Este jueves, Delfino.cr informó que el gobierno se prepara para firmar un decreto ejecutivo que deroga la norma técnica
El Ministerio de Salud confirmó la noche de este jueves la veracidad del borrador de decreto revelado hoy por Delfino.cr que pretende derogar la norma técnica del aborto terapéutico.
Pese a que este medio consultó desde ayer a Salud sobre la veracidad del documento de 29 páginas a través de su oficina de prensa, no fue sino hasta esta noche que la institución confirmó la autenticidad del mismo.
Según dijo el Ministerio, "se trata de un borrador de decreto enviado a los miembros de la Comisión destacada para el análisis de dicha norma, desde el pasado 20 de enero del año en curso". Miembros de dicha comisión que hablaron con Delfino.cr confirmaron que el viernes de la semana pasada un funcionario de esa cartera les citó a reunión y les dijo que el documento, creado por encargo de la entonces ministra Joselyn Chacón Madrigal y del presidente de la República, "urgía y que iba a salir sí o sí".
Pese a que confirmó su autenticidad, el Ministerio de Salud afirmó que "el documento en mención no era de conocimiento del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles ni del Dr. Alexei Carrillo, ministro a.i. de Salud".
Este jueves, Delfino.cr informó que el gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles se prepara para firmar un decreto ejecutivo que deroga la norma técnica para la aplicación del aborto terapéutico que fue emitida en la anterior administración y que, en su lugar, sustituye con una reglamentación considerada más gravosa para los derechos de las mujeres que necesiten someterse a la interrupción del embarazo cuando peligra su salud o su vida.
En síntesis, el decreto pasa de ser una norma técnica que establece bases para valorar y aplicar el aborto terapéutico, a un decreto enfocado específicamente a los casos de "emergencias obstétricas por enfermedad materna o fetal". A su vez, el documento elimina toda referencia a la definición de aborto impune y elimina el párrafo que consagraba el derecho de la mujer embarazada a tener una valoración médica para evitar el peligro para su vida o salud, para sustituirlo por uno en el que se señala que se deberá buscar siempre "llevar el feto a la viabilidad extrauterina". Asimismo el decreto pasaría de ser uno que habilita el aborto terapéutico en caso de peligro para la salud o la vida de la madre, a uno en el que solo se habilitará esa opción cuando las "patologías de fondo" estén "descompensadas y fuera de control" y estas pongan en peligro "real, serio e inminente la vida" (excluye salud) de la madre o el feto.
Además, el nuevo decreto también habilita al "padre del niño por nacer" a tomar decisiones sobre la terminación del embarazo en caso de que la mujer no esté "en condiciones" de decidir y señala que en el consentimiento informado que deberá firmar la mujer embarazada, también deberá constar como requisito el nombre, número de cédula y firma del "cónyuge o padre del nasciturus, que a su vez deberá firmar como testigo". La nueva norma, además, impone una clasificación de embarazos según nivel de riesgo y qué deberá hacerse en cada uno de ellos, limitando la interrupción del embarazo únicamente a los casos de "riesgo alto" para la vida de la madre o el feto; y señala que si existiera una enfermedad crónica previa al embarazo que se descompensa durante el mismo deberán hacerse "todos los esfuerzos" para tratar la causa y compensar las complicaciones que puedan surgir "para que el embarazo continúe, esperando a que la niña/o crezca, madure y se desarrolle lo suficiente como para poder adelantar el parto y así salvar ambas vidas".
La integración de la junta de médicos que deberá analizar el caso para determinar si procede o no la aplicación del aborto terapéutico también se modifica, pasando de dos especialistas en gineco-obstetricia y un especialista en la patología de fondo que origina la valoración de la mujer; a tres ginecobstetras, un pediatra preferiblemente neonatólogo, un especialista en medicina materno-fetal y al menos un especialista en cada patología de fondo; y se pretende que esa junta solo pueda recomendar la terminación del embarazo "de forma lícita" cuando estén "razonablemente convencidos" de que si no se realiza, ambos pacientes morirán.
Dado que el Gobierno considera que el aborto terapéutico no puede aplicarse a los embarazos incompatibles con la vida extrauterina, el decreto también implica que la mujer deberá llevar a término ese embarazo y que el "acompañamiento y atención oportuna será vital para lograr la aceptación y el manejo del trauma que ello implica y para ayudar a superar en paz y tranquilidad esa amarga situación"; sumado a que los restos del feto deberán darse a sus padres "para el sepelio respectivo" porque eso "ayuda con el proceso de aceptación del duelo"; y que las madres que desarrollen problemas de salud mental por llevar a término embarazos de este tipo tendrán prioridad en los servicios de salud psicológica y familiar.
Tras lo anterior, el expresidente de la República, Carlos Alvarado Quesada y varios diputados actuales de la Asamblea Legislativa, levantaron la voz para oponerse a las intenciones de derogar la norma técnica.
Según indicó el exmandatario por medio de sus redes sociales:
La jurisprudencia interamericana y la constitucional en derechos humanos respalda las conquistas en materia de derechos de las mujeres, en particular la norma técnica. Una derogatoria sería un grave retroceso que no prosperará y de ello seremos vigilantes las personas defensoras de los derechos humanos".
A su vez, el jefe de fracción del Partido Frente Amplio, Jonathan Acuña Soto, señaló que:
A su vez, la legisladora liberacionista Andrea Álvarez Marín calificó la medida de "ocurrencia" y llamó a "defender" los derechos de las mujeres:
Finalmente, la diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Johana Obando Bonilla, señaló su "rechazo categórico" al "retroceso que esto significaría en materia de derechos humanos".
