trascendió. Posteriormente se dio a conocer el video de la reunión en que se presentó el borrador a la comisión técnica que Salud había conformado para revisar la norma.

En la convocatoria a la marcha de este miércoles las organizaciones señal que "rechazamos rotundamente los intentos del Ejecutivo por derogar la norma técnica de aborto terapéutico y violentar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las personas gestantes".

No toleraremos que dogmas religiosos, conservadores, anti derechos y anti científicos rijan sobre nuestros cuerpos y vidas. Bajo esta línea, denunciamos la violencia ejercida por parte del sector salud y quiénes le dirigen, hacia las mujeres y personas gestantes con discapacidad, al no permitirles tomar decisiones sobre sus cuerpos, sus maternidades, y su salud reproductiva y sexual. Asimismo denunciamos la falta de acceso a un sistema de salud que cubra todas nuestras necesidades, sin considerar que es imposible atendernos de manera digna. No daremos un paso atrás en la garantía de nuestros derechos sexuales y reproductivos, por esto nos solidarizamos con las mujeres y personas gestantes de la región que enfrentan aún la prohibición absoluta y criminalización del aborto".

En esta misma línea, las organizaciones se unieron al llamado de justicia para Beatriz, una mujer cuya familia tiene denunciado al Estado de El Salvador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haberle negado a esta el acceso a un aborto terapéutico. La audiencia pública del caso en este órgano se llevará acabo los próximos 22 y 23 de marzo, en la sede de la Corte, aquí en Costa Rica.

Las organizaciones además marcharán por una educación sexual integral, laica y científica; por una anticoncepción gratuita; por el cese de la violencia obstétrica; y por la protección de los pueblos originarios.

Además, demandan "la aprobación de una ley trans que proteja y respete el derecho de autodeterminación de la identidad de las personas trans y no binaries, así como el acceso a tratamientos de afirmación de género sin excluir les niñes LGBTQIA+"; al tiempo que se solidarizarán "con las mujeres y personas no binaries nicaragüenses, migrantes, presas políticas y quienes resisten a la dictadura" del régimen Ortega Murillo.

Sabemos que muchas marchan aquí porque no pueden en su país, siempre serán bienvenides a marchar con nosotres. Enaltecemos sus voces y la valentía con la que se manifiestan".

Finalmente, las colectivas se manifestarán en memoria de las víctimas de femicidio:

Este 8M seguimos buscando justicia para las que ya no están, alzamos nuestra voz y gritamos sus nombres. Le exigimos al Poder Judicial que resuelva los casos por femicidio con la debida diligencia que sus puestos y la Convención de Belém do Pará exigen, así como extender el alcance de este concepto. Lo cual implica la necesidad de que los procesos judiciales sean eficientes, no se prolonguen innecesariamente y que no sean revictimizantes para las víctimas, sus familias y personas cercanas a ellas".

En esta misma línea, la Red feminista contra la violencia hacia las mujeres emitió esta semana un comunicado en el que reclamó que las mujeres y las niñas son el grupo social donde se expresa "de manera más cruel y cotidiana" la desigualdad social y económica.

Por ello, y en el marco del 8M, las organizaciones que forman parte de la red pidieron al Estado costarricense que garantice el cumplimiento y adecuado financiamiento de la Política Nacional de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) y la Política de Igualdad y Equidad de Género (PIEG) por parte de todas las instituciones con responsabilidades de cumplimiento, particularmente el INAMU; que ejecute "con carácter de urgencia" planes y acciones afirmativas para la justicia económica de las mujeres; y que se rechacen los intentos de reformar o eliminar las provisiones existentes en el Código Penal relacionadas con el acceso al aborto terapéutico; así como la ley de reforma al Código de Trabajo para la introducción de la jornada 4-3.

Las organizaciones también pidieron que se garantice el cumplimiento de los compromisos del Estado costarricense en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas "y otras obligaciones estatales emanadas de convenciones internacionales como la CEDAW y Belem do Pará para la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres en todos los escenarios de la vida social"; y que se garantice el acceso a servicios esenciales para la atención de la violencia contra las mujeres, basados en el enfoque de género y los derechos humanos; así como el acceso de las mujeres que sufren discriminación y violencia "a una justicia pronta y cumplida", lo que incluye el fortalecimiento de los programas de género del Poder Judicial.